Libertad con cargos para el ‘número dos’ de Infraestructuras.cat

El número dos de la obra pública en Cataluña, Josep Antoni Rosell, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya Daniel Osácar quedaron ayer en libertad con cargos por su presunta implicación en la trama del 3%. El juez les ha retirado a ambos el pasaporte por media docena de delitos de corrupción. Pero no ha adoptado una medida tan drástica como hizo con el actual tesorero, Andreu Viloca, que permanece en prisión provisional por los mismos hechos.

Los investigadores otorgan a Rosell un papel preeminente como director general de Infraestructuras.cat, la mayor licitadora de obras de la Generalitat. La Fiscalía le acusó ayer de “influir en el diseño de las adjudicaciones” para favorecer a las empresas que, presuntamente, pagaron comisiones ilegales al partido. Esas empresas camuflaban las mordidas, según fuentes del caso, como donaciones a las fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Fundació Barcelona Fòrum).

Ayer, en el Parlament, Artur Mas lo negó todo y defendió que el sistema de adjudicaciones está blindado frente a la corrupción. Fuentes consultadas por EL PAÍS, sin embargo, confirman que Rosell daba instrucciones a un cargo de su absoluta confianza situado en un puesto clave de Infraestructures.cat para alterar las valoraciones de los técnicos. Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo aludieron, igualmente, a la existencia de “informantes anónimos” que corroboran la manipulación de las adjudicaciones.

En el caso 3%, el juez había seguido hasta ahora a rajatabla la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. Ayer, se desmarcó con Rosell. Los fiscales habían solicitado prisión provisional y sin fianza del director general de Infraestructures.cat —que se acogió a su derecho a no declarar— por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado solo le prohibió salir de España y la obligación de comparecer, mensualmente, ante el juzgado.

Tesorero sin pasaporte

 Para Osácar, la Fiscalía solo pidió la retirada del pasaporte, que acordó el juez. Los fiscales han valorado su deteriorado estado de salud y su edad (80 años) para no solicitar medidas más gravosas. El extesorero, además, fue detenido ayer y no el miércoles para “evitarle dos noches en el cuartel”, según las mismas fuentes. Los investigadores, además, creen que “colaboró” en el primer registro en la sede de CDC el pasado 28 de agosto, adonde sigue yendo para reclamar a los militantes que paguen sus cuotas. Los agentes rastrearon a fondo su ordenador y hallaron en él (y en el de Viloca) miles de correos electrónicos “jugosos”. Tras pasar ante el juez, Osácar fue recogido por un empleado del partido.

Es la segunda vez que Osácar se ve implicado en un proceso judicial por la presunta financiación ilegal de Convergència. También está acusado en el caso Palau, pendiente de juicio: la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel por cobrar presuntas mordidas de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Aquellas comisiones también estaban camufladas, pero como donaciones al Palau de la Música. El periodo de ambos al frente de los números de CDC coincide con el tiempo en que el gerente del partido era Germà Gordó, secretario del primer Ejecutivo de Mas y ahora consejero de Justicia.

La tercera fase del caso 3% se ha saldado con 12 detenidos, acusados de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales. De los siete empresarios detenidos, cuatro quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil y otros tres tras hacerlo ante el juez.