El Gobierno de Boric busca sacar adelante la reforma de las pensiones con un nuevo frente a frente con la derecha chilena

Terminado el debate constitucional en Chile, la Administración de izquierdas de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña del a favor y el en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%. Era lo que buscaba el oficialismo.

El jueves 21 de diciembre, a cuatro días de rechazada la propuesta de Constitución, el...

Terminado el debate constitucional en Chile, la Administración de izquierdas de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña del a favor y el en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%. Era lo que buscaba el oficialismo.

El jueves 21 de diciembre, a cuatro días de rechazada la propuesta de Constitución, el Gobierno arremetió con un conjunto de indicaciones a su proyecto estrella. Estas apuntan a uno de los contenidos donde han existido mayores diferencias con la oposición: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que elevará el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta 16% de su salario.

La nueva propuesta del Ejecutivo apuesta a destinar tres puntos porcentuales a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador y 1% a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres. Desde el Gobierno apuntaban a que el cambio (en septiembre apostaban a que un 4% fuera a un fondo solidario y 2% a cuentas individuales) ablandaría a la oposición. Pero, lejos de acercar posiciones, las indicaciones se han encontrado con el muro de las derechas. “Encuentro insólito, lamentable e indignante es que el Gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer (plebiscito del 17 de diciembre), impulsar o darles oxígeno a malas reformas”, fueron las palabras de Pablo Macaya, presidente de la UDI, un partido de la derecha tradicional, al enterarse de la propuesta del Ejecutivo.

La reforma al sistema previsional chileno, que busca mejorar las bajas pensiones que reciben las personas en edad de jubilar, es un debate que ya lleva más de una década sin lograr una solución. Las inflexibles posturas de lado y lado del espectro político han inhibido un acuerdo en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos.

Con el paso de los días, sin embargo, las posturas se han ido acercando. Este martes, desde la UDI y Renovación Nacional (RN), otro partido de la derecha tradicional, han dado señales al Ejecutivo para abrirse al diálogo. La apertura es interpretada como un cambio de estrategia de parte de la oposición frente a la constatación de que la ciudadanía está castigando la falta de acuerdos. Pero también como una forma de diferenciarse del Partido Republicano, de posiciones más extremas, el principal derrotado tras el rechazo de la propuesta constitucional redactada con mayoría de consejeros de esta fuerza política.

“Quedó en evidencia post plebiscito para todo el mundo que hoy día los extremos están fuera de la política chilena, no podemos seguir extremando posiciones, hay que buscar acuerdos. Los dos plebiscitos demostraron que los extremos fracasaron y que llegó la hora de la moderación”, dijo al diario La Tercera el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

Mientras, Juan Antonio Coloma (UDI), presidente del Senado, planteó que “no solo ahora, sino que siempre, en el ámbito público hay que entender el momento en el que el país necesita buenos entendimientos, lo que no es lo mismo que cualquier acuerdo”.

Pocas luces para avanzar

Desde la mirada de los expertos, sin embargo, la jugada del Gobierno de lanzar indicaciones sin tener acuerdos comprometidos ni negociaciones en curso, es arriesgada y da pocas garantías de un avance real de la reforma de pensiones.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), no es optimista. “Veo que lo que se ingresó ahora [al Parlamento], salvo que lo hayan hecho solo para echar a andar la discusión de nuevo, son indicaciones al agua. No entiendo mucho la forma de negociar del Gobierno, esto de lanzarlo sin tener los votos es raro”, plantea.

El economista agrega que la nueva propuesta “tal como está planteada, no da muchas luces de tener posibilidades de avanzar”. “Si la gran mayoría del 6% no se va a cuentas individuales va a ser muy difícil que esto avance por las posiciones de la derecha y también de algunas personas de centro. La parte que va al fondo solidario tiene que ser algo bastante más acotada”, explica.

Micco también es crítico de que el Ejecutivo haya incluido un 1% para financiar sala cuna universal y así fortalecer una mayor participación de la mujer en el mercado laboral formal. “Haber metido este tema del cuidado infantil, que es una buena política, pero que enreda el tema previsional, no tiene mucha razón de ser”, dice.

Coincide el académico Julio Riutort de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien señala que destinar ese 1% a sala cuna es “confundir herramientas para el problema”. “Si hay problemas de integración de la mujer al trabajo es inapropiado resolverlo de manera indirecta encareciendo el costo del ahorro para los trabajadores formales”, dice.

Respecto del 2% a cuenta individual y 3% a seguro social, Riutort plantea que “hay una especie de no actualización del diagnóstico”. El académico considera que la Pensión Garantizada Universal (PGU) incorporada al final del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y financiada con impuestos generales, provocó un cambio sustancial en la pensiones de las personas con menores rentas y ahorros y que hoy el foco debería ser otro. “El proyecto del Gobierno tiene una proporción donde una mayoría relativa cotiza regularmente y donde muchas personas no cotizan. Cuando insistimos en que el problema de las personas con baja cotización se resuelve con que los que cotizan pongan un extra para compensar a los primeros, estamos generando un desincentivo al trabajo formal”, dice.

Para María José Zaldívar, exministra del Trabajo del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), lo más preocupante de las indicaciones del Ejecutivo es que no se hace cargo de las bajas pensiones de la clase media chilena.

La abogada plantea que, tras la PGU, las pensiones de las personas de menores ingresos ya cumplen las tasas de reemplazo (el monto de la pensión en comparación de una persona con el promedio de los salarios que tenía antes de jubilar) por los que cotizó e incluso en varios casos la superan. “En la clase media pocos acceden a la PGU, sobre todo si cotizaron por muchos años y con este proyecto no estamos moviendo la aguja para para quienes además deberán financiar esta reforma que son las personas de ingresos medios y altos”, explica.

“Un hombre de ingresos medios con alta densidad de cotizaciones, del 6% adicional va a recibir a lo más un 1,8%, porque si cotizó muchos años no recibirá nada del 3% de seguro social, entonces no hay un hay un incentivo para cotizar. Es un pésimo negocio que afecta a los que más necesitamos que estén en el sistema”, ejemplifica.

Con todo, desde que el Gobierno de Boric ingresó la reforma previsional el noviembre de 2022, la visión desde la derecha es que el 6% debe ser destinado a capitalización individual, y aunque desde RN se han abierto a que un porcentaje vaya a solidaridad, las encuestas dicen lo contrario. Según el último sondeo de Plaza Pública Cadem de esta semana, el 57% de los chilenos quiere que ese ahorro adicional se destine íntegramente a las cuentas personales.