Invertir en las mujeres y la igualdad de género para un mundo mejor
La inversión en la igualdad de género es esencial no solo por razones de justicia e inclusión, sino también para dinamizar la economía
Invertir en la igualdad de género y en la sociedad del cuidado resulta un imperativo económico y ético para acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible. En un contexto de crisis entrelazadas que amenazan con profundizar desigualdades históricas, es crucial implementar políticas que permitan romper el círculo vicioso de pobreza y exclusión. En las últimas décadas, hemos logrado avances significativos en marcos normativos para la igualdad de género en la ley, como la promulgación de la normativa cont...
Invertir en la igualdad de género y en la sociedad del cuidado resulta un imperativo económico y ético para acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible. En un contexto de crisis entrelazadas que amenazan con profundizar desigualdades históricas, es crucial implementar políticas que permitan romper el círculo vicioso de pobreza y exclusión. En las últimas décadas, hemos logrado avances significativos en marcos normativos para la igualdad de género en la ley, como la promulgación de la normativa contra la violencia de género, la prohibición del matrimonio infantil, la discriminación salarial, entre otros. Se avanza en la institucionalidad de género en los diferentes poderes del Estado, sin embargo, enfrentamos desafíos en la implementación y financiamiento de las políticas de igualdad. En la CEPAL hemos planteado que es el tiempo de las inversiones estratégicas y de las políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado.
En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres (25,3%) no cuenta con ingresos propios, casi tres veces más que los hombres (9,7%). Entre las mujeres del primer quintil, casi el 40% no percibe ningún tipo de ingreso monetario propio. La región avanzó en paridad en la educación. Las mujeres, de hecho, tienen más años de estudio en promedio, pero esto no se refleja aún en su plena participación en la economía, la política, la ciencia, la tecnología, entre otros campos. Por ejemplo, la mitad de las mujeres se encuentra fuera del mercado laboral, en contraste con la tasa de participación de los hombres que se acerca al 75%. Estas brechas se deben en gran medida a la división sexual del trabajo y la carga desproporcionada del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres.
Las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres jóvenes enfrentan mayores tasas de desempleo y precariedad laboral que los hombres jóvenes, y estas diferencias son aún mayores cuando hay niños en el hogar, mostrando que la tendencia no se está revirtiendo. La precariedad afecta desproporcionadamente a las mujeres, con tres de cada 10 en situación de pobreza y una de cada 10 en pobreza extrema. Hay 118 mujeres en situación de pobreza y 120 mujeres en pobreza extrema por cada 100 hombres en similar situación. La feminización de la pobreza se amplía aún más en poblaciones indígenas, afrodescendientes y habitantes de áreas rurales.
A pesar de estos desafíos, hay motivos para la acción y la esperanza. La región es la única que lleva más de 45 años acordando una Agenda Regional de Género en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Se trata de una hoja de ruta ambiciosa, profunda e integral, que guía las políticas públicas de los países. La región ha avanzado en institucionalidad, y ha acordado impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas, presupuestos con enfoque de género e implementar mecanismos de financiamiento para garantizar recursos suficientes, intransferibles y sostenibles para revertir las desigualdades de género.
La inversión en la igualdad de género es esencial no solo por razones de justicia e inclusión, sino también para dinamizar la economía. Por ejemplo, la implementación de sistemas integrales de cuidado –que articulen servicios de salud, educación y cuidado–, y las políticas que permitan reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, facilitaría la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En los países en los que se ha medido el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a la economía, este varía entre un 15,9% y un 27,6% del PIB, donde el 74,5% de ese aporte lo realizan las mujeres.
Hoy, 8 de marzo, reconocemos que la región avanza en el sentido correcto, pero muy lentamente para alcanzar las metas de igualdad real en 2030. Sin duda, podemos hacer más. Con el liderazgo de las mujeres, el compromiso de los hombres y la voluntad política, podemos construir una sociedad mejor que priorice el cuidado de las personas y del planeta. El mundo actual requiere cambios audaces y transformaciones urgentes, comenzando por poner fin a la exclusión histórica de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
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