El acoso escolar contra un niño chileno de 11 años con espina bífida llega a la Fiscalía
El Ministerio Público investiga el brutal caso de violencia y la Defensoría de la Niñez urge sobre la necesidad de implementar una estrategia educativa integral de prevención
Un niño chileno de 11 años afectado por espina bífida, una malformación congénita que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, había alertado dos semanas atrás a sus padres que le dolía el estómago porque un compañero lo golpeaba. Sus progenitores, según han dicho, avisaron a las autoridades del colegio María Reina Inmaculada, un recinto particular subvencionado en Isla de Maipo, al surponiente de la Región Metropolitana, pero estos no adoptaron ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Un niño chileno de 11 años afectado por espina bífida, una malformación congénita que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, había alertado dos semanas atrás a sus padres que le dolía el estómago porque un compañero lo golpeaba. Sus progenitores, según han dicho, avisaron a las autoridades del colegio María Reina Inmaculada, un recinto particular subvencionado en Isla de Maipo, al surponiente de la Región Metropolitana, pero estos no adoptaron las medidas necesarias para frenar la agresión. El caso escaló cuando unos días atrás una compañera de la víctima grabó y subió a las redes un vídeo de siete segundos en el que se ve a un alumno pateando en el suelo a Vieytes en tres ocasiones. La grabación se viralizó y destapó las falencias para prevenir la violencia en las escuelas chilenas.
La Fiscalía Metropolitana Occidente abrió una investigación, según se supo este lunes, tras la denuncia de los padres del menor. Es una indagatoria que acaba de comenzar, pero la fiscal jefa de Talagante, Paola Salcedo, ya instruyó las primeras diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP). Salcedo ha explicado este lunes que la pesquisa se abrió por “posibles hechos constitutivos de delitos” y que tanto el niño como sus padres han sido derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos “para efectos de poder entregar la orientación, la protección y el apoyo que sea necesario en este caso”.
La Superintendencia de Educación, por su parte, ingresó una denuncia de oficio por el vídeo divulgado en redes sociales y abrió una investigación para determinar si el colegio aplicó debidamente los protocolos de actuación que deben estar en su reglamento. “El 27 de marzo una amiga graba la situación para que ahora le creyeran”, relata Anuar Quesille, el Defensor de la Niñez. Y agrega: “La propia familia decidió viralizar el vídeo y eso demuestra que hay un problema. Las familias no encuentran las respuestas necesarias y adoptan medidas extremas para que se hagan cargo del problema, pero que repercute negativamente en los derechos de los niños y los terminan revictimización”.
En entrevista con El Mercurio el fin de semana, Bayron Vieytes, el padre del niño, dijo: apenas vi el vídeo “caí en lágrimas”. Contó que la grabación la realizó dentro de la sala una amiga de su hijo, indignada por la situación, y que lo hizo con el fin de enviarlo a su mamá para que en el colegio tomase medidas. Vieytes, quien demandará al colegio, señaló que un par de semanas antes habían alertado al establecimiento de que su hijo sufría agresiones. “La semana pasada a la mamá le contó que le dolía la guatita [el estómago], y la mamá le dijo ‘¿por qué, hijo? Es que mi compañero me sigue pegando en el estómago”. Según el padre del niño, hace un año en el colegio le señalaron que iban a buscar una solución. “Pero nunca me llamaron”. “Yo sé que esto le va a afectar más de lo que me ha afectado a mí. No le toman la gravedad (...), no asimilan lo que pasó, lo grave que fue. Es un niño”.
El equipo directivo del colegio en cuestión emitió un comunicado en el que manifiesta su “rechazo absoluto” a los hechos de violencia expuestos e informa la activación de los protocolos internos de su reglamento.
Quesille defiende que en Chile existe una normativa y una institucionalidad capaz de proteger a los niños, pero que está “segregada” y carece de una estrategia integral. “Hay una operación una vez que ya ocurrió la situación. Pero en otros países, principalmente europeos, las instituciones se relacionan para eliminar los riesgos asociados a la violencia”, señala. En concreto, propone el acceso de los niños a la información sobre sus derechos y la concientización de que toda forma de violencia y maltrato los vulnera. También protocolos coordinados de acción. “No basta que el colegio tenga un protocolo, que la defensoría o el sistema judicial tenga sus canales de acción. Deben conversar y determinar las medidas más pertinentes porque sino no van a ser efectivas”, asegura.
El pasado jueves, la recién asumida secretaría regional ministerial (seremi) de Educación Metropolitana, Raquel Solar, junto al director regional de la Superintendencia de Educación, Álvaro Farfán, se reunieron con las principales autoridades municipales y del colegio María Reina Inmaculada para conocer su versión y abordar de manera conjunta los pasos a seguir. El Ministerio de Educación sostiene a EL PAÍS que, junto a la Superintendencia, adoptaron distintos compromisos para “fortalecer los instrumentos de gestión de la convivencia escolar junto con ejecutar medidas de apoyo y capacitación hacia la comunidad educativa y otros establecimientos de la comuna, para la prevención de estos hechos”.
Quesille sostiene que la sociedad es “cada vez más violenta” y que el caso del muchacho de 11 años, con lo preocupante y particular que es, “es solo una muestra de un problema recurrente en Chile”. “Cotidianamente recibiremos requerimientos de denuncias entre pares en las escuelas”, afirma. “Es evidente que en un colegio donde hay niños con alguna discapacidad existe un riesgo de que sean discriminados o víctimas de violencia y se observa que no hay una estrategia clara para prevenirlo”, añade.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.