El Consejo de Seguridad Nuclear veta el proyecto de la mina de uranio de Retortillo

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dictado este lunes la que puede convertirse en la condena a muerte del proyecto de la mina de uranio que la compañía Berkeley intenta abrir desde hace más de una década en el municipio salmantino de Retortillo. El organismo supervisor ha emitido un informe negativo sobre el permiso de construcción de ...

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dictado este lunes la que puede convertirse en la condena a muerte del proyecto de la mina de uranio que la compañía Berkeley intenta abrir desde hace más de una década en el municipio salmantino de Retortillo. El organismo supervisor ha emitido un informe negativo sobre el permiso de construcción de la planta de procesado del mineral que contempla este proyecto. Con este pronunciamiento es imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica conceda la autorización para esta parte vital de la polémica explotación minera, ya que la opinión del CSN es vinculante.

El pleno del CSN, cuyos cinco miembros son nombrados por el Congreso de los Diputados, veta el permiso para construir la planta al entender que existen riesgos con el tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos que se generarían durante el procesado del uranio y cuya gestión se dejará como herencia a las generaciones futuras. La intención de la empresa Berkeley era enterrar esos desechos en dos de las cortas —los grandes agujeros en la tierra que se abren en un yacimiento a cielo abierto para extraer el mineral—. En la práctica, esto supondría crear un almacén de residuos radiactivos en este pequeño municipio salmantino.

La mayoría del pleno del CSN ha considerado que existen suficientes dudas —fundamentalmente, las referidas a la hidrogeología de la zona y las posibles filtraciones de sustancias peligrosas a los acuíferos— como para no conceder la autorización de construcción de la planta.

Cuatro de los cinco consejeros del CSN han votado en contra del proyecto; se trata del presidente, Josep Maria Serena i Sender, y de los consejeros Elvira Romera, Pilar Lucio y Francisco Castejón. Solo el miembro nombrado a propuesta del Partido Popular, Javier Dies, ha rechazado la opinión mayoritaria de sus compañeros y ha abogado por apoyar la concesión de la autorización, según fuentes de este órgano supervisor, que afirman que tiene pensado redactar un voto particular.

El voto negativo de la mayoría de los consejeros se ha visto reforzado por el informe redactado sobre el proyecto por el cuerpo técnico del CSN, que lleva más de cinco años analizando toda la documentación. Ese cuerpo técnico ha elevado al pleno una “propuesta de dictamen técnico” desfavorable. Según las fuentes consultadas, ese informe concluye que existen gran cantidad de deficiencias en la propuesta que la empresa ha presentado para el futuro almacenaje de residuos y respecto a la posible afección a los acuíferos por filtraciones por el emplazamiento de escombreras permanentes.

La mina de Retortillo, que ha dividido a la población de este municipio de alrededor de 200 habitantes y a toda la comarca, amenazaba una dehesa centenaria. Pese a no contar con todos los permisos, Berkeley ha llevado a cabo en los últimos años varios desmontes —que han implicado la eliminación de cientos de encinas—, ha creado una gran balsa e, incluso, inició una carretera cuya construcción está ahora paralizada.

Si saliera adelante, la de Retortillo sería la primera explotación privada de uranio del país. En España existió entre 1948 y 2000 una minería de este tipo en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Pero a finales del siglo pasado Enusa, la empresa pública que ha operado todas esas minas, decidió cerrar la última de sus explotaciones al considerar que ya no era rentable la extracción del mineral. De hecho, los permisos mineros de Berkeley para poder sacar adelante su proyecto pertenecían a Enusa, que no consideró viable económicamente explotar esos yacimientos y se los cedió a esta empresa.

De la restauración y el control de los residuos radiactivos generados durante medio siglo de minería pública del uranio en España se encarga ahora otra empresa pública: Enresa. En el caso del proyecto de Retortillo, al tratarse de una iniciativa privada, existían dudas sobre quién se haría cargo en el futuro de la gestión de esos desechos.

Berkeley, que sostiene que crearía un millar de empleos, defiende que ha recibido más de 120 permisos (muchos de ellos meros trámites o autorizaciones menores) durante la década que lleva tramitando su iniciativa. El principal sustento que tiene la mina es la declaración de impacto ambiental que le concedió en su día el Gobierno de Castilla y León, en manos del PP y que se ha mostrado favorable al proyecto en los últimos años. Sin embargo, como reconocían hace unos meses los responsables de la compañía, la autorización para la planta de procesado era vital.

Ley de cambio climático

El veto del CSN no es el único problema que tiene esta mina. La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye un apartado en el que se prohíbe la minería de uranio en España. Esa disposición especifica que desde que entre en vigor la norma el Gobierno no puede conceder nuevas autorizaciones de construcción para explotar yacimientos de minerales radiactivos.

Las cosas se le empezaron a torcer definitivamente a Berkeley a finales del pasado año, cuando se conoció la intención del Gobierno de Unidas Podemos y PSOE de incluir ese veto en la ley climática. En ese momento, directivos de Berkeley y asociaciones de accionistas que decían defender los intereses de inversores de la empresa enviaron varios escritos al CSN en el que pedían que resolviera ya la autorización de la planta de procesado del mineral. Además, advertían de que no dudarían en recurrir a la justicia si el Gobierno les frenaba el proyecto.

En esas cartas, Berkeley se quejaba de los años que estaba tardando el CSN en resolver este expediente. El órgano supervisor ha explicado este lunes a través de un comunicado de prensa que en “las evaluaciones realizadas” en los últimos cinco años han detectado “numerosas deficiencias”. Esto ha hecho, según el CSN, que se hayan tenido que mantener “muchas reuniones técnicas con el titular, así como numerosas peticiones de información adicional, además de la elaboración de una gran cantidad de informes y notas de evaluación”. Josep Maria Serena i Sender, presidente del CSN, ya lamentó en una comparecencia en el Congreso en abril la “insuficiente calidad” de la documentación de este proyecto.

La compañía ha fijado ya en 500 millones de euros lo que se reclamaría al Estado. A pesar de no tener ninguna experiencia en la explotación de uranio ni de ningún otro mineral, Berkeley es una empresa que cotiza en la Bolsa de Madrid. Sus continuas subidas y bajadas y bruscos movimientos han llevado a algunos —como el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde— a definir el proyecto de la mina de Retortillo como una “burbuja de especulación”.

En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras conocerse el informe del CSN, Berkeley ha dicho estar “profundamente decepcionada” por la decisión que ha tomado y que no comparte. Y ha vuelto a recordar que hasta la fecha se le han otorgado 120 permisos e informes favorables de las autoridades locales, regionales, nacionales y de la Unión Europea. La empresa ha asegurado que defenderá “enérgicamente” sus intereses y que de forma inmediata estudiará las diferentes opciones que tiene, incluidas las legales.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear, sin embargo, han celebrado el informe negativo del CSN y han dado por seguro que supone “el fin de la minería de uranio en España”, una “industria que destruye el territorio, su cultura y su economía” e “incrementa la contaminación radiactiva”, según un comunicado conjunto de estas tres organizaciones. Por su parte, WWF ha asegurado que este lunes se puede considerar “un día histórico, para la salud y el medio ambiente”.

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