La Unesco exige a España que cierre las fincas junto a Doñana que PP, Cs y Vox quieren legalizar

La Unesco ha exigido a España que cierre las fincas ilegales de fresas y sus pozos clandestinos en el entorno del parque de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. PP y Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía, y Vox pretenden regularizar 1.460 hectáreas de estas fincas ilegales mediante una iniciativa parlamentaria. El organismo internacional, que ya reclamó al Gobierno hace dos años la eliminación de estos invernaderos que esquilman el acuífero de Doñana, le pide ahora que le informe del daño que podría provocar en la reserva la legalización prevista por el Parlamento andaluz....

La Unesco ha exigido a España que cierre las fincas ilegales de fresas y sus pozos clandestinos en el entorno del parque de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. PP y Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía, y Vox pretenden regularizar 1.460 hectáreas de estas fincas ilegales mediante una iniciativa parlamentaria. El organismo internacional, que ya reclamó al Gobierno hace dos años la eliminación de estos invernaderos que esquilman el acuífero de Doñana, le pide ahora que le informe del daño que podría provocar en la reserva la legalización prevista por el Parlamento andaluz.

El director del Centro de Patrimonio Mundial del organismo internacional, Lazare Eloundou, remitió el martes una carta a su embajador en España, José Manuel Rodríguez Uribes, para que le informe, “lo más pronto posible”, sobre los planes de los dos partidos que gobiernan la Junta andaluza (PP y Ciudadanos) y la ultraderecha (Vox), y que pueden afectar a la biodiversidad de la reserva. “El informe debe notificarse antes de que decisiones difícilmente reversibles sean tomadas, para que el comité [del patrimonio mundial] pueda participar en la búsqueda de soluciones apropiadas para asegurar la preservación del valor universal y excepcional del bien protegido”, reza la misiva, de 50 páginas.

La Unesco ya exigió en febrero de 2020 el cierre de fincas y pozos en una misión conjunta con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el convenio de Ramsar sobre humedales, demanda que el organismo reiteró el pasado verano durante su Comité del Patrimonio de la Humanidad en su 44º sesión. El Gobierno tiene hasta el próximo 1 de diciembre para remitir a la Unesco su informe sobre el estado de conservación de Doñana, para así poder evitar que sea incluida en la lista de patrimonios naturales en peligro, decisión que se adoptaría en 2023.

Eloundou reclama a España que le explique con urgencia el daño que puede causar a Doñana la iniciativa parlamentaria andaluza, para así actuar, en caso de que sea necesario, e intentar frenarla. El organismo internacional recuerda al embajador español y exministro de Cultura que los países miembros “pueden informar de los nuevos desarrollos que pudieran modificar el valor excepcional” de los enclaves incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La carta contrasta con la opinión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, responsable último de la iniciativa, que dijo el miércoles desde Bruselas que no ve “ninguna posibilidad de sanciones” por parte de las instituciones europeas y que “en ningún momento” el aumento de regadíos hace peligrar la biodiversidad de Doñana.

Las 54.251 hectáreas de Doñana incluyen humedales ―ahora casi secos― con diversos ecosistemas que albergan una fauna única y cuya supervivencia está amenazada por el crecimiento de la agricultura intensiva y el núcleo urbano de Matalascañas (Almonte, Huelva), que provocaron que el acuífero de la reserva fuera declarado “sobreexplotado” por el Gobierno hace un año y medio. A pesar de que la proposición de ley es transparente sobre la ampliación del suelo agrícola regable en 1.460 hectáreas, Moreno insistió el miércoles en negar la mayor: “Nadie está hablando de ampliación de regadíos”, informa Efe.

La carta nace a raíz de la denuncia remitida por la asociación ecologista WWF, que informó a la Unesco sobre los planes de la derecha andaluza para meter aún más presión sobre el acuífero de la reserva. “La Junta no ha cerrado ni una sola finca, a pesar de que es su competencia como responsables de la ordenación del territorio. Esta proposición de ley va totalmente en contra del dictamen de la Unesco. En vez de cerrar las fincas, las legaliza”, protesta Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.

La intención de los tres grupos políticos andaluces es que la ampliación de regadíos sea una realidad antes del verano, de ahí que se tramite por la vía de urgencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no ha aclarado los plazos previstos por Rodríguez Uribes para recabar la información y remitirla a la sede del organismo en París.

La carta de la Unesco incluye como anexos la misiva de WWF sobre la proposición de ley, el texto de la derecha andaluza registrado en el Parlamento regional y el análisis de la organización ecologista sobre el cumplimiento del plan para proteger el acuífero. Además, recuerda al Gobierno la petición de los cuatro expertos que visitaron Doñana en febrero de 2020: “El comité de patrimonio mundial ha reiterado su preocupación por las tres balsas de agua [parte del acuífero] declaradas sobreexplotadas y ha requerido al Estado español para que cumpla con las recomendaciones realizadas por la misión conjunta de la Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el convenio de Ramsar sobre humedales, que hace dos años exigió una mejor protección de la reserva”.

Esa misión de expertos medioambientales requirió a España que aumentara “los recursos disponibles” de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y “suministrara tecnología para controlar todos los pozos ilegales y los invernaderos irregulares”, además del desarrollo del plan para proteger el acuífero que la Junta instauró en 2017.

En lo que respecta a la primera exigencia, el ministerio aumentó la plantilla destinada a vigilar los invernaderos clandestinos de dos a seis guardias fluviales, que han logrado reducir la superficie de plástico ilegal de 1.202 hectáreas en 2019 a 766 hectáreas en 2021, según los datos recabados por teledetección a través de satélites. En cuanto a la segunda demanda, el plan de protección del acuífero, que corresponde a la Junta andaluza, los deberes están mucho más retrasados: solo el 17% del plan se ha ejecutado, el 83% de las medidas están incompletas y el 40% de ellas ni siquiera habían comenzado el año pasado, según un análisis de WWF.

El objetivo final es que las masas de agua del acuífero recuperen su “buen estado ecológico” y España debería cumplirlo antes de 2027, fecha límite que marca la directiva europea de marco del agua. Mientras, la organización SEO Bird Life ha iniciado una campaña para pedir la paralización del proyecto de ley que “podría hacer desaparecer Doñana”, y que cuenta de momento con 6.000 firmas.

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