El PP fracasa en su intento en el Congreso de recuperar la caza del lobo

La ganadería y el medio ambiente funcionan como un cóctel perfecto para desatar en el Congreso de los Diputados una de esas batallas culturales que se agitan al olor de las elecciones. Ocurrió en los pasados comicios en Castilla y León a cuenta de las macrogranjas y este martes, con la cita andaluza ya acechando, reapareció en la arena parlamentaria, ahora con la protección especial otorgada al lobo como motivo. Por quinta vez en lo que va...

La ganadería y el medio ambiente funcionan como un cóctel perfecto para desatar en el Congreso de los Diputados una de esas batallas culturales que se agitan al olor de las elecciones. Ocurrió en los pasados comicios en Castilla y León a cuenta de las macrogranjas y este martes, con la cita andaluza ya acechando, reapareció en la arena parlamentaria, ahora con la protección especial otorgada al lobo como motivo. Por quinta vez en lo que va de legislatura, el PP llevó el asunto al Parlamento, en esta ocasión en forma de propuesta de ley para la “conservación del lobo”, cuyo propósito fundamental en la práctica era derogar la prohibición de cazarlo aprobada por el Gobierno el pasado septiembre. Como en todos los intentos anteriores, el PP se topó con la negativa de la izquierda. A cambio, propició uno de esos choques ideológicos en los que siempre sobresale el verbo desatado de Vox y, con él, la gresca inevitable.

Era el lobo, pero era mucho más que el lobo. La derecha trataba de nuevo de fijar la idea de que el Gobierno está empeñado en una “demonización de la ganadería”, en palabras de la diputada popular Milagros Marcos, cuando no directamente en “destruir España”, según el diagnóstico siempre más subido de tono de un miembro de Vox, Ángel López Maraver en este caso. Por ahí acabó derivando parte del debate, en el que emergieron de nuevo las declaraciones de hace meses del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra la macrogranjas, que tanto juego dieron a la derecha en la campaña de Castilla y León.

Marcos, en su defensa de la iniciativa, argumentó el rechazo comunidades autónomas y organizaciones del campo a las nuevas normas de protección del lobo. Señaló que en el último año se han registrado 14.000 ataques a reses, “40 al día,” y que la población de la especie “ha aumentado en 142 manadas en 10 años”, un dato que se permitió vincular con la desaparición de 80.000 explotaciones ganaderas. Su relato fue dramático por momentos. “Los ganaderos lloran de impotencia y viven con el corazón en un puño”, aseguró. La diputada popular, palentina, refirió su propia experiencia: “El otro día salí a correr y me encontré diez lobos”. Y concluyó: “¿A quién debemos proteger más, al lobo o a la gente?”.

Nadie puso más ahínco en rebatir al PP que Juantxo López de Uralde, el antiguo activista de Greenpeace que ahora ejerce de portavoz verde de Unidas Podemos. Cuando solo han transcurrido ocho meses desde la prohibición de cazar lobos, argumentó López de Uralde, es “absolutamente imposible que se hayan producido los efectos” descritos por la diputada del PP. El diputado ecologista sostuvo que la población de lobos en España está estancada y minimizó los daños que ocasionan en la ganadería al asegurar que las víctimas de sus ataques no suman más del 0,004% del total de reses. Para estos casos, insistió, la Administración ha creado una línea de indemnizaciones a la que se destinaron el pasado año alrededor de 1,5 millones de euros.

Los argumentos del PP encontraron eco en diputados de comunidades con fuerte presencia ganadera. Uno de los más furibundos críticos del Gobierno, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, situó la prohibición de cazar el lobo entre las “grandes fechorías” de Pedro Sánchez. Pero también un aliado habitual del Ejecutivo, el regionalista cántabro José María Mazón, apoyó la propuesta del PP con una vehemencia poco habitual en él: “Desde septiembre en Cantabria ha habido 506 ataques con 690 cabezas de ganado muertas. Una cosa es proteger el lobo y otra permitir que lleguen a sus pueblos, entren en sus explotaciones y maten su ganado”. El PNV no apoyó la propuesta del PP porque consideró que imponía una regulación a las comunidades autónomas, aunque su diputado Joseba Agirretxea se mostró de acuerdo en que son necesarias medidas para proteger más a los ganaderos.

Insultos de la ultraderecha

El debate estaba siendo intenso, sin llegar a las provocaciones ni a los ataques personales, hasta que compareció Vox. Si Unidas Podemos había puesto en escena a su más acreditado ecologista, la extrema derecha sacó a Ángel López Maraver, expresidente de la Federación Española de Caza. Sus primeras palabras quisieron ser líricas: “Esta mañana, al alba, en esas primeras luces que desperezan al chochín y al arcentor, mientras muchos de sus señorías de este Gobierno socialcomunista aún arrugaban las sábanas, el lobo ha vuelto a matar”. Tras la lira, el estoque: López Maraver llamó “Teresita Rojo” a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y “ecolojetas de moqueta” a los miembros de Unidas Podemos.

La bancada del Gobierno reaccionó indignada. “¿A usted no le han educado? ¿No le han dicho que no se debe insultar?”, se revolvió el socialista Omar Anguita. “No podemos normalizar el insulto”, protestó López de Uralde pidiendo amparo a la Mesa. Así suelen acabar esto que llaman batallas culturales.

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