La propuesta de reforma de Escrivá bajaría una media del 5,5% las nuevas pensiones

El Gobierno está ultimando un documento sobre la próxima reforma de pensiones que tiene que enviar a Bruselas. El informe ya circula internamente en el Ejecutivo y contiene una promesa estrella y muy polémica, sobre todo para Unidas Podemos y los sindicatos, que la rechazan de plano: ...

El Gobierno está ultimando un documento sobre la próxima reforma de pensiones que tiene que enviar a Bruselas. El informe ya circula internamente en el Ejecutivo y contiene una promesa estrella y muy polémica, sobre todo para Unidas Podemos y los sindicatos, que la rechazan de plano: el aumento del periodo de cómputo de las nuevas pensiones de 25 a 35 años. Fuentes del Ejecutivo explican que en este texto no solo se explica la reforma. También se realiza un cálculo del impacto de esta medida en las nuevas pensiones: una rebaja media del 5,45% de las pensiones, aunque no de forma homogénea. Esta cifra implica que el Gobierno reconoce que la reforma supondría una importante bajada de las pensiones futuras con respecto a lo que cobrarían los pensionistas si no se aplicara esa reforma, algo que ha generado un importante conflicto político entre las dos almas del Gobierno. La reforma de las pensiones es uno de los asuntos más destacados en la agenda del Gobierno.

El sistema de la Seguridad Social acumula déficits desde 2011 y en los últimos años esos números rojos superan los 15.000 millones de euros al año por la insuficiencia de ingresos por cotizaciones, provocada por la destrucción de empleo de la crisis anterior y la tardanza en recuperarlo, y por la incorporación de pensionistas con prestaciones más altas. Y las autoridades comunitarias exigen una reforma para contener este agujero antes de que empiece a jubilarse la generación del baby boom, a partir de 2023, que podría empeorar el cuadro clínico de las pensiones.

Para abordar la reforma, el sector socialista del Gobierno ha colocado encima de la mesa un debate que divide las dos almas del Gobierno y que supone un cambio sustancial para las pensiones del futuro: el aumento del llamado periodo de cómputo para calcular las pensiones. Esto se ha plasmado en un documento que, por ahora, circula de forma interna entre los ministros. Pero en breve irá al diálogo social y se enviará a Bruselas, por lo que pronto será público.

Este incremento de uno de los parámetros que determinan la pensión de jubilación supondría dar continuidad a lo iniciado en la reforma de 2011: el aumento del número de años que se toma para calcular la pensión de 15 años a 25, punto que se alcanzará en 2022. Ahora se plantea una aplicación paulatina, es decir, afecta a las pensiones futuras (por ejemplo, a las de quienes ahora tienen 50 0 55 años), no a las actuales, uno de los principios habituales de estas reformas que se ha quebrado en pocas ocasiones (se rompió en la que hizo el PP en 2013 cuando introdujo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad).

La medida no aparece entre las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo. La comisión parlamentaria para reformar las pensiones sí aconsejó evaluar el impacto que tiene el incremento paulatino del cómputo actual (el aprobado en 2011) o de la posibilidad de que los trabajadores escojan sus mejores años de cotización. También plantea el retraso de la edad real de jubilación, el elemento del que más se ha hablado hasta ahora. El ministro José Luis Escrivá, apoyado por Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, ha explicado en las reuniones internas del Ejecutivo que Bruselas reclama, a cambio de ejecutar el gran fondo de reconstrucción que salvará la economía española, algunas reformas estructurales, en especial la de las pensiones.

Revalorización con el IPC

El Ejecutivo ha decidido mantener a toda costa la revaloración con el IPC de las pensiones actuales, un asunto muy sensible —en 2021 subirán un 0,9%, en línea con la inflación prevista para el próximo año— y eso supone que el gasto sigue aumentando. Al incremento propio de la revalorización hay que añadir el hecho de que cada vez hay más pensionistas —aunque el coronavirus ha frenado la tendencia, esta se recuperará pronto— y que en estos momentos los nuevos jubilados suelen tener mejores carreras de cotización que quienes ya están retirados.

El Gobierno necesita, explican Escrivá y Calviño, ofrecerle a Bruselas una garantía de que se va a contener en el futuro el gasto en pensiones. Y la fórmula elegida es esta ampliación de 25 a 35 años de los años para el cálculo de la pensión. Esto, en la mayoría de los casos, pero en especial en las personas con peores historias laborales, implica una reducción inmediata porque en los primeros años de vida laboral casi siempre se cotiza peor y se gana menos que en los últimos. Hay una salvedad importante, que está cobrando protagonismo últimamente por el impacto de la crisis anterior: a quienes pierden su empleo en los últimos años de la vida laboral y pasan ese tiempo en el paro les conviene tomar más años de cotización.

El texto que ha enviado Escrivá a todos los ministros implicados en el área económica del Gobierno es muy claro, según diversas fuentes del Ejecutivo. Señala, según estas fuentes, que se estima que el efecto de pasar de 25 a 35 años el periodo de cálculo para la pensión supondrá, para las pensiones entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 5,45%. Este porcentaje está dentro del rango de otros estudios similares, que los cifran entre el 3% y el 7%. Fuentes del Ejecutivo aclaran que esta bajada de las nuevas pensiones no será en ningún caso homogénea. Esto se debe a que el periodo de cómputo es solo uno de los parámetros de la jubilación. Hay otros como las bases de cotización (ligadas a los sueldos) o la edad que también influyen.

Y, además, hay que tener en cuenta que ese es un escenario que puede variar. Por ejemplo, un aumento importante de sueldos podría traducirse en un aumento de la pensión pese al incremento del periodo de cómputo, aunque llegado el caso sería menor que si se mantuviera la regulación actual. Este último supuesto es el que ha provocado un aumento de la pensión medida inicial en las últimas décadas pese a que el número de años con que se calcula la prestación ha subido bastante (en 1985 eran dos años).

Bruselas presiona para la reforma

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aclaran que este tipo de cuestiones están en revisión y, en cualquier caso, se hablarán con los agentes sociales. Existe una posibilidad de que este impacto pueda ser corregido con la opción de que el trabajador pueda descartar del cálculo algunos años especialmente malos de cotización o incluso agujeros que ha podido tener por un periodo de desempleo o de situación de precariedad máxima.

El documento final que se enviará a Bruselas no está, por tanto, cerrado, según estas fuentes, y será discutido seguramente en la comisión delegada de asuntos económicos de esta semana. En el ministerio de Escrivá insisten en que no van a hablar oficialmente de textos que se puedan manejar hasta que no esté el definitivo y se hable con los agentes sociales.

Sin embargo, la Unión Europea exige que se envíen con claridad tanto las reformas previstas como su impacto real, por eso el documento que se ha trabajado internamente en el Gobierno tiene ese cálculo explícito de la bajada del 5,45% de la pensión media.

Esta propuesta de reforma ya ha generado una tensión importante dentro del Ejecutivo. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha trasladado con claridad el mensaje al PSOE de que no podrá contar con los votos de este grupo para aprobar una ampliación a 35 años del periodo de cálculo para las pensiones porque este grupo no va a aceptar una decisión que suponga bajar las pensiones, como se admite en el documento.

Desde Unidas Podemos proponen otras fórmulas para solucionar el problema del aumento del gasto en pensiones, en particular el aumento de los ingresos para que cuadren las cifras, vía impuestos, y, sobre todo, quitando el tope de las cotizaciones máximas (ahora en 4.070 euros mensuales).

Los sindicatos también han trasladado ya al Gobierno que no podrán contar con su apoyo para una cuestión que ni estaba en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos ni se ha planteado dentro del Pacto de Toledo. Lo han hecho de manera informal porque no se ha discutido oficialmente esta nueva reforma.

Sin embargo, en el sector socialista del Gobierno, y en especial en el equipo económico liderado por Nadia Calviño, que tiene todo el apoyo del presidente en este momento, tienen muy claro que hay que dar garantías a Bruselas para lograr que llegue sin problemas el dinero esperado del fondo de recuperación. España ya ha presupuestado ese dinero, y de hecho el Gobierno está avanzando 27.000 millones de euros este año a cuenta de esa ayuda de 72.000 en tres años que llegará de Bruselas. Por tanto, reformas de este tipo, como la de las pensiones, cuentan con el respaldo de La Moncloa y lo más probable es que la semana que viene se envíe a Bruselas un documento que contenga estas polémicas novedades.

A partir de ahí, lo difícil será llegar a un acuerdo en España para llevar adelante una reforma así. Sin apoyo de los sindicatos no es fácil seguir adelante y lograrlo no será sencillo. Primero está su punto de partida, pero también está presente lo sucedido en 2011. Entonces CC OO y UGT pactaron con un Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de cómputo, y eso les pasó una factura interna importante. Y todavía lo complica más no tener el respaldo de los 35 diputados de Unidas Podemos. La opción de sacarla adelante con el PP es ahora inviable.