Los señores del campo: así se reparten las ayudas europeas entre los que más reciben

El maná de los fondos europeos de la Política Agrícola Común (PAC) para el campo español cojea en su forma de reparto. El sistema de los derechos de pago histórico, que llegó en la década del 2000 para simplificar las cosas, ha supuesto más rotos que remendar. Sin embargo, pese a las deficiencias, estas ayudas comunitarias siguen siendo una inyección económica vital para las explotaciones agrarias del país. Por eso, el Ministerio de Agricultura quiere reformar este sistema para que las ayudas beneficien más a las pymes y menos a las grandes explotaciones, que se benefician en mayor medida de ellas.

La PAC riega el campo español con 4.800 millones anuales en pagos directos. De estos, los derechos del pago básico (desvinculado de la producción, sustituye al pago único y la base son los derechos de pago asignados en 2015 a los agricultores y ganaderos en función de la superficie y producción que se tenía previamente) reparten casi 2.800 millones de euros. En esta partida es donde el Ministerio de Agricultura realizará cambios para tratar de mejorar la redistribución. Y los datos generales muestran las desigualdades que quiere atajar: de un total de 644.251 beneficiarios que hubo en 2019, solo 2.808 reciben más de 60.000 euros. Esto es, un 0,43% de los receptores, que controlan el 8,6% de la superficie y reciben el 10,5% de los pagos (290 millones). El ministerio sostiene que estas sociedades de mayor tamaño son las que menos ayuda necesitan para ser competitivas. En la tabla que aparece a continuación se puede realizar una búsqueda por nombre de beneficiario, municipio y provincia de los datos de los 2.808 grandes perceptores del ejercicio 2019.

Los 60.000 euros en el pago básico es la linde marcada por el departamento que dirige Luis Planas. Es decir, a partir de esa cantidad verán reducida su ayuda, aunque el foco está puesto en los que cobran más de 100.000 euros. El objetivo, según fuentes del ministerio, es que haya más fondos para las pequeñas y medianas explotaciones, especialmente para los productores genuinos (aquellos que entre el 20% y el 30% de sus ingresos procedan de la venta de la actividad de su explotación).

Eso sí, el ajuste de las ayudas se realizará con muchos matices: para los que sobrepasen dicha cantidad, en el tramo entre 60.000 y 74.999 euros se les reducirá un 25%; entre 75.000 y 89.999 euros el recorte será del 50%; y en el tramo entre 90.000 y 99.999 euros la reducción será del 85%. A partir de ahí, para los receptores de más de 100.000 euros anuales, la quita será del 100%, aunque con más peros: las explotaciones podrán sortear ese tijeretazo, ya que el recorte se podrá utilizar para pagar costes laborales. Es decir, si una empresa recibe 200.000 euros en el año, la mitad de ese importe lo perderá, a no ser que pueda justificar un pago por dicha cantidad en cotizaciones sociales.

“Las explotaciones más grandes, por economía de escala, son las que menos ayudas necesitan para ser competitivas”, justifican fuentes de Agricultura sobre esta revisión. Reconocen que el ahorro que se conseguirá con la medida será escaso, pero insisten en que se trata solo de un primer paso para destinar más a complementar los pagos de las primeras hectáreas de una explotación (falta por definir ese reparto posterior). El máximo que se podría recaudar con este cambio son 85 millones (de los 290 millones que reciben estos beneficiarios), aunque de aquí habrá que descontar los costes laborales, algo difícil de definir todavía porque dependerá del número de empleados de cada sociedad.

Debido al bajo impacto esperado, Agricultura se plantea otras opciones para mejorar la redistribución. Por ejemplo, cambios en la política de convergencia y dejar fuera a las empresas que no tengan la agricultura o la ganadería como actividad principal. Además, se estudian alternativas como realizar un ajuste general sobre un porcentaje de las ayudas al que solo puedan acceder las pequeñas y medianas explotaciones viables. Fuentes del Ministerio insisten en que las grandes explotaciones no necesitan tanta respiración asistida, una afirmación que se basa en los datos que maneja: el valor añadido neto por unidad de trabajo de una persona a tiempo completo durante un año sería de 17.826 euros en una pequeña explotación, mientras que en las de mayor dimensión es de entre 35.000 y 50.000 euros.

Concentración de fondos

Según los datos públicos que recoge la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), los beneficiarios que reciben más de 60.000 euros anuales del pago básico se concentran en Andalucía (especialmente en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén), seguida de Extremadura y Madrid. A la cabeza de los beneficiarios por importe recibido está la firma Complejo Agrícola, del sector hortofrutícola, con 12.000 hectáreas en Cádiz: recibió en 2019 más de dos millones de euros. También en tierras gaditanas está La Almoraima, en su día del grupo Rumasa, con 14.000 hectáreas, que recibió casi 364.000 euros. Estas cuantías no son las totales percibidas en el marco de la PAC, solo corresponden a la parte del pago básico, que supone alrededor del 50%-60% de la inyección del fondo comunitario. Por ejemplo, en el caso de Complejo Agrícola, recibió en 2019 en total 4,4 millones de euros de ayudas de la PAC.

Entre los grandes perceptores también está la finca ganadera Dehesa Los Llanos, en Albacete, con 10.000 hectáreas, que recibió 500.000 euros del pago básico. ElPozo, a través de su filial Agrifu recibió 124.000 euros y otros 333.000 euros través de CEFUSA. COVAP, en Córdoba, recibió 715.000 euros. Y Granja La Ventosilla, en Burgos, 246.000 euros. En el listado de los beneficiarios que reciben más de 60.000 euros faltarán algunos grandes perceptores que, al haber dividido sus explotaciones en varias sociedades, no llegan al mínimo marcado de forma separada.

En el mundo del aceite, entre otros, están Núñez de Prado (238.000 euros), Cortijo de Guadiana (387.000 euros), Lands and Building con la marca Valdezarza (217.000 euros), y Agustina Soto (Villacarrillo, Jaén), viuda de José María Pastor, histórico del sector, que recibió casi 210.000 euros.

Por familias, resaltan algunas que absorben altas cantidades del fondo comunitario. Por ejemplo, miembros de la familia Maestre Benjumea suman ayudas por más de 450.000 euros; la familia Guardiola Domínguez, más de un millón de euros; la familia Bohórquez (por la parte de los Mora, García Villegas y Domecq) la suma se eleva a los 800.000 euros y a 470.000 la familia Herrero Fernández, de Córdoba.

En relación con la Casa de Alba, en el sector se especulaba sobre ayudas de unos dos millones de euros. Según se desprende de lo percibido por parte de cuatro de sus empresas, la cuantía es superior: Agralsa, en Salamanca, recibió 534.000 euros; Euroexplotaciones Agrarias, en Córdoba, 621.000 euros; Eurotécnica, en Sevilla, 485.000 euros, y Castrofresno, en Ávila, 115.000 euros. Es decir, casi 1,8 millones de euros solo del pago básico en estas sociedades. Si se contabilizan todos los pagos de la PAC, según los datos del FEGA la empresa Agralsa recibió en 2019 algo más de un millón de euros, Euroexplotaciones Agrarias casi 973.000 euros, Eurotécnica 750.000 euros y Castrofresno casi 198.000 euros. Entre las cuatro: más de 2,9 millones de euros en ayudas de la PAC.