Alemania ya reclama los primeros ajustes fiscales a España
Berlín pide ante la OCDE recortes “más pronto que tarde” y vigilar las pensiones
La irrupción de la pandemia a partir de la primavera de 2020 tuvo un formidable impacto sobre la economía española, debido al peso de los sectores más afectados —en especial el turismo— y a las medidas de contención del virus. El Gobierno reaccionó de inmediato, como el resto de Ejecutivos europeos, con medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas —los ERTE y las líneas de liquidez—; Bruselas suspendió las reglas fiscales y el Banco Central Europeo (BCE)...
La irrupción de la pandemia a partir de la primavera de 2020 tuvo un formidable impacto sobre la economía española, debido al peso de los sectores más afectados —en especial el turismo— y a las medidas de contención del virus. El Gobierno reaccionó de inmediato, como el resto de Ejecutivos europeos, con medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas —los ERTE y las líneas de liquidez—; Bruselas suspendió las reglas fiscales y el Banco Central Europeo (BCE) aprobó un plan de multimillonarias compras de activos. Estados Unidos ha ido aún más lejos con Joe Biden al frente. Y los organismos multilaterales subrayan una y otra vez que Europa debería sacar lecciones de la Gran Recesión y no caer en la tentación de retirar los estímulos prematuramente. Estaba previsto que ese debate empezara en la primavera del año que viene, pero ya está encima de la mesa: varios países reclaman al BCE que levante el pie del acelerador —aún con la boca pequeña—, y Alemania, principal patrocinador de la austeridad durante la crisis pasada, ha empezado a mostrar las garras también en el plano fiscal. Y con España.
El pasado lunes 1 de marzo se discutía en la OCDE —la organización que agrupa a las economías más industrializadas del mundo— el próximo informe sobre la economía española, que se presentará en los próximos días. España expuso en un documento el cuadro macroeconómico —pese a que las estimaciones de crecimiento se han rebajado recientemente hasta el 6,5% este año—, las líneas maestras del plan de recuperación y el listado de reformas habituales. Alemania y Grecia fueron los dos evaluadores principales y presentaron visiones alternativas. Berlín presentó un suculento informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que queda clara la posición alemana: la caída de ingresos públicos y los estímulos estabilizarán la deuda pública en el entorno del 120% del PIB en los próximos tiempos; es muy probable que esto deje un espacio fiscal muy reducido en los próximos años y, por tanto, para la próxima crisis, más aún si acaban subiendo los tipos de interés, como el Bundesbank empieza a sugerir en Fráncfort.
En ese contexto, Berlín ve “obvia” la necesidad de un cambio de rumbo en el futuro próximo. Apoya poner en marcha un plan de ajuste plurianual —como el Banco de España, por otro lado—, y considera “secundario” el momento en el que se anuncie el plan. Lo crucial es presentar un compromiso “ambicioso y creíble” de reducción de la deuda pública como señal a los mercados.
Más estímulo
Pero ese cuándo es del todo fundamental. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que es el momento de aplicar aún más estímulo a las economías. La Comisión Europea ha lanzado reiterados mensajes en esa misma línea, e incluso el BCE reclama un mayor activismo fiscal, más aún mientras duren las vacas flacas: el primer trimestre ha sido muy flojo en Europa, y la recuperación se ha ido retrasando por los problemas con las vacunas, por las sucesivas oleadas del virus y por la dilación en la puesta en marcha del fondo de recuperación. Ajena a ese contexto, Berlín da las primeras señales de lo que se avecina en ese debate fiscal. Y su conclusión es clara: “Dependiendo de la evolución de la pandemia, el proceso de consolidación fiscal debería empezar más pronto que tarde”. Además, la posición alemana alerta sobre el aumento de gasto en pensiones y sus efectos sobre las finanzas públicas.
Más allá de ese documento, la delegación alemana fue muy dura en esa reunión. Y encontró respaldo en la República Checa, según las fuentes consultadas. Pero Bruselas defendió que no es el momento de los ajustes. Y la delegación de Estados Unidos fue aún más allá y apuntó que no tiene “ningún sentido” económico plantear ya la consolidación fiscal, cuando media eurozona va camino o está inmersa en una segunda recesión y la recuperación va a llegar más tarde de lo esperado.
Ese debate recuerda al posterior al crash de Lehman Brothers. En plena Gran Recesión, todo el mundo se apuntó a una especie de keynesianismo de garrafón en 2008. Pero Europa viró en 2010, con las duras posiciones alemanas en el mascarón de proa y la Comisión Europea de José Manuel Durão Barroso a su estela. Berlín, Bruselas y Fráncfort, con un BCE muy activo en favor de la píldora de los ajustes, provocaron una sucesión de rescates, incluido el de la banca española, y dejaron el euro al borde del colapso en varias ocasiones, hasta la llegada de Mario Draghi al Eurobanco. La gestión de la eurozona en aquellos años de sobredosis de austeridad “es, sin duda, uno de los mayores errores de política económica jamás cometidos”, aseguró en su día Jean Pisani-Ferry, exasesor de Emmanuel Macron.
Es pronto para decirlo porque las elecciones alemanas que se avecinan pueden hacer variar la posición de Berlín, pero el debate sobre la austeridad volverá tarde o temprano. Y ni siquiera los economistas alemanes más ortodoxos entienden muy bien la reclamación de ajustar más pronto que tarde en una economía tan golpeada por la covid como España: “Si eso es así supondría un error político y económico de trazo grueso”, asegura Jakob Kirkegaard, del Peterson Institute. “Es absolutamente prematuro por parte de Alemania presionar para hacer ajustes, simplemente no tiene razón de ser en este momento. Sería mucho mejor presionar para que España presente un plan de recuperación con reformas potentes, y que la propia Alemania trate de presentar un buen plan que sirva de ejemplo sobre cómo gastar adecuadamente los fondos europeos”, según Kirkegaard.
Los alemanes ya han dado varias señales de que quieren ver cambios en la política monetaria del BCE. El Tribunal Constitucional alemán paralizó a finales de marzo el plan de recuperación, lo que amenaza con retrasar aún más los desembolsos. Y Berlín empieza a enseñar las garras en el plano fiscal: el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, es contrario a la reforma del Plan de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a recortar en tiempos de crisis y, según los expertos, se ha quedado completamente obsoleto. El Ejecutivo alemán ha demostrado en la OCDE que va a volver a dar la batalla por ese flanco. De momento, sin éxito: el informe final, según las fuentes consultadas, recoge la visión de consenso y en ella la postura de Berlín sale muy, muy aguada. La OCDE, en fin, quiere también planes de consolidación fiscal pensando en el medio plazo. Pero no ahora, sino cuando la recuperación esté sólidamente encauzada.
Todo pendiente de los comicios en el gigante económico
La UE enfila este año dos decisiones clave: si mantiene suspendidas las reglas fiscales en 2022 y el alcance de esa reforma. Y ambas cuestiones están pendientes de las elecciones alemanas del próximo septiembre. A pesar de que la Comisión Europea ha abogado ya por dejar la barra libre fiscal el año que viene, Berlín sigue aguardando a las previsiones económicas que Bruselas publicará en las próximas semanas —en las que probablemente retrasará de nuevo la recuperación de los niveles de PIB prepandemia hasta 2022— para armarse de argumentos a la hora de defender esa decisión. La Comisión ha retrasado hasta después de los comicios el debate sobre las reglas fiscales, que España quería abrir esta primavera. Bruselas fía esa reforma a la presidencia francesa del primer semestre de 2022.
El escaso margen fiscal no afecta solo a España: el nivel de deuda —que ascenderá al 122% del PIB en 2021 en el caso español— no es muy distinto del de Bélgica y Francia, y hay economías con más dificultades, como Italia y Grecia. La combinación de alta deuda y alto desempleo afecta sobre todo a España y Grecia.