PP, Ciudadanos y Vox se alían en Europa para endurecer el control de los fondos de recuperación

Populares, liberales y ultraconservadores se han aliado en la Eurocámara para intentar imponer un escrutinio de los planes nacionales de recuperación que puede exponer su ejecución a una interminable batalla política. El Partido Popular Europeo impulsa una resolución en la que exige a la Comisión que informe al Parlamento, incluso por escrito, sobre su “evaluación previa” de los programas. La propuesta tiene el apoyo de Renew, donde se encuadra Ciudadanos, y ECR, donde milita Vox. La izquierda lo ve como una...

Populares, liberales y ultraconservadores se han aliado en la Eurocámara para intentar imponer un escrutinio de los planes nacionales de recuperación que puede exponer su ejecución a una interminable batalla política. El Partido Popular Europeo impulsa una resolución en la que exige a la Comisión que informe al Parlamento, incluso por escrito, sobre su “evaluación previa” de los programas. La propuesta tiene el apoyo de Renew, donde se encuadra Ciudadanos, y ECR, donde milita Vox. La izquierda lo ve como una maniobra para controlar que la Comisión se mantenga firme con los países del sur, en especial España e Italia.

Después de semanas, y en algunos casos, meses de diálogo con las capitales, los técnicos de la Comisión Europea esperaban poder aislarse para analizar con el máximo detalle los planes de recuperación que han empezado a enviar los países. El calendario que se ha fijado Bruselas pasa por empezar a publicar las evaluaciones de esos programas la segunda semana de junio y comenzar a distribuir en julio las primeras ayudas del fondo, que movilizará hasta 800.000 millones de euros.

Sin embargo, el líder de los populares europeos, Manfred Weber, exige luz y taquígrafos en cada uno de los pasos que dé la Comisión. Y para ello quiere que toda la información, incluida la relativa a las evaluaciones previas, pase por el Parlamento antes de que los planes nacionales reciban la luz verde. El mismo proceso se repetiría con cada uno de los desembolsos semestrales previstos con cargo al fondo de recuperación.

Los conservadores lo justifican en un ejercicio de transparencia, pero varias fuentes parlamentarias creen que la derecha pide las evaluaciones previas al dictamen final porque desconfía de que la Comisión Europea vaya a levantar la mano si detecta que los países están regateando en las reformas estructurales.

El nuevo procedimiento, de ser aceptado por la Comisión, podría convertir la aprobación de los planes y de los desembolsos posteriores en un campo minado de batallas políticas, con un fuego cruzado entre colores políticos y sensibilidades nacionales. En su propuesta inicial del fondo, la Comisión intentó evitar ese riesgo y propuso un sistema rápido de aprobación en el que el organismo presidido por Ursula von der Leyen llevaría siempre la voz cantante. Pero la presión de algunos Gobiernos, como el holandés, obligó a introducir una posibilidad añadida de control a través del Consejo, que podría complicar o retrasar la liberación de unos fondos cuya utilidad estriba, entre otras cosas, en su rápida ejecución. El control añadido del Parlamento que propone el PPE amenaza con complicar aún más la liberación de unas partidas que, como pronto, llegarán en el segundo semestre de 2021, año y medio después del estallido de la pandemia.

Manfred Weber trasladó su propuesta de un control adicional a la Conferencia de Presidentes, la reunión de los jefes de los grupos parlamentarios con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli. Antes de la reunión, el alemán remitió un correo al resto de los líderes políticos advirtiendo de que plantearía ese asunto. “El Parlamento Europeo tiene que defender sus prerrogativas e insistir en su derecho a la información, el acceso a los documentos relevantes y la total transparencia”, sostenía el correo, en el que adjuntaba el borrador de una resolución para llevar al pleno de la Cámara.

Recelos en la izquierda

Según fuentes parlamentarias, los grupos de Renew (en el que se integra Ciudadanos) y ECR (en el que está Vox) respaldaron la propuesta. En cambio, los Socialistas y Demócratas (S&D) y Los Verdes la rechazaron al dar por válido el compromiso de la Comisión de remitir a la Cámara y al Consejo todos los documentos de forma simultánea. Según fuentes parlamentarias, la izquierda planteó incluso resolver esa demanda con una carta. La derecha, conservadores y liberales suman, no obstante, mayoría en ese órgano, por lo que sacaron la propuesta adelante. Los grupos parlamentarios negocian ahora una resolución que será discutida en el pleno de la Eurocámara.

El reglamento del mecanismo de recuperación fija que la Comisión entregará al Parlamento Europeo los planes aprobados, un informe anual y un informe independiente a partir de 2027 para desmenuzar su ejecución. El borrador de resolución considera, no obstante, que “para una supervisión democrática adecuada” sobre la aplicación del fondo la Comisión “debe informar periódicamente al Parlamento, incluso por escrito, sobre el estado de la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, así como su evaluación previa”.

El documento reclama también a la Comisión que facilite al Parlamento “las conclusiones preliminares sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos” antes de su dictamen. Fuentes de los populares europeos justifican esas demandas en un ejercicio de transparencia. También desde las filas de los liberales argumentan que esa petición obedece a que la Comisión no está respetando por completo el rol de control del Parlamento Europeo.

Los grupos de la izquierda, sin embargo, observan con inquietud un choque institucional que creen que tiene como origen la desconfianza de los halcones en la Comisión Europea. Eso explica, según las fuentes consultadas, que los diputados no solo reclamen ver los planes nacionales, sino también examinar las tripas del proceso de evaluación. De esa forma, podrán verificar si el Ejecutivo comunitario ha hecho concesiones a los países en su compromiso de adoptar reformas. Y en especial, esos grupos temen que el objetivo final sea controlar sobre todo a Italia y España, los dos principales receptores del fondo europeo.