Las eléctricas lanzan una ofensiva contra el recorte en la retribución y se plantean acudir a la vía judicial

Las compañías eléctricas se preparan para responder al plan de choque del Gobierno, que consideran injusto. A su juicio, “las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica”. En ese sentido, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, ha emitido un comunicado en el que manifiesta un “contundente rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las compañías eléctricas”. Fuentes empresariales han añadido que estudiarán el ...

Las compañías eléctricas se preparan para responder al plan de choque del Gobierno, que consideran injusto. A su juicio, “las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica”. En ese sentido, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, ha emitido un comunicado en el que manifiesta un “contundente rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las compañías eléctricas”. Fuentes empresariales han añadido que estudiarán el real decreto-ley con detalle para decidir si hay justificación para acudir a la vía judicial. A su vez, El Foro Nuclear, entidad en la que también figuran las grandes eléctricas, ha anunciado que si se aprueba el proyecto de ley sobre la retribución del CO₂ del mercado eléctrico que retira los llamados beneficios caídos del cielo que reciben las empresas por no emitir dióxido de carbono, “sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.

A falta de entrar en la letra pequeña del real decreto-ley, la asociación eléctrica subraya que el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear recogidos en la minoración de los llamados “beneficios extraordinarios”, “es una medida injusta y desacertada” que está basada en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas. “Tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en Bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021″, añade.

Las empresas recuerdan que tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses a unos precios muy inferiores a los del mercado spot (en el que se compra o vende con entrega inmediata y al precio actual de mercado). Con estas ventas a plazo se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes en mercado libre. Con las medidas se va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 euros megavatio hora, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO₂ (en fase de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 euros megavatio hora. “Como se puede comprobar, ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales del pool, ni los ingresos cerrados por las tecnologías hidráulica, nuclear y otras renovables permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este real decreto-ley y por el proyecto de ley de minoración de CO₂″, inciden.

Según las empresas, este incremento no hace sino encarecer el coste de suministrar a sus clientes con los que tiene compromisos de venta por un volumen de energía superior a la producción propia y, en gran medida, con precios fijos. A este respecto, hay que recordar las ofertas comerciales dirigidas a clientes domésticos, que ofrecen precios fijos durante plazos de hasta varios años, blindando a estos clientes de la volatilidad del pool y logrando un recibo de la luz estable.

Respecto a la obligación de subastar energía, también recogido en el anunciado real decreto-ley, ya se introdujo en 2007 y el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios. “Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma”, indica la asociación.

Aelec insta al Gobierno a buscar “soluciones verdaderamente eficaces que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables”. Según la asociación, el sector eléctrico está asumiendo grandes esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones este año, que considera fundamentales para asegurar el suministro de calidad incluso en los escenarios más adversos.

“La solución pasa por una reforma de la tarifa regulada que evite —como sucede en países europeos de nuestro entorno— el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado”, sentencia. Y, en otro ámbito de actuación para reducir el precio de la luz, proponen “limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución, y acometer una reforma fiscal que alivie la presión sobre el recibo de la luz con altos impuestos”.

Cese de actividad nuclear

Por su parte, el Foro Nuclear, manifiesta que el proyecto de ley sobre el CO₂ que está en trámite parlamentario, “no debe aplicarse” sobre esta energía”. A su juicio, “unido a la excesiva presión fiscal actual abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear”. Por otra parte, también señala que “el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”. Según el lobby, “el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO₂ no debería ser inferior a 57-60 euros megavatio hora con el nivel impositivo actual”, apunta. Al respecto añade: “De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales”, subraya, y añade que si la ley entra en vigor “no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso”.

Las empresas propietarias de las nucleares no pueden decidir unilateralmente el cierre de las plantas, tienen que pedir el cese de la actividad al ministerio que, previo informe del operador del sistema, Red Eléctrica, decidirá. El artículo 53.5 de la Ley del Sector Eléctrico establece que el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si este resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Si el ministerio decide rechazar el cierre, las eléctricas pueden acudir a los tribunales a pedir un justiprecio por operar un servicio público.

Las centrales nucleares operan con permisos para varios años (normalmente se conceden para una década) y deben cumplir esos calendarios. Si no, pueden ser sancionadas. Como les ocurrió a los propietarios de la central de Garoña, que fue multada con casi 19 millones de euros por parar su actividad en diciembre de 2012, seis meses antes de lo que fijaba su autorización.

El proyecto de ley tiene como finalidad minorar el precio del CO₂ de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono. La medida también afecta a las centrales hidráulicas y a las primeras renovables que se pudieron en marcha antes de dicha fecha.

El Foro Nuclear recuerda que las centrales españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente y que las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. “Por tanto, en el momento de la solicitud y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias”, precisa, “se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO₂ del mercado internacional. Con este proyecto de ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes”.

Para la entidad, “la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de ley del CO₂ en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 euros megavatio hora), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 euros megavatio hora desde 2024 y a la baja por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero) le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad”.

En España operan siete grupos nucleares (Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandellós 2 y Ascó 1 y 2), cuya propiedad se reparten entre Endesa e Iberdrola, principalmente, y en menor medida Naturgy y EDP. Su producción ronda el 20% del parque energético nacional y su cierre está previsto entre 2027 y 2035 tras haberlo acordado el Gobierno con las entidades.

Fuentes ministeriales destacan, al respecto, que la minoración de CO₂ tiene un suelo de 20 euros por tonelada, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019. Por lo tanto, apuntan, no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. “Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO₂ al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el dióxido de carbono esté por encima de esos 20 euros por tonelada”, afirman.

Asimismo, manifiestan que el proyecto de ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado, y es conforme a derecho nacional y europeo. Además, el sistema coincide con un mecanismo que el Tribunal de Justicia de la UE ya avaló.