Las empresas públicas sufrieron pérdidas récord durante la pandemia, pero mantuvieron las plantillas al completo

Las empresas públicas no solo sufrieron pérdidas récord durante 2020 debido a la pandemia del coronavirus, sino que lo hicieron en mucha mayor medida que sus homólogas del sector privado. Una de las causas de esta evolución dispar fue que, a diferencia de las compañías privadas, las dependientes del Estado mantuvieron prácticamente a todas sus plantillas, sin recurrir a medidas como los expedientes de regulación de empleo temporal (ER...

Las empresas públicas no solo sufrieron pérdidas récord durante 2020 debido a la pandemia del coronavirus, sino que lo hicieron en mucha mayor medida que sus homólogas del sector privado. Una de las causas de esta evolución dispar fue que, a diferencia de las compañías privadas, las dependientes del Estado mantuvieron prácticamente a todas sus plantillas, sin recurrir a medidas como los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE). La consecuencia es que los gastos de personal apenas disminuyeron, aunque la actividad laboral fuera mínima e incluso nula y los empleados de estas compañías no tuvieran que acudir en muchos casos a sus puestos de trabajo.

Las compañías dependientes del Ministerio de Transportes y las de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se agrupan la mayoría de las que están participadas por el Estado, registraron pérdidas netas de más de 1.600 millones de euros en 2020. Si a esa cantidad se le suman las subvenciones que reciben muchas de esas sociedades por la prestación de servicios públicos (como Renfe o Correos) y los dividendos que dejaron de cobrar de sus participadas (como Aena), los efectos de la pandemia para el Estado el año pasado se acercan a los 3.000 millones de euros.

Pese al frenazo de la actividad y el consiguiente desplome de los ingresos, los gastos de personal apenas se redujeron respecto a 2019. Los casi 80.000 empleados de las distintas empresas de la SEPI y los más de 40.000 de las firmas dependientes del Ministerio de Transportes siguieron cobrando casi íntegros sus sueldos (salvo complementos de actividad). Y es que el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda, del que depende la SEPI, y de Transportes, de los que cuelgan orgánicamente empresas como Renfe o Adif, dio órdenes estrictas (aunque mediante instrucciones internas) nada más decretarse el primer estado de alarma a mediados de marzo de 2020 de que ninguna de las sociedades públicas aplicara ERTEs para no cargar más las cuentas del Estado, y que fueran las propias empresas las que asumieran ese coste laboral en sus balances.

Así, la SEPI perdió 438,3 millones de euros en 2020, un 84% más que las pérdidas registradas en el ejercicio anterior. Gran parte de esos números rojos se debieron al desastroso ejercicio de Correos, que perdió 264 millones, frente a los beneficios de 13 millones de un año antes. Cuando estalló el estado de alarma y se decretó el confinamiento domiciliario, el operador postal decidió restringir la apertura de sus oficinas a tres horas, suspendió completamente su servicio de paquetería, y solo dejó operativo el personal estrictamente imprescindible para la prestación del servicio público. Medidas adoptadas justo cuando la demanda de entregas a domicilio se disparó por las dificultades para hacerse con mercancías de los ciudadanos encerrados en sus casas, especialmente para colectivos como ancianos o enfermos.

De esta forma, mientras que el personal de las empresas privadas de entrega urgente y el de los hipermercados y grandes almacenes multiplicaban los envíos (el comercio electrónico batió récords en 2020) y no daban a abasto para atender los pedidos, una parte de los 52.000 empleados de Correos estaban inoperativos. Aunque a partir de mayo de 2020 se recuperó gran parte de la actividad, el operador postal público perdió en el conjunto del año un 24,1% de cifra de negocio en envíos postales y solo creció un 4% en el negocio de paquetería, muy lejos de las alzas a doble dígito de los años anteriores.

Renfe, Adif y Aena

Renfe y Adif son otros ejemplos de esta generosa política laboral. El número de viajeros por tren se redujo a la mitad en 2020, e incluso la ocupación no llegaba al 5% durante los meses duros del confinamiento. Las dos empresas dependientes de Transportes mantuvieron en nómina a toda su plantilla. Renfe, con 14.000 empleados, perdió casi 500 millones de euros; y Adif, con 11.500 trabajadores, tuvo números rojos de 650 millones (sin incluir las subvenciones públicas recibidas en ambos casos).

Es el mismo caso de Aena, participada por el Estado en un 51%, que no aplicó ningún ajuste para los casi 8.000 empleados que trabajan en España pese a la reducción del 72% del tráfico aéreo en 2020 (95% en los meses del primer estado de alarma), mientras que todas las concesionarias privadas, como tiendas, asistencias técnicas o compañías aéreas de handling mandaban a su casa a la casi totalidad de las plantillas. El gestor aeroportuario perdió 126,8 millones de euros en 2020, frente a las ganancias récord de 1.442 millones del año anterior y, lo que es peor, suspendió el pago de un dividendo de 1.137 millones, de los que la mitad hubieran ido a parar a las arcas de Hacienda.

Sin embargo, tal vez el caso más paradigmático fue del de Paradores, dependiente del Ministerio de Hacienda. Mientras todas las grandes cadenas mandaban a la práctica totalidad de su personal a casa con un ERTE, el grupo de hoteles público abonó íntegra la nómina de sus 3.916 trabajadores pese a que decretó el cierre de los 97 establecimientos que tiene en 16 comunidades autónomas durante dos meses y medio, y los volvió a abrir luego muy gradualmente. Para recortar gastos, redujo su plantilla en 949 trabajadores, siendo el personal temporal el más afectado. La empresa presidida hasta el pasado mes de julio por Óscar Sánchez, actual director de gabinete de Pedro Sánchez en sustitución de Iván Redondo, perdió 63,9 millones tras reducir sus ingresos a la mitad, y precisó de una ampliación de capital.

Las empresas de la SEPI

Además de Correos, no le fue mucho mejor a las otras empresas dependientes de SEPI. Los astilleros de Navantia perdieron 176,9 millones; Hunosa, 69,5 millones, y la agencia Efe, 12 millones. También las participaciones en Airbus e Indra aportaron resultados negativos de 46,7 millones y 24,6 millones, respectivamente. Solo Tragsa (con ganancias de 14.7 millones) y la participación del 20% en Red Eléctrica (124,7 millones) paliaron las pérdidas.

“En las cuentas de 2020 se evidencia el duro impacto que la crisis sanitaria y económico-social provocada por la covid-19 tuvo el año pasado en la mayoría de las actividades del grupo, afectando directamente a los dividendos recibidos de empresas participadas. A pesar de las dificultades, el Grupo SEPI conserva importantes fortalezas derivadas de una cifra de negocio que el año pasado rozó los 4.700 millones de euros, una cartera de pedidos que superó los 11.000 millones y un volumen de empleo medio por encima de las 76.000 personas sin incluir el empleo indirecto ni el inducido. Además, su expansión internacional consiguió elevar las exportaciones por encima de los 900 millones en 2020, reduciéndose solo el 3% respecto al ejercicio de 2019, a pesar de que la crisis provocada por la pandemia en los países donde operan algunas de las principales empresas del Grupo, Navantia entre ellas, afectó de manera significativa a sus expectativas comerciales”, señalaron fuentes de SEPI.

“Durante el confinamiento y los momentos más críticos de la pandemia, Tragsa y otras empresas del grupo como Correos, Navantia, Mercasa, Ensa o Enusa, pusieron al servicio de la ciudadanía su experiencia, sus recursos y también su tecnología en numerosas acciones de apoyo logístico para facilitar el acceso a material sanitario y humanitario, garantizar el abastecimiento desde los mercados de alimentación, las labores de desinfección en los centros de mayores e, incluso, la elaboración de menús solidarios y su distribución en colaboración con organizaciones como Cruz Roja, los Bancos de Alimentos o Paradores de Turismo. De esta forma, el holding público cumplió con uno de los objetivos que acentúan su carácter estratégico, el de la rentabilidad social, poniendo su capital humano y sus compañías a disposición de los ciudadanos en una de las coyunturas más delicadas”, añadieron las mismas fuentes.