El Gobierno gastó hasta septiembre solo la mitad del presupuesto para el ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital (IMV) es una de las principales herramientas con las que el Gobierno pretende luchar contra la pobreza e impedir que la crisis del coronavirus deje a la deriva a los más vulnerables, pero su despliegue continúa sin alcanzar los objetivos preestablecidos. Hasta el punto de que a falta de tres meses para que termine el año, tan solo se habían desembolsado 1.402 millones de los 2.728 que se contemplaban en los Presupuestos de la Seguridad Social, apenas el 51,42%. Es poco más de la mitad, t...

El ingreso mínimo vital (IMV) es una de las principales herramientas con las que el Gobierno pretende luchar contra la pobreza e impedir que la crisis del coronavirus deje a la deriva a los más vulnerables, pero su despliegue continúa sin alcanzar los objetivos preestablecidos. Hasta el punto de que a falta de tres meses para que termine el año, tan solo se habían desembolsado 1.402 millones de los 2.728 que se contemplaban en los Presupuestos de la Seguridad Social, apenas el 51,42%. Es poco más de la mitad, tal y como denuncia un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según los últimos datos recogidos por el ministerio que dirige José Luis Escrivá, hasta septiembre se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las cuales se tramitaron 1,24 millones. De ellas, 337.000 fueron aprobadas (27,1%) y 888.000 (72,9%) denegadas. Como refleja la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe que ha dado a conocer este jueves, el 60% de las peticiones rechazadas se produjeron “por no cumplir con el criterio de vulnerabilidad” que se establece como requisito para ser candidato a su recepción (particularmente por superar los umbrales de renta y patrimonio).

Otro 10% de las desestimadas se debieron a la falta de la acreditación de la unidad de convivencia, para la que sigue siendo necesario aportar el padrón histórico colectivo (el certificado que acredita la residencia de todas las personas que han constado y/o constan empadronadas en un domicilio junto con el solicitante). El resto presentaban o bien defectos de forma o falta de documentación.

“Esta falta de ejecución presupuestaria va a provocar que cada vez más gente caiga en el precipicio de la exclusión social”, denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Desde su posición, lamenta que “teniendo la vacuna contra la pobreza” no se esté aplicando como debería. “¿Qué pasaría si tuviéramos miles de vacunas disponibles y en lugar de aplicárselas a la gente las guardásemos y les diéramos en su lugar pastillas de ibuprofeno? Pues esto es lo mismo”, añade. Las pastillas serían las prestaciones que están recibiendo en estos momentos los beneficiarios del IMV. En teoría, el IMV es una ayuda que oscila entre 462 y 1.015 euros mensuales, en función del tamaño del hogar. Sin embargo, según sus propias investigaciones, y tras reclamar esos datos al Ministerio, la cuantía media por persona es de 172 euros, mientras que para los hogares llega a los 476. “Son datos demoledores”, subraya Ramírez.

Fuentes conocedoras de la tramitación del IMV matizan que el bajo porcentaje de ejecución “no se corresponde con problemas administrativos de desembolso, como suele interpretarse una ejecución más baja de la prevista, sino que tiene que ver con que es una prestación aún en fase de despliegue”. “Como todas las políticas de esta naturaleza que se han puesto en marcha requieren un tiempo de maduración dada la naturaleza de la política, de sus beneficiarios, etcétera. La prestación está viva, sigue creciendo y va a seguir creciendo con las modificaciones que se han anunciado recientemente”, explican las fuentes.

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El todavía escaso vuelo de este manto protector no es un factor ajeno para los ministerios de Derechos Sociales y Seguridad Social. Sus titulares, Ione Belarra y José Luis Escrivá, anunciaron hace algo menos de un mes varias mejoras en la prestación del ingreso mínimo vital ―que deberán ser ratificadas en el Proyecto de Ley en sede parlamentaria―, con las que se pretende incrementar el cómputo de beneficiarios, actualmente formado por 800.000 personas (lo que no quiere decir que sean 800.000 prestaciones). El enfoque de este nuevo paquete de medidas va dirigido, además, a combatir la pobreza infantil. Durante la presentación, Escrivá indicó que 320.000 menores son hoy receptores del IMV y que existen cerca de 200.000 hogares con menores que reciben la prestación.

Las principales novedades de ese nuevo paquete de medidas que anunciaron ambos ministros (y que todavía no se encuentran en vigor por no haberse completado el trámite parlamentario) fueron, por una parte, el aumento de los umbrales de renta patrimonio establecidos para cada tipología de hogar (que oscilan entre los 16.917,60 y los 43.985,76 euros); y por otra, una serie de complementos por hijo (100 euros para los niños de 0 a 3 años; 70 euros para los de 4 a 6 años; y 50 euros para los de 7 y 18 años).

Tal y como se recoge en la partida presupuestaria de Seguridad Social, del montante inicial, 2.988,36 millones de euros, se retiraron 260,28 millones y se estableció un importe final de 2.728,08 millones. “El INSS ha registrado una disminución de los créditos para el gasto en IMV e incrementado los créditos fundamentalmente destinados a las Prestaciones Familiares”, indican fuentes del ministerio. Aunque no es la cantidad exacta, en el apartado “Resto de prestaciones familiares” se contabiliza un incremento de 258 millones, que eleva la cantidad presupuestada hasta los 1.660 millones. Para esta partida los pagos realizados ascienden a 1.343 millones, el 80,95% del total.