Atasco en las renovables: la lentitud administrativa pone en peligro un centenar de gigavatios en proyectos

El 25 de enero está marcado en rojo en las agendas de los principales actores del sector energético español. Salvo giro radical de guion en las próximas semanas, centenares de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos pasarán ese día a mejor vida si las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica no son capaces de...

El 25 de enero está marcado en rojo en las agendas de los principales actores del sector energético español. Salvo giro radical de guion en las próximas semanas, centenares de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos pasarán ese día a mejor vida si las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica no son capaces de tramitar antes las declaraciones de impacto ambiental que les permitan seguir adelante.

Si el bloqueo administrativo se mantiene, perderán de un plumazo los derechos de conexión a la red que consiguieron a partir de 2018 y los 40 euros por megavatio (MW) de potencia prevista que tuvieron que ofrecer como garantía para estar en la carrera para generar energía verde. Diferentes fuentes aseguran que la potencia instalable a futuro amenazada por la falta de tramitación se situaría cerca de los 100 gigavatios de potencia. Es el doble de la existente actualmente y las dos terceras partes de la suma total de los proyectos que están en distintas fases de tramitación administrativa.

Ese retraso es un obstáculo en la senda de descarbonización —aunque, habida cuenta del enorme volumen de gigavatios en tramitación, todo apunta a que se cumplirán con holgura— y, sobre todo, expone a las Administraciones a una cascada de reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial (un punto de conexión asegura 30 años de actividad con ingresos a precios de la energía) y de litigios para recuperar los avales por parte de los promotores.

Un portavoz del ministerio para la Transición Ecológica ha preferido no hacer comentarios ante las peticiones de este diario para hablar sobre la materia y se ha referido a las afirmaciones de la ministra Teresa Ribera repetidas en los últimos días. “No tenemos la menor intención de prorrogar los plazos. Hemos hecho una ronda con todas las comunidades, insistiendo en algo bastante obvio: ya se prorrogó el año pasado con un mensaje muy explícito sobre la importancia de resolver en plazo, y eso se mantiene”, afirmó el viernes.

“Es importante dar salida a estas decisiones: es un bloqueo que no beneficia a nadie y no se explicaría que no se resolviera en plazo. Es fundamental que las administraciones autonómicas aceleren en su tramitación”, agregó la vicepresidenta tercera, dejando la pelota en el tejado de las comunidades, donde está “la mayor parte” del atasco, según José María González Moya, director general de la asociación sectorial APPA.

Temor en aumento

La preocupación entre los promotores es creciente a medida que se aproxima la fecha límite. Fuentes del sector calculan que quedan pendientes de conseguir el preceptivo informe ambiental proyectos con una capacidad de 88 gigavatios (GW) de energía solar y otros 38 GW de eólica y que las administraciones están saturadas porque la presentación de proyectos se multiplicó por casi diez entre 2019 y 2021.

Los proyectos que cuentan con el pertinente permiso de acceso de Red Eléctrica de España (REE, hoy Redeia) pero que aún están a la espera de la luz verde de las comunidades autónomas o del Gobierno central suman casi 144 GW. De ellos, el 70% —alrededor de 100 GW, según los datos de Monitor Deloitte (la división de consultoría estratégica de la firma)— caducarán el próximo 25 de enero si antes no han conseguido el visto bueno a su declaración de impacto ambiental.

Medios escasos

“Ni las comunidades ni la Administración General del Estado estaban ni están preparadas para gestionar tantos expedientes: esta avalancha les ha pillado en mantillas”, subraya Luis Atienza, expresidente de REE y uno de los mayores conocedores del sistema eléctrico español. “Algunas, con buena intención, han recurrido a apoyo externo, pero al final los expedientes los tiene que firmar el funcionario y eso no hay forma de cambiarlo”. Los intentos para que se impusiera el criterio de silencio administrativo positivo —en plata: que la falta de respuesta de las autoridades equivalga a un sí— tampoco han fructificado.

“La Administración se tiene que dotar de más medios”, sentencia Laureano Álvarez, socio de Monitor Deloitte especializado en energía. Según sus datos, desde 2018, la potencia que tienen que revisar se ha multiplicado por siete. Y desde 2019, el número de proyectos se ha multiplicado casi por diez, “mientras que las plantillas de funcionarios siguen siendo estructuralmente las mismas”. El atasco renovable, dice, no es un fenómeno únicamente español: también se está dando en otros países europeos también: “La permisología es uno de los principales cuellos de botella para el despegue de las renovables, tanto aquí como en el resto de Europa”.

Tirar atrás los proyectos retrasaría mucho el proceso: “Si pierdes el punto de conexión, hay que esperar a que te toque uno en el concurso de REE para asignarlos”, apunta el gerente de EolicCat, Jaume Morron. Solo se ha celebrado uno de ellos y el segundo, con una capacidad de más de cinco GW que se tenía que celebrar en octubre, sigue a la espera.

Riesgo de judicialización

En algunos casos hay una cuota de responsabilidad de los promotores. En casi todos, sin embargo, es mayor la de la Administración. “Eso abre un debate sobre qué hacer: ¿dejar que mueran proyectos solo porque no pueden cumplir los tiempos fijados por la Administración por culpa de la propia Administración?”, se pregunta retóricamente. “No puede penalizar a los administrados por carencias de su propia gestión. El riesgo, además, es que se acabe judicializando todo”.

En 2020 el Gobierno aprobó un decreto, entre cuyos objetivos estaba el de acar de en medio aquellas empresas que pedían puntos de conexión a la red para parques renovables únicamente para después venderlos, por lo que calendarizaba una serie de hitos para mantenerlos en el proceso. A partir de ese momento, los puntos de conexión se repartirían por concurso y se daba de tiempo hasta principios de 2022 para obtener la DIA.

Lejos de conseguir que decayeran los proyectos dudosos, se produjo un efecto llamada ante el temor de perder esos puntos de evacuación de energía. Hasta el punto de que hoy algunos permisos de conexión superan entre tres y nueve veces la estimación de instalación de parques renovables de la regulación del Gobierno. Los promotores aceleraron los trabajos para conseguir el plácet ambiental y los presentaron. Las administraciones vieron de repente una avalancha de documentación por analizar y, ante lo que se les venía encima hace poco menos de un año, el Ejecutivo decidió alargar el plazo para digerir ese trabajo durante doce meses más. Hasta hoy, que sigue el empacho. Y las dudas en torno a una potencial nueva prórroga.

Pese a la rotunda negativa de Ribera, tanto Atienza como Álvarez, de Deloitte, apuestan por una extensión del plazo in extremis para evitar daños mayores. “Van a tener que aplicar algún tipo de prórroga inteligente: que se puedan alargar los plazos en todos los proyectos en los que el promotor ha cumplido escrupulosamente con todo. Incluso si se supera la criba del próximo 25 de enero, vamos hacia una indigestión imposible en 2024 y 2025″, desgrana el primero. “El Gobierno está pillado entre el deseo de depurar los proyectos para hacer caer los inviables y el riesgo de hacerlo por una vía que abra un proceso de litigios muy importante, con sentencias judiciales que puedan incluso retrotraer las decisiones, devolviendo los permisos de acceso a quienes se le concedieron originalmente… Lo van a tener que hacer con mucho tino, para no cargarse proyectos viables. En muchos casos la declaración de impacto ambiental acabará siendo negativa, pero en otros no”.

Incluso si en enero decaen ese centenar de megavatios pendiente de autorización, los objetivos del Plan Nacional Integrado para la Energía y el Clima (PNIEC, que se revisará al alza el año que viene) parecen a resguardo: la proliferación de proyectos de eólica y fotovoltaica en los últimos años hace que sea sustancial el margen de maniobra. “Vamos un poco por debajo de lo que deberíamos, pero no está en riesgo”, afirma el director general de APPA Renovables. Aun así, tanto González Moya como Atienza llaman a evitar cualquier relajación: “Este embudo nos frena tener un chute importante de nueva capacidad verde en los tres o cuatro próximos años. Y nos jugamos mucho: es el factor que va a hacer que tengamos la electricidad más barata en la segunda mitad de esta década y en las siguientes. Por una vez, tenemos la suerte de tener mejor recurso [sol] y más terreno que los demás. Pero no podemos permitirnos este atasco ni enredarnos en litigios”, avisa el segundo.

Un “problemón” para el sector

El presidente de la Asociación Española Eólica, Juan Virgilio Márquez, califica el asunto de “problemón”, del que culpa a la falta de capacidad de la administración. Márquez explica que la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental es la parte más pesada, porque es muy garantista y ha de salir adelante tras responder las decenas de alegaciones de cada uno de los proyectos, muchos de los cuales tienen mucha contestación social, además de superar farragosos informes como el de avifauna, para el que es necesario un año de observaciones. “La tramitación ambiental es el punto más complicado del proceso; son documentos de 2.000 páginas, y las administraciones no están dando abasto porque no tienen capacidad para asumir tanto expediente en tan poco tiempo”, agrega.

Alfonso Vargas, presidente de la patronal andaluza de promotores (Claner), muestra la fiebre de energías renovables en su comunidad con datos: los proyectos a la espera del visto bueno ambiental suman 25 GW, frente a los ya 9 instalados. “Hay una cantidad ingente, calculamos que en torno a 600. Hace un mes, la Junta dijo que no tendrían problemas en cumplir los plazos, pero yo creo que es muy complicado”. El sector ve en Extremadura, Aragón y la propia Andalucía las comunidades que más están apoyando (y, por tanto, agilizando) la eclosión de este tipo de proyectos en su territorio. En el lado opuesto figuran Cataluña, Valencia, el País Vasco y Madrid.