Guía para opositores a funcionarios, policías, jueces y otros empleados públicos

La primera aspiración laboral de los españoles, especialmente la de los más jóvenes, es ser funcionario, según todas las encuestas. La ventaja de tener un puesto de trabajo fijo prácticamente asegurado hasta la jubilación y un sueldo estable son los mayores atractivos para convertirse en empleado público. Por eso, decenas de miles de opositores tienen ahora su gran oportunidad, tras aprobar ...

La primera aspiración laboral de los españoles, especialmente la de los más jóvenes, es ser funcionario, según todas las encuestas. La ventaja de tener un puesto de trabajo fijo prácticamente asegurado hasta la jubilación y un sueldo estable son los mayores atractivos para convertirse en empleado público. Por eso, decenas de miles de opositores tienen ahora su gran oportunidad, tras aprobar el Gobierno este año la mayor oferta de empleo público (OEP) de la historia, con 39.574 plazas. Cubrirán puestos de funcionarios de los distintos ministerios y organismos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, hasta sanitarios, policías, guardias civiles o jueces. Eso sí, deberán darse prisa e hincar los codos para prepararse los temarios. Las plazas se convocarán antes de que acabe este año y los nuevos funcionarios estarán ya trabajando en sus puestos como máximo en dos años. Este es el detalle de los plazos, las condiciones y los requisitos de la oferta, a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que publicará este miércoles el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuántos puestos de trabajo se ofertan?

El número total de plazas es de 39.574, un 15,8% más que las que se ofertaron en 2022, aunque de ellas los opositores solo se beneficiarán de 27.246 destinadas a nuevo personal (las llamadas de turno libre), ya que otras 12.328 son de promoción interna para funcionarios que ya trabajan en la Administración y quieren ascender de puesto.

¿Cuál es la distribución por organismos?

Del total, 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso. A Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 serán de nuevo ingreso. Para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, (2.600 de nuevo ingreso), mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas (2.520 de nuevo ingreso).

Para la Seguridad Social, habrá 1.025 plazas con el fin de gestionar el ingreso mínimo vital, 500 plazas en la escala de funcionarios que desarrollan su trabajo en la Administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras que facilitan la atención presencial y asistencial a la ciudadanía en trámites como la concesión de la pensión de jubilación. En Hacienda (inspectores, técnicos, personal laboral y otros), se destinan 2.010 plazas.

Dentro de la Administración del Estado hay reservadas 600 plazas en el ámbito de las tecnologías de la información: 200 plazas en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información; 100 plazas en el Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática y 300 plazas en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

¿Cuándo se convocarán las oposiciones?

Una vez que este miércoles se publique en el BOE la Oferta Pública de Empleo total, cada uno de los organismos de la Administración del Estado (ministerios, Seguridad Social, Policía y Guardia Civil, etcétera) tienen que publicar sus respectivas convocatorias para cubrir las plazas asignadas antes del 31 de diciembre de 2023. No obstante, la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición tendrá que tener lugar en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la publicación de cada convocatoria específica en el BOE. Es decir, que el primer examen de cada oposición obligatoriamente tendrá que realizarse como máximo antes del 31 de marzo de 2024.

¿Cuántas pruebas habrá y cuánto durarán?

Los distintos organismos incluirán en la convocatoria una previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición que, salvo causa justificada, no podrá ser superior a nueve meses desde la primera prueba. Además, las convocatorias deberán prever que los órganos de selección hagan público un cronograma orientativo con las fechas de realización de las distintas pruebas. En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, el plazo máximo que puede transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales. Para asegurar la agilización de los procesos se intentará que la fase de oposición tenga un máximo de cuatro pruebas.

¿Qué requisitos se exigen para presentarse?

Una vez que se publiquen el temario y las fechas de examen, los aspirantes deben inscribirse a través de un formulario, pagando la tasa correspondiente en el banco y presentando la documentación que se especifiquen en la convocatoria (titulación, fotocopia DNI, etcétera) de manera presencial en un registro oficial, o completando todo el proceso a través de Internet.

Para presentarse, hace falta tener la nacionalidad española; haber cumplido al menos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas; disponer de la titulación exigida para acceder a la oposición correspondiente, y no estar inhabilitado para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

¿Cómo serán los exámenes?

Obviamente, las pruebas serán muy distintas según el organismo que las convoque, pero con carácter general se deberán incluir también pruebas de tipo práctico además de las teóricas. Los departamentos ministeriales utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias y el desarrollo de los procesos selectivos y adoptarán medidas concretas al objeto de reducir las cargas administrativas. Los exámenes se llevarán a cabo en todo el territorio nacional y, para ello, las convocatorias contendrán una habilitación para que los tribunales calificadores adopten las medidas necesarias para descentralizar al máximo posible la realización de las pruebas y la lectura de los ejercicios.

De igual manera, las convocatorias podrán establecer la forma y procedimiento a seguir en el uso de los medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para posibilitar el desarrollo descentralizado de las pruebas selectivas o de algunas de sus fases.

En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo o de parto, alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo en cualquiera de sus fases o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas. La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

De acuerdo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reservará un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, de las que el 2% de las plazas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5% para cualquier otro tipo de discapacidad.

¿Habrá segunda oportunidad para los que no aprueben?

Con carácter general, las bases de las convocatorias de los procesos selectivos podrán establecer la conservación de la nota de los ejercicios, siempre que supere el 60% de la calificación máxima prevista para el correspondiente ejercicio. La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, cuando el contenido del temario y su forma de calificación sean análogos.

Además, las plazas no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2023, incluidas las que ya hayan sido publicadas.

¿En qué lo notará el ciudadano?

El incremento de funcionarios agilizará los trámites más comunes como la concesión de una jubilación o el reconocimiento de la prestación de desempleo. La demora en estas tramitaciones es una de las principales quejas de los ciudadanos desde el fin de la pandemia. Así, cuando se solicita una pensión contributiva en la Seguridad Social, las personas interesadas pueden llegar a esperar hasta un mes y medio para lograr una cita presencial, y otros dos meses más para formalizar los distintos trámites y cobrar la prestación económica. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas plazas va destinada a cubrir los puestos de funcionarios que se jubilan, lo que se llama la tasa de reposición. Así, del total de la oferta de nuevas plazas, 18.621 serán para reposición y solo 8.625 supondrán nuevos empleos netos. Y es que uno de los más graves problemas de la Administración es el envejecimiento de su plantilla, que hay que reponer por la alta tasa de jubilados cada año. La edad media del personal público se sitúa en los 51,3 años, con más del 64% del personal por encima de los 50 años y con una estimación de jubilaciones a 10 años del 58,6% de la plantilla actual.

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