La OCDE alerta de que la economía sumergida concentra el 60% de la mano de obra mundial

Combatir la economía sumergida sigue siendo uno de los problemas más complicados de resolver para todos los países del mundo. Singularmente, porque bebe de las circunstancias particulares en las que se desempeña la fuerza de trabajo, y, por ende, del enclave sociopolítico que la lleva a apartarse del sistema. El resultado es una simbiosis tan arraigada que requiere de una transformación global compleja. Según un estudio de la ...

Combatir la economía sumergida sigue siendo uno de los problemas más complicados de resolver para todos los países del mundo. Singularmente, porque bebe de las circunstancias particulares en las que se desempeña la fuerza de trabajo, y, por ende, del enclave sociopolítico que la lleva a apartarse del sistema. El resultado es una simbiosis tan arraigada que requiere de una transformación global compleja. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado este martes, seis de cada diez trabajadores operan hoy al margen de la legalidad a nivel mundial, la mayoría de ellos en economías en desarrollo y emergentes. Y lo que es peor de cara al futuro: sus hijos están predestinados a seguir los mismos pasos. Solo un refuerzo del escudo social y la implementación de políticas para el desarrollo de competencias pueden acabar con este círculo vicioso, según el organismo.

En el documento, de 166 páginas y titulado Romper los círculos viciosos del empleo informal y el trabajo mal pagado, la organización internacional —que agrupa a 38 países, en su mayoría naciones industrializadas— advierte de que las personas que tienen un trabajo informal representan el 60% de la mano de obra mundial. Como empleo informal se incluye a quienes están dentro de la economía sumergida, un nicho de trabajadores entre los que los peor pagados tienen más probabilidades de caer en la pobreza, y de tener dificultades relacionadas con la salud y la vejez. Tanto ellos como los miembros de sus hogares.

En esta línea, el documento advierte de que resulta “extremadamente infrecuente” que los trabajadores en esta situación cambien de bando y pasen al empleo regulado (o formal), y advierte de las condiciones negativas que tiene en muchos casos este trasvase. “Incluso cuando se producen estas transiciones no se traducen necesariamente en una mejora de los ingresos de los trabajadores más pobres”, apunta el texto.

Esto es así, según un extenso análisis, por el bajo perfil formativo que define a estos trabajadores: cerca del 45% tienen, como mucho, un nivel de educación primaria —mientras que son solo el 7% de los que tienen un empleo regulado—. Un déficit que les impide optar a puestos regulados con mayores retribuciones. “Esto dificulta la adopción de nuevas tecnologías y la productividad, perpetuando el empleo informal y manteniendo un círculo vicioso intrageneracional de informalidad”, agrega.

La predestinación de los hijos de trabajadores irregulares a replicar la situación de sus progenitores es una de las principales luces rojas que remarca el trabajo de la OCDE. “Esto se debe a que su asistencia a la escuela, a partir del nivel primario, es menor que la de otros niños”, explica el texto, porque sus padres “dedican menos recursos financieros y tiempo a su educación”. De ahí que las transiciones de la escuela al trabajo “son más largas e inciertas para ellos”.

Más oportunidades

Junto con la fotografía del empleo precario, el informe de la OCDE también detalla en qué aspectos deberían centrarse los países para atajar esta realidad. Y ahonda especialmente en dos: el refuerzo del escudo social y las políticas para el desarrollo de competencias. Es posible ampliar la protección social a los trabajadores de la economía informal “con una combinación de regímenes contributivos y no contributivos” y con la “movilización de ingresos adicionales [...] mediante el refuerzo del cumplimiento y la aplicación de las obligaciones fiscales, de forma que no se incremente desproporcionadamente el coste de la formalización”.

De acuerdo con las políticas de desarrollo de competencias, el organismo internacional considera fundamental “crear más oportunidades específicas de formación [...] y programas públicos de desarrollo de competencias adaptados a sus necesidades”. Esto es, a través de vías de reconocimiento de las competencias adquiridas a través del trabajo informal. El texto concluye que los responsables políticos deben reconocer que “algunos trabajadores nunca podrán abandonar los empleos informales mal remunerados”, y, por ello, deben enfrentar esta doble carga a partir de “políticas de remuneración que aborden la desigualdad” como el establecimiento “de salarios mínimos efectivos” y “medidas para mejorar el poder de negociación de estos trabajadores”.

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