Medio siglo de movilizaciones agrarias: rentabilidad a la baja y división entre organizaciones

Las manifestaciones en el campo han sido una constante en el último medio siglo en España. Desde protestas de carácter regional a grandes movilizaciones por todo el país, los tractores han tomado periódicamente tanto los arcenes de las carreteras como las ciudades. El mayor ejemplo han sido varias concentraciones masivas celebradas en Madrid. Estas han llegado a congregar a más de 200.000 personas, incluso a 500.000, según los organizadores de la Marcha Verde que concluyó en la plaza de España en 1993. Otras acabaron en la glorieta de Atocha (oficialmente conocida como plaza del Emperador Carlos V), donde se ubica la sede histórica del Ministerio de Agricultura.

Aunque con diferentes detonantes —precios, fiscalidad, gasóleo, costes, procesos de comercialización, distribución, mercados…— la base de todas las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos constituía una sola: la rentabilidad de la actividad agraria. A estas demandas se han sumado en los últimos años las protestas frente a las exigencias medioambientales de Europa, por motivos como el abandono de tierras, la rotación de cultivos, el laboreo en pendiente o la reducción del uso de fitosanitarios y abonos. Tampoco han faltado algunas reivindicaciones de carácter nacional, como la protección del lobo o la quema de rastrojos.

Todo ello se ha desarrollado en un escenario de relaciones con la Administración que ha pasado por diferentes etapas, desde la dificultad de las negociaciones con el socialista Carlos Romero en los años ochenta, hasta la época en que la popular Loyola de Palacio se colocaba por su cuenta al frente de una manifestación de olivareros. El actual ministro, Luis Planas, es visto en el sector como alguien receptivo, que aboga por el diálogo y critica las posiciones de la Comisión Europea. Pero también alegan que debería tener una postura más dura en defensa del sector, tanto en Madrid como en Bruselas.

Junto a las demandas profesionales para el desarrollo rentable de la actividad agraria, las movilizaciones de las últimas décadas, aunque en muchos casos se han hecho de forma unitaria entre las organizaciones agrarias, también han sido (y son) un vehículo para demostrar la fuerza y representatividad de cada sigla. O la ocasión para aflorar movimientos alternativos para estar en las mesas de negociación. Por ejemplo, las primeras reivindicaciones a principios de los años setenta fueron las denominadas guerras del pimiento, el maíz o el tomate en el Valle del Ebro, donde tenían ya un germen las uniones de agricultores y ganaderos.

Sin embargo, en la historia de las movilizaciones agrarias, un punto de referencia lo constituyen las tractoradas de 1977. No por los logros inmediatos, sino por lo que supusieron para el despegue de una nueva representatividad en el campo que certificó la defunción de las Cámaras Agrarias existentes durante el franquismo. Como consecuencia de los bajos precios de la patata, un millar de agricultores convocados por la Unión de Agricultores se reunó una noche en las canteras de Rodezno (La Rioja). Pese a la vigilancia de la Guardia Civil, decidieron movilizarse y de madrugada, por sorpresa, cientos de tractores encabezados por la Unión fueron aparcando en los arcenes de las carreteras regionales. A la vez, las siglas de la organización COAG hacían lo mismo en otras provincias cercanas como Navarra, Burgos y León. Aquello concluyó con una movilización nacional de más de 100.000 tractores parados en los márgenes de numerosas vías.

En aquella primera gran movilización agraria, había dos objetivos claros: la rentabilidad de la actividad y clarificar la representatividad del sector. Con COAG, también se consolidaba en aquellas protestas la Confederación de Agricultores, hoy Asaja, que daba cobijo a muchos dirigentes de las antiguas Cámaras Agrarias. Eran tiempos en los que la política nacional se basaba en el Fondo de Ordenación y Regulación de la Producción y de los Precio Agrarios (FORPPA), a través del cual se pactaban unos precios que asegurasen la rentabilidad. La negociación de cada año se prolongaba durante días hasta altas horas de la madrugada, en muchos casos con los agricultores manifestándose en las puertas.

Llegada de Bruselas

Las negociaciones nacionales de los precios, con los mismos objetivos, fueron sustituidas por las celebradas en Bruselas desde 1986. En la década de los noventa se evolucionaría hacia unos precios mínimos y mecanismos complementarios de los mercados. Y hoy, sin precios fijos, el sector cuenta con los apoyos directos comunitarios, aunque no llegan con la misma intensidad a todas las producciones, y con algunos mecanismos para defender los mercados. Las quejas se centran en los ajustes en los fondos y en la política de comercio exterior, cuando por intereses de abastecimiento de algunos países del norte aumentan las importaciones masivas de productos que no han sido obtenidos con los mismos requisitos medioambientales en su laboreo o crianza que se exigen a las explotaciones comunitarias.

Desde la perspectiva del asociacionismo, hoy son cuatro las grandes organizaciones del campo: Asaja, UPA, COAG y Unión de Uniones, aunque esta última no tiene un sitio en las mesas de negociación estatal acorde con su evidente peso en el sector. Las nuevas movilizaciones suponen abrir otro debate sobre la representatividad, tras años de no acudir a las urnas y la aparición de convocatorias a través de redes sociales sin unas siglas claras detrás. Otra razón de peso para estar todos en las carreteras.

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