Sumar pide al Gobierno que prohíba la compra de vivienda a los extranjeros y el PSOE se opone

Sumar quiere que el Gobierno prohíba durante tres años la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y de personas no residentes en España. Así se recoge en una proposición no de ley que, a propuesta de dos diputados de Compromís —que concurrió a las últimas generales en la coalición encabezada por Yolanda Díaz y se engloba en su grupo parlamentario— ha sido presentada este martes ante la Comisión de Vivienda del Congreso. Este órgano la ha r...

Sumar quiere que el Gobierno prohíba durante tres años la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y de personas no residentes en España. Así se recoge en una proposición no de ley que, a propuesta de dos diputados de Compromís —que concurrió a las últimas generales en la coalición encabezada por Yolanda Díaz y se engloba en su grupo parlamentario— ha sido presentada este martes ante la Comisión de Vivienda del Congreso. Este órgano la ha rechazado con el voto, entre otros, del PSOE, que intentó pactar una enmienda con sus socios de Ejecutivo sobre la que finalmente no ha habido acuerdo.

Así lo ha anunciado en su turno de palabra en la comisión la socialista Isabel María Pérez. “Estamos de acuerdo en la filosofía de la propuesta, pero con matices”, ha asegurado. “Hemos presentado una enmienda pero pensamos que no se va a aceptar, por lo que no podremos apoyar esta proposición no de ley”, ha añadido, certificando una diferencia más entre los socios de Gobierno en materia de Vivienda.

En la proposición que se ha votado y ha sido rechazada, Sumar “insta al Gobierno” a prohibir la venta de suelo o viviendas que sean propiedad del Estado, más allá de “su transmisión gratuita a otras entidades para su transformación en parque público de alquiler”. Y remarca que se refiere “específicamente” al patrimonio de Sareb (conocida como banco malo, que tiene algo más del 50% de capital estatal), de Adif (el gestor público de las infraestructuras ferroviarias) y de Defensa (con terrenos militares que se consideran recalificables y en los que el Ejecutivo estimó que podría construir unas 20.000 casas). Como segundo punto, se pedía “una moratoria de 36 meses” para que personas no residentes en España o fondos de inversión compren vivienda en España. El objetivo, señala la proposición no de ley, es “frenar la especulación, particularmente en las ciudades más turísticas”.

El diputado Alberto Ibáñez, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha defendido que otros países, como Canadá, han adoptado medidas semejantes que prohíben la adquisición de casas por parte de extranjeros. “Las casas son finitas, si alguien compra para no vivir, especular o venir un par de días al año, el resto no pueden emanciparse”, ha argumentado el político, que fue elegido como número dos por Valencia en la coalición de Yolanda Díaz a propuesta de Compromís. En la presentación de la iniciativa, ha añadido que el turismo de masas “mercantiliza la vivienda”.

Para el PSOE, pese a compartir parte del fondo, las soluciones no son aceptables. El texto alternativo con el que intentó salvar el consenso limitaba las acciones a aplicar en el parque estatal al “sector público instrumental”. En el entorno de Compromís señalan que era una manera de excluir de la petición a la Sareb, la compañía público-privada que se creó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y que acumula miles de activos inmobiliarios que los bancos descargaron para liberar sus balances de ladrillo tóxico. Aunque el Estado tomó la mayoría de capital en 2022, casi la mitad sigue en banco de entidades privadas. En cuanto a la prohibición de compra a extranjeros, la contrapropuesta socialista se limitaba a instar al Ejecutivo a “buscar fórmulas para incentivar” la venta y el alquiler a residentes en España”.

Sin acuerdo con el texto definitivo, se ha votado el presentado originalmente por Sumar, que ha contado con el apoyo de los representantes de este grupo en la comisión, más los de Bildu, ERC y Podemos (la exministra Ione Belarra, que pertenece al grupo mixto y había presentado a su vez una proposición no de ley para limitar la compra de vivienda por parte de no residentes en Baleares y Canarias, también rechazada). Vox y Junts se han abstenido, y el resto han votado en contra con una mayoría aplastante.

La comisión ha servido además para evaluar en total ocho proposiciones no de ley, iniciativas con las que el Congreso insta al Gobierno a estudiar o promover determinadas acciones, pero que a menudo se quedan en lo simbólico. Se han aprobado tres: una del PSOE pidiendo un refuerzo de las ayudas de alquiler a los jóvenes, una del PP que pide la reforma de la ley de vivienda para no vulnerar medidas autonómicas y una tercera, también del principal partido de la oposición, para facilitar el acceso de los jóvenes en la vivienda. En esta última hubo empate de síes y noes a 18 votos, por lo que hubo que recurrir al voto ponderado para comprobar que los partidos que la apoyaban (PP, Vox y Junts) suman mayoría en la cámara baja.

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