El Consejo Regulador de Ribera del Duero ve con “preocupación” el aumento de macrogranjas y plantas de biogás

El Consejo Regulador de Ribera del Duero, una de las Denominaciones de Origen (DO) más importantes internacionalmente de producción vitivinícola, se posiciona contra la proliferación de macrogranjas y de plantas de biogás, que requieren purines para su funcionamiento, en las proximidades de los viñedos. El consejo ha emitido este lunes un comunicado para que las “Administraciones competentes adopten medidas tendentes a salvaguardar el futuro del viñedo de la DO y evitar que se ponga en riesgo a las bodegas y el enoturismo de la zona”.

El órgano “manifiesta su preocupación ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, próximas a terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos”. Castilla y León vive en los últimos años un auge de estas instalaciones, fuente asimismo de controversia con los lugares donde se instalan. El consejo afirma haber remitido la problemática al ministerio de Agricultura.

El comunicado incide en el apoyo a cualquier iniciativa que fomente o impulse los lugares donde crecen los viñedos, que abarca territorios de las provincias de Valladolid, Burgos, Soria y Segovia, pero reniega de aquellos que comprometan “la principal economía y forma de vida de la comarca: los proyectos en torno al vino y el enoturismo”. La entidad reivindica que “Ribera del Duero es una región vinícola de referencia nacional e internacional”, con las bodegas como agente inversor en los municipios que las acogen, lo que genera empleo y desarrollo. Por tanto, “el Consejo Regulador y los operadores inscritos de la Denominación no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural porque ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vitivinícolas”.

Esa clase de negocios, añade el consejo regulador, “invaden y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona”. Las empresas integradas en la DO destacan que hay “alternativas viables” para que tales macrogranjas o plantas de tratamiento de purines se instalen en entornos rurales con menor afección que en los alrededores de sus viñedos. El colectivo asegura haber recibido quejas de diversas bodegas y asociaciones, que han elevado, tras reunirse con productores de ganado intensivo y elaborar informes técnicos, al Ministerio de Agricultura. En ese proceso han hallado otras denominaciones de origen preocupadas por situaciones similares.

La denominación Ribera del Duero, insiste el texto de protesta, no puede desarrollar su función en otros territorios. En cambio, esas actividades que califican como “excluyentes” sí “pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción”. El consejo remarca que una actividad “invade con sus emisiones el ámbito de la otra” y que ambas no están “en pie de igualdad”. Por eso ven “urgente” evitar proyectos perjudiciales para “la principal fuente de riqueza” de la zona además de “uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar”.

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