Sherlock Holmes en el rellano: los detectives llegan a las comunidades

Casos sobre prostíbulos, subarriendos y alquileres de renta antigua se acumulan en las agencias de los detectives privados. Estos profesionales cada vez son más solicitados por las comunidades de propietarios para poner freno a las actividades molestas e ilícitas que se dan en un edificio. Un 10% de los servicios contratados están relacionados con las comunidades de vecinos, según la Asociación Profe...

Casos sobre prostíbulos, subarriendos y alquileres de renta antigua se acumulan en las agencias de los detectives privados. Estos profesionales cada vez son más solicitados por las comunidades de propietarios para poner freno a las actividades molestas e ilícitas que se dan en un edificio. Un 10% de los servicios contratados están relacionados con las comunidades de vecinos, según la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), que aglutina a 20.000 profesionales y 1.500 despachos.

Los pisos de renta antigua figuran como la principal causa de contratación de detectives. “En los alquileres de renta antigua existe un fraude porcentual de entre un 10% y un 20% en las grandes ciudades, que el arrendador muchas veces desconoce”, comenta Daniel Fontanals, socio gerente de Fontanals Cabré Detectives, que trabaja en el sector desde 1990. El propietario sabe que alquilar su piso a precio de mercado le podría reportar un 1.000% de rentabilidad mensual y, aunque tiene sus sospechas de que se está incumpliendo el contrato de renta antigua, en la mayoría de los casos, no sabe cómo demostrarlo.

Uno de los 1.000 casos en los que ha trabajado Rafael Pisa, gerente de RPB Detectives, desde 2016 tiene como protagonista a una persona mayor con un contrato de alquiler de renta antigua en una casa situada en Talavera de la Reina. “Los trabajos realizados consistían en demostrar que la vivienda se encontraba deshabitada, por un lado, y que la titular del contrato residía, de manera habitual, en otra finca de la comarca”, explica. El artículo 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 establece como causa de finalización de la prórroga de un contrato de renta antigua que el inquilino ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades.

“La observación del inmueble y los intentos fallidos de que nos abriera la puerta en diferentes ocasiones, así como la localización de la titular en otra finca de su propiedad en la que se le llegó incluso a entrevistar, con lo que se llama en el argot de la investigación una pantalla creíble, dieron resultado positivo en sede judicial”, relata Pisa.

Si el detective puede evitar ser visto, lo hará, ya que este tiene que ser el último recurso, cuenta Antonio Labrador, vicepresidente de la APDPE. “No hace falta identificarse como detective, pero en ningún caso lo hará como otra persona. Si tienes que llamar a esa puerta es porque tienes una información concreta y muy veraz”, dice.

No obstante, los detectives utilizan la figura del subterfugio o, lo que es lo mismo, “disfrazar” el motivo de su visita o llamada, pero sin usurpar personalidad física o jurídica real. Podría definirse como un disfraz psicológico, muy habitual cuando se trata de resolver casos de prostitución. “Aunque normalmente las comunidades contratan a detectives para conseguir probar ante los tribunales actividades ilícitas, como pueden ser el arrendamiento turístico, cuando está prohibido por los estatutos, o subarriendos ilícitos de inmuebles propiedad de la comunidad, como la vivienda de la portería, lo más habitual es el ejercicio de actividades relacionadas con la prostitución, en la cual el detective acude a la vivienda haciéndose pasar por un cliente”, relata un abogado.

Prostitución

Según Fontanals, para este tipo de asuntos, “lo primero es intentar recabar el teléfono a través de las páginas de contactos. A partir de ahí planificamos la investigación”. “La prueba del delito es la transacción de dinero realizada. Posteriormente se recaba toda la información y se constata que se trata de un negocio habitual. La inmensa mayoría de estas cuestiones acaba en acuerdo y no llega a los tribunales”.

La casuística para contratar a un detective es amplia: desde un propietario que recupera su vivienda al poder demostrar que su inquilino la subarrendaba como piso turístico o por habitaciones hasta una comunidad con personal que no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, un portero con una baja laboral fingida. Recientemente, comenta Fontanals, un propietario ha podido demostrar que un inquilino que no pagaba la renta y que se declaraba vulnerable económicamente, bajo los supuestos legitimados por la Ley de Vivienda, no lo era en realidad: “Hemos observado un aumento exponencial de estos casos para obtener ventajas económicas”. La labor del detective en estos asuntos se basa en investigar y demostrar la situación económica real del inquilino.

En los últimos años también se están contratando los servicios de las agencias de detectives cuando la casa o local se utiliza como narcovivienda, corroboran los abogados consultados y la APDPE.

Sea cual sea el encargo, una máxima es la discreción. Aunque podría darse el caso de que se realizase alguna entrevista o consulta con algún vecino, que fuese de interés para la investigación, “estas no suelen ser relevantes, ya que tendrían que testificar si fuese requerido en el proceso judicial, y siempre pueden retractarse alegando diferentes motivos”, argumenta Rafael Pisa, gerente de RPB Detectives. En su opinión, si no es estrictamente necesario, lo mejor es pasar lo más inadvertido posible, pues una pregunta inadecuada a un vecino puede levantar sospechas y comentarios que darían al traste con la investigación.

De la misma opinión es Antonio Labrador, vicepresidente de la APDPE, para quien el detective es un profesional solitario que por su formación y experiencia sabe cómo sacar una información. “Lo habitual es que el detective haga su trabajo de forma sigilosa y sin intromisión. Ese es su éxito, no tener que utilizar fuentes externas y menos en una comunidad de propietarios”.

Cuando el caso afecta a la comunidad, “nos encontramos con que el presidente o el administrador de la finca están obligados a informar a todos los vecinos del dinero que se va a invertir, lo que hace levantar la liebre. Normalmente las contrataciones son por parte de las personas afectadas”.

El precio de los servicios varía según la estimación de horas trabajadas y los medios que se van a emplear. La tarifa por hora está en 70 euros de media, calcula la APDPE.

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