La pesada carga de la regulación

Las cifras de ejecución de fondos europeos en nuestro país son, una vez más, una muestra de que algo no funciona. El marco financiero que encajaba los fondos estructurales para el periodo 2014-2021 ha mostrado durante todo el tiempo un ritmo de ejecución excepcionalmente bajo. Los fondos Next Generation, a su vez, nos recuerdan, una vez más, que en España es muy difícil movilizar la ejecución de inversiones, al menos cuando están dirigidas por...

Las cifras de ejecución de fondos europeos en nuestro país son, una vez más, una muestra de que algo no funciona. El marco financiero que encajaba los fondos estructurales para el periodo 2014-2021 ha mostrado durante todo el tiempo un ritmo de ejecución excepcionalmente bajo. Los fondos Next Generation, a su vez, nos recuerdan, una vez más, que en España es muy difícil movilizar la ejecución de inversiones, al menos cuando están dirigidas por las administraciones. Estas, por decirlo suavemente, están diseñadas para no ejecutar este tipo de gasto.

Es evidente que esta dificultad responde, en parte, a la naturaleza procedimental imperante en las administraciones. Tras años de destapes de casos de corrupción, las garantías para los procedimientos son tales que hoy en día es muy complicado dar un paso dentro de un procedimiento si el funcionario o cargo de turno no tiene garantías por duplicado o triplicado de que todo es correcto y conforme a la norma. Informes, dictámenes, firmas y más firmas retrasan los procedimientos. Por otro lado, la Ley de Contratos del Sector Público de 2018 es compleja y termina incentivando el uso de procedimientos simples, pero de más fácil control, aunque esto implique retrasar dichos procedimientos. Tal es la complejidad y la dificultad de la gestión de contratos en este país que los cursos para funcionarios sobre la ley se convierten más en sesiones terapéuticas sobre su gestión que en módulos de aprendizaje. Lo he visto.

Pero hay más. Hace unos días, Juan Mora-Sanguinetti, economista sénior de Banque de France y antes en el Banco de España, y sus coautores publicaron un trabajo donde evaluaban los efectos de la regulación o, mejor dicho, la sobrerregulación. Lo que uno esperaba es precisamente lo que encontraba, pero inteligentemente ellos han sido capaces de medir el efecto: el exceso de regulación implica un obstáculo para la inversión y el crecimiento. Un Estado, 17 comunidades autónomas y miles de corporaciones locales generan un corpus regulatorio que dificulta agilizar cualquier inversión. Y es que aquí entramos en otra cuestión. Los parlamentarios, ya sean del Estado o de las comunidades, incluso los concejales, tienen incentivos a regular. Qué mejor modo de demostrar al electorado que un parlamentario se gana el sueldo por regulación que impulsa y aprueba, por decreto ley o ley orgánica que proponen. Y además se vende como algo bueno el demostrar que se regula, como si así lo fuera por defecto.

Pero además de un exceso de regulación, nos enfrentamos a un hecho que, en la sombra, también genera obstáculos en la ejecución de inversiones, tanto públicas como privadas. Proveniente de varios niveles de la administración, la regulación en España a veces se solapa, a veces se contradice y, en ocasiones, es complejo comprender cuál de ellas prevalece. Es más, incluso dentro de una misma administración a veces no hay manera de articular una regulación coherente sobre un tema después de años de decretos, ómnibus, transitorias o adicionales, más aún cuando la práctica de refundir textos no existe en muchos casos.

Una de las expresiones más negativas ocurre cuando un procedimiento administrativo requiere obtener permisos e informes favorables de varias administraciones. He tenido la oportunidad de vivirlo. Aunque una administración pueda ser consciente de esto y proponer simplificaciones procedimentales para agilizar inversiones, el proceso se retrasa hasta que la administración más lenta resuelva su expediente. No sirve de nada que una administración haga esfuerzos para agilizar si otra no lo hace en un Estado descentralizado como el nuestro. Incluso inversiones de miles de millones pueden detenerse debido a las dudas de un funcionario municipal, poniendo en peligro cientos de empleos en una actividad de alto valor añadido. Vivimos una etapa de reformismo impuesto por la ejecución de un plan económico. En este contexto, deberíamos exigir un pacto entre las administraciones, así como una acción estatal, que extienda a todos los niveles de gestión el objetivo de simplificación y desregulación dentro de unos marcos aceptables. Sin esto, continuaremos ejecutando poco y, en muchos casos, de manera deficiente.

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