Gobierno y comunidades comprarán medio millón de ordenadores y tabletas para los colegios

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este martes un programa específico de 260 millones de euros para la distribución de 500.000 dispositivos electrónicos para cerrar la brecha digital en el sistema educativo. Los ordenadores y tabletas tendrán acceso a Internet y serán entregados a los centros públicos, que serán los dueños de los mismos y a su vez los prestarán a lo...

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este martes un programa específico de 260 millones de euros para la distribución de 500.000 dispositivos electrónicos para cerrar la brecha digital en el sistema educativo. Los ordenadores y tabletas tendrán acceso a Internet y serán entregados a los centros públicos, que serán los dueños de los mismos y a su vez los prestarán a los estudiantes que los necesiten. El objetivo, ha declarado Celaá en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, es que “todo el alumnado tenga el acceso garantizado”, a diferencia de los problemas de desconexión que se han puesto de manifiesto durante este periodo de cierre escolar, en el que prácticamente la única forma de enseñanza ha sido a distancia. El Ejecutivo también ha aprobado, en paralelo, ayudas para las universidades.

El programa de digitalización de las escuelas tiene una dotación total de 260 millones de euros. De ellos, 190 los pondrá el Gobierno, a través de la empresa pública Red.es, y el resto, 70 millones, deberán aportarlo las comunidades que se adhieran. Los territorios podrán utilizar para ello parte del dinero que reciban del fondo de 2.000 millones que el Gobierno se ha aprobado este martes, en una decisión aparte, transferir a las autonomías (y que se distribuirá en función de la población escolar). Los dispositivos electrónicos irán solo a centros públicos porque la práctica totalidad de la partida de Red.es procede de fondos Feder, que según indican fuentes del Ejecutivo solo pueden ir a colegios e institutos de titularidad pública.

11% del alumnado

Las cifras ofrecidas por Celaá en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros supone que cada ordenador o tableta costará, incluyendo la conexión a Internet que lleve aparejado, 520 euros. Su número representa el 9,7% de los 5,5 millones de alumnos de la enseñanza pública preuniversitaria. Pero si se toman solo los estudiantes de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que serán sus desinatarios naturales, el porcentaje cubierto con el nuevo programa se eleva al 11,6%.

No existe un censo claro de cuántos alumnos han sufrido la desconexión durante el cierre escolar. Las comunidades autónomas han ofrecido datos difícilmente conciliables, basados en sondeos o en la información que les han proporcionado los centros. Los porcentajes de alumnos desconectados declarados por las comunidades han oscilado, por ejemplo, entre el 2,5% de Castilla-La Mancha, el 2,9% de Andalucía, el 3% de Murcia, el 4,5% de Cataluña y el 10% de Navarra. El Ministerio de Educación ha señalado este martes que, según la edición de 2018 del informe PISA, el 9% de los alumnos no dispone de ningún ordenador en su casa.

La Fundación Cotec, especializada en innovación, advirtió en abril de la gran desigualdad social aparejada a la brecha digital. Si se divide a los hogares con alumnos preuniversitarios en cuatro grupos según su nivel de renta, el 14% de los más pobres no tienen ningún ordenador en casa y el 44% solo uno. En el siguiente grupo dichos porcentejes alcanzan el 4% y el 33% respectivamente. Las diferencias también son pronunciadas en función de la titularidad de la red. “Los centros públicos atienden de manera mayoritaria a los alumnos de entornos socioeconómicos más vulnerables”, señala el documento titulado Covid-19 y Educación, problemas, respuestas y escenarios, escrito por Ainara Zubillaga y Lucas Gortázar.

Padres teletrabajando

Leticia Cardenal, presidenta de la federación de asociaciones de padres mayoritaria en la pública, Ceapa, subraya, además, que en un escenario de confinamiento como el que se ha vivido y puede repetirse, tener un ordenador o incluso dos en un hogar con frecuencia no es una garantía. "Si en una casa viven cuatro o cinco personas y los padres teletrabajan, siguen faltando ordenadores", afirma Cardenal.

Las comunidades han puesto en marcha planes para repartir tabletas y tarjetas de datos para paliar la falta de acceso a la enseñanza online que los hechos demuestran que no han solucionado del todo el problema. Hace dos meses y medio, Kiko Romero, estudiante de segundo de bachillerato en un instituto público de Madrid, contaba en este periódico que estaba siguiendo la docencia a través del móvil, y este martes seguía igual. “No he tenido ordenador ni wifi para preparar la selectividad, lo he estado haciendo todo con el teléfono. Al final te haces a ello, pero es complicado. Ha habido clases en las que te subían la nota por ver vídeos y no he podido verlos, y tampoco he seguido las clases online porque no me llegaban los datos”, dice. Romero ha descartado estudiar Medicina porque no cree que vaya a tener suficiente nota. En las últimas semanas de estado de alarma ha pasado de pensar en hacer Enfermería a decantarse por Psicología.

Paquete para las universidades

El Gobierno ha aprobado también un paquete de 400 millones de ayuda para el comienzo de curso en las 50 universidades públicas españolas (48 imparten grados). De esta forma el Ejecutivo quiere paliar las necesidades de las universidades derivadas de la crisis provocada por la covid-19. Es decir, tal y como se afirmó en el documento de recomendaciones para el próximo curso del Ejecutivo, que se destinen fondos a mejorar las plataformas informáticas, acondicionar los espacios para mantener el metro y medio de separación interpersonal o formar a los profesores sin preparación para impartir las clases a distancia. Estos 400 millones son el 20% del fondo adicional para fines educativos que el Gobierno va a entregar a las comunidades para el inicio del curso, que asciende a 2.000 millones.

Los 400 millones se distribuirán entre las autonomías en función de la población de 17 a 24 años de cada comunidad en 2019, según las cifras del Padrón de 2019. Manuel Ortega, secretario de Universidades de UGT, se felicita de la partida pero cree que el reparto va a haber discusión: “Se van a quejar universidades receptoras de muchos estudiantes de fuera, como pueden ser las de Madrid, Salamanca o Granada, que salen mal paradas”.

Ramón Caballero Klink, de CSIF, también se alegra de la dotación que no esperaba porque al anunciarse los 2.000 milllones para educación nadie precisó que una parte serían para Universidad. Pero, como el secretario de UGT, remarca que el principal problema es la sobrecarga que pueden padecer las plantillas. “Un profesor de Medicina no se puede desdoblar para dar las prácticas si va a haber grupos más pequeños”.

En una nota la conferencia de rectores (CRUE) ha valorado positivamente la dotación, porque les “ayudara a que los procesos de adecuación que tengamos que poner en marcha en nuestros centros se realicen con rapidez y a que el impacto sobre la comunidad universitaria, especialmente sobre el estudiantado más vulnerable, sea mínimo”. Por eso reclaman a las administraciones que agilicen la ejecución y eviten “trámites burocráticos que ralenticen un proceso que debe ponerse en marcha cuanto antes”.

Rearmarse

La pandemia cogió con el pie cambiado a las universidades públicas muy volcadas tradicionalmente en la enseñanza presencial y el ministerio reconoció en sus instrucciones del 10 de junio que la mudanza lectiva al remoto había “interferido en el normal desarrollo de la actividad universitaria”. Por eso, los rectores, los sindicatos y los estudiantes han insistido mucho en la necesidad de rearmarse. “Dicha estrategia implica una mejora del equipamiento informático y redes telemáticas de las universidades, una capacitación del profesorado en el uso de la comunicación digital y una ayuda de la Administración universitaria para la conectividad adecuada del conjunto del estudiantado, de forma que ningún estudiante sea discriminado por la persistencia de la brecha digital”. La CRUE estimó, tras hacer una encuesta, que 36.000 universitarios no tenían dispositivos o conexión para seguir las clases que de un día a otro se mudaron a online.

Si no hay rebrote, la mayoría de las clases magistrales se impartirán online -dependerá del espacio del que disponga cada centro- y la parte de prácticas y seminarios pisando el campus. Castells, profesor en excedencia de la telemática Universitat Oberta de Catalunya, considera que se necesita una “estrategia de digitalización reforzada del sistema universitario”, no solo para la pandemia sino para “flexibilizar las modalidades de enseñanza”. Pero los rectores, una vez pasado el pánico inicial del confinamiento que les llevó a focalizarse en la enseñanza remota, se muestran cada vez más partidarios de la presencialidad que desaira el ministro.

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