El Gobierno limita la reforma de las universidades y la deja en manos de los claustros

El proyecto de reforma universitaria de Manuel Castells (ministro entre enero de 2020 y diciembre de 2021) tuvo hasta cuatro versiones y, en su intento de contentar a todos los sectores, el clima de la negociación se enrareció y terminó con el plantón de los rectores, que se negaron a emitir un informe preceptivo de la ley. Así que...

El proyecto de reforma universitaria de Manuel Castells (ministro entre enero de 2020 y diciembre de 2021) tuvo hasta cuatro versiones y, en su intento de contentar a todos los sectores, el clima de la negociación se enrareció y terminó con el plantón de los rectores, que se negaron a emitir un informe preceptivo de la ley. Así que Joan Subirats, sucesor de Castells, ha optado por limitar el alcance de los cambios y dejar en manos de los claustros de las universidades los asuntos más espinosos.

El nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado este lunes por Subirats, concede a los claustros ―donde están representados todos los estamentos― la capacidad de decidir las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de los campus: sus funciones, estructuras de los órganos, elección de rector y decanos... Es decir, ha deshinchado las expectativas de cambiar la gobernanza del sistema, como reclama Bruselas, para que sea más ágil en su gestión y también más competitiva.

En paralelo, ha enriquecido la norma en asuntos clave en el siglo XXI en los que sí hay sintonía académica: el aprendizaje a lo largo de la vida, la obligación de ofrecer libre acceso a los artículos científicos —aunque la investigación esté financiada con fondos privados— o la participación ciudadana en la investigación. Subirats ha afirmado que el proyecto se ha simplificado para no tener que arrepentirse después por “las rigideces”. Y ha añadido: “No queremos confundir igualdad con homogeneidad”.

“Los estatutos de las universidades establecerán y regularán los siguientes órganos colegiados: claustro universitario, consejo de gobierno y consejo de estudiantes. Asimismo, establecerán el consejo social y podrán establecer y regular consejos de escuela y de facultad, consejos de departamento u otros órganos específicos que se determinen”, se afirma en la nueva versión de la norma. En el texto de Castells, el consejo de gobierno no podía tener más de 50 miembros o el consejo social, más de 20. El mayor cambio en el proyecto es que los ayudantes doctores dejan de ser considerados personal no permanente, lo que supone que no habrá un límite a estas contrataciones. Subirats ha dado a conocer su proyecto este lunes a los sectores implicados y a los medios en una rueda de prensa.

Los rectores habían tachado el proyecto de Castells de demasiado intervencionista, pues consideraban que muchos artículos atentaban contra la autonomía universitaria. Por ejemplo, el proyecto establecía que los claustros no tuviesen más de 100 miembros, o permitía a los profesores titulares con experiencia de gestión presentar su candidatura a rector. La nueva versión de la LOSU deja también las manos libres a las comunidades autónomas para actuar. Son estas las que financian mayoritariamente la universidad pública. Este punto resulta vital para el Gobierno central si pretende que los nacionalistas den su apoyo a la ley en el Congreso de los Diputados.

La estrategia de Subirats ha sido diametralmente opuesta a la de su antecesor. El sociólogo convocó decenas de encuentros ―no solo con la comunidad universitaria― para debatir desde cero la norma, y de ahí surgió un primer borrador, que fue modificado con el propósito de que todos apoyasen el texto. Una quimera, puesto que los intereses de los rectores, los profesores, el PAS (Personal de Administración y Servicios) y los estudiantes son muchas veces opuestos. Subirats, que tiene un perfil mucho más político y práctico ―en eso coincide la comunidad universitaria―, ha hecho una ronda de visitas por las 50 universidades públicas, que Castells tuvo que anular por la pandemia, pero ha focalizado sus esfuerzos en consensuar la ley con los partidos nacionalistas y la izquierda, para que la voten. Con los sindicatos se ha visto una vez, y distintas fuentes consultadas aseguran a este diario que hay poco margen de cambio porque el texto ya está pactado.

Los rectores, los sindicatos y los gobiernos autónomos tienen que estudiar ahora el proyecto que han conocido este lunes. No les gusta ver el texto ya cerrado, pero previsiblemente de esta forma el ministerio intenta que no se repita la situación de la ley de convivencia, que se consensuó con los afectados durante meses y al llegar al Congreso se modificó para que la apoyasen los nacionalistas ―dando independencia a los campus, aunque se conservó la vía de mediación y las penas―, para enfado mayúsculo de los rectores y los estudiantes. Este hecho enterró la LOSU de Castells que Subirats reflota ahora con una ley de mínimos.

Así queda la LOSU antes de las enmiendas:

Financiación consolidada. Los rectores insistían una y otra vez en que antes de tocar la gobernanza de las universidades, el Ejecutivo debía preocuparse de que estuvieran bien financiadas, pues en una década las aportaciones públicas se redujeron un 20%. La ley Celaá fija que el presupuesto en educación pública (incluyendo la universidad) debe llegar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 10 años, pero Castells se resistía a incluir en la norma la cifra del 1% del PIB ―proporcionalmente lo que le corresponde a universidad del monto total educativo; ahora ronda el 0,7%―. Finalmente, se introduce la cifra ―”se destinará como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto a la educación universitaria pública”―, lo que tranquiliza a los rectorados, pero no tanto a los gobiernos regionales ―que ponen el 77% de la financiación―, que en muchos casos prefieren invertir en otras áreas. Las diferencias regionales son abismales y dentro de la Unión Europea la horquilla va del 0,5% al 1,5%. “No hemos recuperado el nivel de financiación de 2009″, ha reconocido Subirats, “o la mejoramos o le pedimos cosas imposibles al sistema”.

Por primera vez, se establece la obligación de que todas las universidades destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación. Muchas universidades privadas están muy lejos de cumplirlo. La financiación en las públicas será estructural y por objetivos.

Rectores. Los mandatos durarán seis años. Usualmente, en los primeros cuatro años, los rectores no hacen las reformas importantes por temor a no ser reelegidos. Castells propuso que los profesores titulares con experiencia investigadora y de gestión pudiesen postularse al cargo. Ahora, “los estatutos fijarán el procedimiento para su elección y establecerán los porcentajes y procedimiento de ponderación de cada sector”, se afirma en la nueva versión de la LOSU. Castells quiso que pudiese elegir rector un comité de sabios y que este designase a los decanos en una terna de candidatos dispuestos por los consejos de facultad. Finalmente, “los decanos y directores de escuela se elegirán mediante elección directa por sufragio universal en la forma en que se recoja estatuariamente”.

Formación para los nuevos profesores. Subirats cree que la mejor manera de defender al estudiante es proporcionándole la mejor formación y por eso se ha propuesto que los profesores ayudantes doctor hagan un curso de metodologías docentes ―primer escalón laboral―, como ocurre con los educadores de otras etapas educativas. Los jóvenes investigadores consideran que la formación tendrían que recibirla antes porque en muchos casos llevan años dando clase como auxiliares.

Doble carrera académica. Como ocurre en Cataluña y el País Vasco, se da la opción a las universidades de crear una vía paralela de acceso para investigadores acreditados por la ANECA (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que no han sacado la plaza de funcionario, pero que al rectorado le interesa en principio por su experiencia profesional. Algunas fuentes temen que sirva para que los gobiernos autónomos paguen favores. “El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario, y conllevará una dedicación a tiempo completo, aunque podrá ser a tiempo parcial a petición del interesado”, se dicta en la norma. Aunque se abre la puerta a que cobren más: “Las comunidades autónomas podrán establecer retribuciones adicionales”.

Precariedad. La LOSU obliga a las universidades a reducir los contratos temporales del 40% al 20% y a que el profesorado funcionario llegue al 55% (ahora el mínimo es el 51%). Finalmente, el ministerio no ha incluido a los ayudantes doctor en la categoría de temporales junto a los asociados, sustitutos o visitantes. Estos podrán estar un máximo de seis años en esa categoría y ya no tendrán que ser acreditados por la agencia de evaluación ANECA. A los rectores les gusta este cambio, no tanto a los sindicatos, porque les permite tener más jóvenes formados en este cuerpo para relevar a los funcionarios que se van a jubilar (53,5% del profesorado permanente podría retirarse en los próximos 10 años). La idea es que en 10 años un investigador esté estabilizado: cuatro años con beca mientras hace la tesis, seis años de doctor ayudante con una evaluación a los tres años para evaluar los méritos y pase a contratado doctor, que es un puesto fijo pero no de funcionario.

El 34% de los profesores hoy son asociados ―en muchas ocasiones falsos, porque no tienen otro trabajo― y se verán beneficiados de la reducción del porcentaje de contratos temporales aquellos que sean doctores.

El 15% de las nuevas plazas de funcionario tienen que reservarse para investigadores ya consagrados que hayan obtenido el certificado I3 de excelencia investigadora o el certificado como investigador establecido R3. Los asociados no podrán impartir más de 120 horas por curso, los sustitutos no podrán estar en el puesto más de tres años y los visitantes, dos años. En la actualidad estas figuras están pervertidas y personal docente que lleva tiempo en el departamento cobra por esta vía. Cada universidad establecerá los requisitos para ser profesor emérito. Se crea la figura excepcional del profesor distinguido, que no tendrá que acreditarse

Endogamia. Los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la universidad. Un intento de terminar con las plazas con “bicho”, como se conoce al candidato del departamento.

Ciencia abierta. Con independencia de la fuente de financiación, toda la investigación hecha en las universidades públicas será de acceso libre y gratuito, a diferencia de los centros que dependen del Ministerio de Ciencia, donde los artículos pueden estar cerrados si se investigó con mayoría de fondos privados. Los repositorios de las universidades almacenarán una copia de todos los artículos y los evaluadores consultarán en ese almacén digital los méritos del investigador que pretende acreditarse para presentarse a un puesto. Los acuerdos con las revistas científicas ―un monopolio de cinco grupos― deberán ser públicos y transparentes y las agencias de acreditación tendrán que evaluar en un currículum artículos publicados en revistas sin renombre internacional, pero de fuerte impacto en el territorio.

Ciencia ciudadana. El ministro sostiene: “No seremos capaces de avanzar si no incorporamos la ciencia ciudadana en el propio diagnóstico y respuestas a los retos que depara este siglo”. Y por eso quiere que la población participe en proyectos de investigación. Los estudiantes que se impliquen verán premiado su esfuerzo en el currículo, previsiblemente ―no se concreta― con la aprobación de créditos de la carrera.

Cursos cortos. Formarse a lo largo de la vida en un mundo tan cambiante va a ser fundamental y se va a impulsar que las universidades ofrezcan microformación, cursos cortos de un tema muy especializado. Podrán cursarlo personas sin título universitario si acreditan una experiencia profesional en el sector.

Huelga ficticia. Los estudiantes han logrado que se les reconozca el derecho a la huelga, aunque a ellos no se les descuenta salario por el paro porque no trabajan para la universidad. Ese paro no puede coincidir con los exámenes ya programados. Los alumnos también han logrado estar presentes en las comisiones encargadas de elaborar los planes de estudio y guías docentes, lo que no significa ―ha precisado el ministro― que vayan a decidir cómo se les examina.

Los estudiantes se muestran tibios pero más satisfechos que antes: “Valoramos los avances en derechos que aparecen en la ley y que ya habíamos consensuado con el ministerio, aunque creemos que queda aún mucho por avanzar, especialmente en materia de gobernanza y participación estudiantil en los órganos de gobierno, en los que reivindicamos que el estudiantado represente el 30% de sus miembros, así como solicitamos esa misma cuota de participación en las elecciones universitarias”. Los rectores aún no se han pronunciado, a la espera de estudiar la propuesta.

Tras la rueda de prensa, Subirats ha participado en un acto de la universidad a distancia UNIR, en el que ha ahondado en los temas. “En las universidades nos falta superar reticencias a la adaptación. En el radar no están muchos de estos temas. Seguimos hablando de carga docente”, se ha lamentado el ministro. “Hay que ser capaces de dirigirse no solo a una parte de la sociedad. Estamos muy centrados en la franja de 18 a 29 [años] ―que va a bajar demográficamente― y solo tenemos un 6% de estudiantes de grado y posgrado por encima de los 30 años”, ha explicado el ministro, que asegura haber hablado de los cambios en la ley con su predecesor, Castells. “Espero que le guste”.

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