El círculo que se cierra

“Creo que he estado preparado para todo en esta vida menos para el deshonor (…) Tengo un acusado sentido del honor”, escribió Jordi Pujol i Soley en sus memorias. El hombre que desde la Presidencia de la Generalitat y aun antes y aun después encarnó públicamente las virtudes del catalanismo, y nunca desaprovechó la ocasión de sermonear sobre la ética, cerró el 25 de julio de 2014 un círculo de tres décadas al admitir públicamente que tiene una fortuna y que llevaba defraudando a la Hacienda Pública desde 1980. Para los fiscales anticorrupción que siguieron sus movimientos al frente de Banca Catalana todo encaja ya. “Está claro que ese capital de origen desconocido que ahora reconoce tener procede de Banca Catalana”, afirma el antiguo fiscal del caso, Carlos Jiménez Villarejo. 

En 1984 presentaron contra Jordi Pujol y otros 24 directivos de Banca Catalana una querella por apropiación indebida

Banca Catalana fue el primer proceso de delincuencia económica de altos vuelos en la democracia que puso al descubierto la extrema benevolencia, incluso impunidad, con que el sistema penal, deudor de la legislación franquista, enjuiciaba estas prácticas. El sistema contemplaba los delitos de cuello blanco como simples pleitos civiles, exentos de responsabilidad penal. Pese a ello y con los demoledores informes de los inspectores del Banco de España en la mano, los fiscales de Barcelona intentaron aplicar el principio de igualdad ante la ley al hombre que lideraba el nacionalismo catalán. En mayo de 1984, presentaron contra Jordi Pujol y otros 24 directivos de Banca Catalana una querella por apropiación indebida y falsedad documental. El Banco de España aseguraba que Jordi Pujol y sus colaboradores se habían lucrado personalmente a través de una doble contabilidad clandestina y estimaba las pérdidas de la entidad en 19.679 millones de pesetas.

Los fiscales tuvieron la autorización del fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba y el respeto del ministro de Justicia Fernando Ledesma, pero se encontraron con el muro que Pujol, ya investido “Molt Honorable President”, levantó para hacer creer a la ciudadanía que se le perseguía porque “Madrid” buscaba castigar al catalanismo por él representado. Calentada en la indignación nacionalista, esta versión encontró asiento en la opinión pública catalana y también en la Audiencia Territorial de Cataluña –equivalente al actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña–, que, vistas las lagunas jurídicas y la presión ambiental, decidió por 33 votos frente a 8 no abrir juicio contra Pujol. La quiebra de Banca Catalana arruinó a miles de pequeños ahorradores, y el rescate de la entidad costó a las arcas públicas 344.049 millones de pesetas.

El círculo que el expresidente de la Generalitat abrió con Banca Catalana hace tres décadas se cierra ahora que el caso Pujol ha dado lugar al caso familia Pujol, una “organización criminal”, según la calificación de los nuevos fiscales anticorrupción. “Se puede decir que los hijos han salido bien. Todos son nacionalistas y trabajadores”, escribe Jordi Pujol en sus memorias.

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