La recusación de Junqueras y Romeva contra el Constitucional dificulta que se les pueda excarcelar

El Tribunal Constitucional no va a dar trámite de urgencia a la petición de Oriol Junqueras y Raül Romeva para que se les excarcele y puedan permanecer en sus domicilios mientras dure la alerta sanitaria y se resuelva sobre los recursos de amparo que han presentado contra la sentencia del Supremo que les condenó a 13 y 12 años de prisión, respectivamente. El principal escollo para que se aborde la petición de ambos dirigentes independentistas es que ello...

El Tribunal Constitucional no va a dar trámite de urgencia a la petición de Oriol Junqueras y Raül Romeva para que se les excarcele y puedan permanecer en sus domicilios mientras dure la alerta sanitaria y se resuelva sobre los recursos de amparo que han presentado contra la sentencia del Supremo que les condenó a 13 y 12 años de prisión, respectivamente. El principal escollo para que se aborde la petición de ambos dirigentes independentistas es que ellos mismos recusaron a todos los magistrados del Constitucional la semana pasada.

Cuando un tribunal es recusado quedan automáticamente paralizadas las actuaciones relativas al caso en el que se haya tomado dicha iniciativa. Por tanto, en este momento el Constitucional no podría tomar decisión alguna sobre Junqueras y Romeva hasta que no se haya resuelto sobre este incidente procesal. En la actual situación de estado de alarma, por otra parte, el tribunal no está celebrando sesiones plenarias ni ningún otro tipo de reuniones. Mantiene abierto el registro, eso sí, y por ello han podido recibirse los recursos de amparo que han ido presentando los condenados en la sentencia del procés.

En estos momentos los letrados del Constitucional están preparando la documentación que manejarán los magistrados cuando tengan que decidir sobre la admisión o no a trámite de dichos recursos de amparo. Es en virtud de estos mismos recursos por lo que los presos del procés han pedido que sus respectivas condenas queden suspendidas hasta que se falle sobre el fondo del asunto, y que la decisión se tome con la mayor urgencia, ante situación sanitaria marcada por la crisis del coronavirus. El tribunal estima, por tanto, que incluso sin la existencia de una recusación tendría difícil pronunciarse sobre las solicitudes de excarcelación cuando aún no ha podido decidir sobre si admite o no a trámite los recursos de los que deriva tal petición.

Por otra parte, la posibilidad de que el Constitucional celebre un pleno telemático se mantiene. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, es quien, en su caso, tendría que convocarlo. Para el supuesto de que tuviera lugar, se está estudiando la posibilidad de pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; por la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, y por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el mismo sentido de las pedidas por Junqueras y Romeva, es decir, para que se suspendan las penas que les impuso el Supremo. La condena de Forcadell fue de 11 años y 6 meses; 12 años Bassa y 9 años Cuixart. La diferencia con los otros dos condenados es que estos tres no recusaron al tribunal y, por tanto, la decisión sobre sus recursos puede adoptarse sin obstáculos previos, porque el Constitucional no ha tenido que paralizar la gestión de sus impugnaciones.

En todo caso, apenas existen precedentes de la adopción de medidas cautelarísimas –como sería la de la excarcelación de Bassa, Forcadell y Cuixart– por parte del Constitucional. Entre las pocas excepciones cabe mencionar la que se produjo en septiembre de 2017 cuando el tribunal se reunió en una convocatoria extraordinaria a raíz de los recursos presentados para tratar de paralizar el debate y aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament de Cataluña. En aquella ocasión el Constitucional aprobó en una misma reunión la admisión de los recursos de amparo parlamentario presentados y acordó medidas cautelares para suspender las votaciones, si bien la Cámara catalana decidió seguir adelante con sus planes para aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica que marcaba el camino para la ruptura con España.