Oportunidades en el remanso

La pandemia de la covid-19 también ha confinado el asilo. Con el cierre de fronteras, el número de solicitudes en España cayó drásticamente de un día para otro. Mientras que en enero y febrero se recibieron más de 14.000 peticiones por mes, en abril y mayo no llegaron al centenar. Con el desconfinamiento y la reanudación de los trámites, el número ha vuelto a subir pero todavía estamos lejos de los niveles anteriores a la pandemia. Ante este remanso de solicitudes, es el momento de actuar.
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La pandemia de la covid-19 también ha confinado el asilo. Con el cierre de fronteras, el número de solicitudes en España cayó drásticamente de un día para otro. Mientras que en enero y febrero se recibieron más de 14.000 peticiones por mes, en abril y mayo no llegaron al centenar. Con el desconfinamiento y la reanudación de los trámites, el número ha vuelto a subir pero todavía estamos lejos de los niveles anteriores a la pandemia. Ante este remanso de solicitudes, es el momento de actuar.

Ahora que la atención no está puesta en gestionar la emergencia, es la ocasión de pensar en una nueva ley de asilo, que actualice el marco legislativo en consonancia con las directivas europeas, que dé más seguridad jurídica a los solicitantes y que permita abrir vías legales y seguras de entrada. Una nueva ley, con su despliegue reglamentario, permitiría fortalecer el sistema de acogida más allá de respuestas improvisadas e instrucciones cambiantes. Además, es el momento de agilizar los procedimientos, empezando por acortar los tiempos de espera (que pueden superar el año) hasta la formalización de la solicitud.

Esta situación nos da también la oportunidad de repensar la gobernanza del sistema de acogida. Esto pasa por preguntarse qué papel deberían tener las entidades sociales. Desde 2015 se han responsabilizado de forma exclusiva del aumento del número de plazas, pasando de gestionar el 50% a más del 90%. A pesar de ello, su financiación depende de subvenciones anuales de tipo competitivo que no se corresponden en absoluto con su contribución fundamental y estructural al sistema. Tampoco puede retrasarse más la descentralización de acogida que exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto incluye detallar cuestiones fundamentales como los recursos que acompañan esta transferencia de competencias, la distribución de solicitantes de asilo entre comunidades y cómo garantizar la homogeneidad en los servicios.

Finalmente, es el momento también de preguntarnos qué condiciones de acogida estamos ofreciendo. Ello significa repensar la atención que se da en los casos más vulnerables, no solo aumentando el tiempo de estancia sino creando plazas específicas para los grupos con necesidades especiales. Pasa también por conocer y reducir las múltiples precariedades que les afectan. En un estudio realizado por el centro de estudios Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), el 26% de los solicitantes de asilo encuestados en Cataluña había dormido en la calle en algún momento desde su llegada.

Esta crisis provocada por la pandemia nos da todas estas oportunidades pero también el motivo. Lo más probable es que el número vuelva a aumentar a medio plazo, por eso es el momento de actuar. Mientras que en 2015 fue equivocado pensar que el incremento de solicitudes era solo temporal, ahora sería un error pensar que esta reducción ha llegado para quedarse.

Blanca Garcés es investigadora del CIDOB