Desmantelada la trama urdida por Villarejo desde la cárcel para vender secretos
La policía investiga si el comisario se valió de su esposa y de un preso para ofrecer a terceros documentos policiales
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una nueva pieza separada, la número 28, en el caso Villarejo para investigar la supuesta existencia de una trama urdida por el comisario José Manuel Villarejo desde la cárcel de Estremera (Madrid), donde está recluido desde su detención en noviembre de 2017, para vender documentos policiales, algunos de ellos sometidos a la ley de secretos oficiales, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Los investigadores consideran desmant...
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una nueva pieza separada, la número 28, en el caso Villarejo para investigar la supuesta existencia de una trama urdida por el comisario José Manuel Villarejo desde la cárcel de Estremera (Madrid), donde está recluido desde su detención en noviembre de 2017, para vender documentos policiales, algunos de ellos sometidos a la ley de secretos oficiales, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Los investigadores consideran desmantelada esta red tras la detención este viernes de Gemma Alcalá, esposa del policía y ya imputada en otras piezas de la causa, y de otras tres personas, entre ellas un recluso que coincidió en el penal madrileño con Villarejo.
El comisario, al que se le han intervenido diferentes documentos en papel durante el registro de su celda, también ha sido imputado por estos hechos. Los cinco presuntos implicados, que prestarán declaración ante el juez García-Castellón el próximo lunes, son investigados por los delitos de revelación de secreto, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, según recogían las órdenes de registro. Antonio José García Cabrera, abogado del policía, ha confirmado este extremo, aunque asegura desconocer los detalles de la acusación al ser la causa secreta. Fuentes policiales añaden también la acusación de organización criminal y no descartan la imputación de nuevos delitos.
Villarejo siempre ha alardeado de conservar material comprometedor para personas e instituciones. En febrero de 2017 —nueve meses antes de su arresto— y cuando el comisario ya intuía que era investigado y se mostraba convencido de que en cualquier momento un juez iba a ordenar el registro de su vivienda, presumía ante un periodista de que tenía grabaciones escondidas: “Le diré al secretario [judicial]: tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna [en referencia a Corinna Larsen, examiga íntima de Juan Carlos I], no sé qué dice esto, aquí está”. En ese mismo audio el comisario se jactaba de tener copias: “No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas, en el extranjero”.
Tres meses después, aún en libertad, Villarejo amagó por primera vez con utilizar documentos confidenciales ante la justicia. Fue en la denuncia que presentó en mayo de 2017 en la Audiencia Nacional contra el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán. En aquella denuncia —que finalmente no fue admitida a trámite— el comisario aseguraba tener 23 dosieres sobre otras tantas actuaciones presuntamente irregulares del servicio secreto. Fuentes policiales creen que con ello el policía jubilado intentaba conseguir impunidad.
Ahora, sin embargo, los investigadores señalan como presunto objetivo de la trama conseguir fondos, ya que pretendía vender documentación confidencial, en parte procedente de la propia policía y catalogada como secreto oficial, que había atesorado Villarejo antes de su arresto en noviembre de 2017. Algunas fuentes policiales apuntan que entre ese material hay supuestos informes de la llamada Operación Cataluña, urdida por la llamada brigada patriótica —el grupo de agentes de la policía que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, actuó contra los rivales políticos del PP— para actuar contra el nacionalismo independentista catalán.
Entre los detenidos el viernes se encuentra Alfonso P., un exmilitar que ejerce de abogado y que en la actualidad cumple condena en la prisión de Logroño. Según estas fuentes, este letrado coincidió con Villarejo en la prisión de Estremera, donde supuestamente este le captó. Los investigadores señalan a este abogado como el supuesto intermediario entre el policía y los posibles interesados en hacerse con la documentación, con los que contactaba aprovechando los permisos carcelarios que disfrutaba. Durante la operación del viernes, los investigadores volvieron a registrar la vivienda que el policía tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde intervinieron documentación en papel y en soporte informático, entre ellos numerosos correos electrónicos.
Gemma Alcalá, esposa de Villarejo, que ya había sido detenida junto a este en noviembre de 2017, está procesada en una de las piezas ya concluidas del sumario, la bautizada como Iron, en la que se investiga el supuesto encargo de un despacho de abogados al comisario para espiar a un bufete de la competencia, para lo que este accedió a información confidencial. Por esta causa, Anticorrupción pide para Alcalá 51 años de prisión y 57 para el policía. La esposa de Villarejo también está procesada por la grabación ilegal, en octubre de 2014, de una reunión entre los policías que investigaban el caso del Pequeño Nicolás y agentes del CNI. En esta causa, la fiscalía pide tres años de prisión para la esposa de Villarejo como cooperadora de su marido. Para el comisario reclama una condena de cuatro años.