España, en alarma: el Gobierno busca que dure hasta mayo y decreta toque de queda

La realidad se impone de nuevo a la política. Tras cuatro meses negando que el estado de alarma fuese necesario para controlar la pandemia, los pésimos datos de la segunda ola han forzado al Ejecutivo a reactivar ese instrumento constitucional. Será una alarma más suave que en primavera, pero que el Gobierno pretende mucho más larga: se aprueba para 15 días, pero esta misma semana el Ejecutivo llevará al Congreso una prórroga para más de seis meses, hasta el 9 de mayo. El Gobierno cree tener los votos necesarios para aprobarla. La alarma, que países como Italia han mantenido con prórrogas todo...

La realidad se impone de nuevo a la política. Tras cuatro meses negando que el estado de alarma fuese necesario para controlar la pandemia, los pésimos datos de la segunda ola han forzado al Ejecutivo a reactivar ese instrumento constitucional. Será una alarma más suave que en primavera, pero que el Gobierno pretende mucho más larga: se aprueba para 15 días, pero esta misma semana el Ejecutivo llevará al Congreso una prórroga para más de seis meses, hasta el 9 de mayo. El Gobierno cree tener los votos necesarios para aprobarla. La alarma, que países como Italia han mantenido con prórrogas todo este tiempo, amparará todas las decisiones de las autonomías, que mantienen el control de todas las medidas importantes. El principal efecto inmediato será un toque de queda nocturno en toda España, salvo Canarias.

España está de nuevo en estado de alarma desde las 18.24 de ayer, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto aprobado por la mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. El texto deja abierta la posibilidad de restringir el movimiento entre comunidades, pero serán los presidentes autonómicos quienes tomarán la decisión de cerrar o no sus regiones. El texto permite ese cierre, similar al que estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en el artículo 6, pero después señala en el 10 (y antes en el 2.3) que serán los presidentes quienes modulen su aplicación.

Ello permitirá, por ejemplo, que las comunidades puedan cerrar sus fronteras si una autonomía cercana está muy afectada, algo que se ha planteado en alguna ocasión en las limítrofes con Madrid, pero que hasta ahora no se podía hacer. Si Castilla y León y Castilla-La Mancha cerraran, Madrid quedaría atrapada, pero los madrileños podrían ir a otras autonomías que no estén clausuradas, ya que el decreto permite el tránsito por una región confinada para dirigirse a otra. Las autonomías también podrán confinar provincias, ciudades o barrios.

El texto salva así todos los problemas jurídicos que puedan tener las autonomías, que ya no deberán acudir a sus respectivos Tribunales Superiores a ratificar sus planes, pues quedan amparadas por el estado de alarma.

Desde que perdió en junio el apoyo político para renovarlo, el Gobierno ha insistido en que este mecanismo no resultaba necesario y que bastaba con la legislación ordinaria. Pero, finalmente, ha dado un giro de 180 grados ante la gravedad de la segunda ola y presionado por las propias autonomías, varias de las cuales lo estaban reclamando. El Gobierno había admitido indirectamente que fue un error no prorrogar la alarma en junio, pero lo justificaba en que la presión de los demás partidos (en especial el PP, pero también aliados como ERC) lo hizo inviable parlamentariamente.

El confinamiento nocturno será obligatorio en toda España, salvo Canarias, durante los próximos 15 días entre las 23.00 y las 6.00, aunque las autonomías podrán acortar o estirar ese plazo una hora. Madrid, por ejemplo, quería cerrar a medianoche y el decreto se lo permite. Transcurridas esas dos semanas, a partir del 9 de noviembre, el toque de queda dejará de ser obligatorio en todo el territorio y quedará en manos de los presidentes autonómicos su prórroga.

Las comunidades deciden

El Gobierno cede a las autonomías las principales decisiones, una apuesta política que se tomó en junio y que se mantiene ahora y que reclamaban muchas de ellas. La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma serán los presidentes autonómicos. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el Consejo Interterritorial de Salud, que se suele reunir los miércoles.

España no cierra sus fronteras y marca excepciones para el toque de queda en Canarias, una de las regiones con mejores datos, con la intención de salvar en lo posible el turismo. “Toda Europa está tomando ya medidas para limitar la movilidad. La situación que vivimos es extrema”, señaló el presidente, Pedro Sánchez, para justificar la decisión. El jefe del Ejecutivo pidió “un abrumador respaldo parlamentario” para esta prórroga de seis meses, metiendo así presión al PP. Sánchez llamó ayer mismo al líder popular, Pablo Casado, para comunicarle la decisión y solicitar su apoyo. El Gobierno también se puso en contacto con otros grupos para garantizar el éxito de la votación. Sánchez quiere que la prórroga se vote de forma inmediata, sin esperar los 15 días. La solicitud se aprobará en el Consejo de Ministros ordinario de mañana para que se vote el jueves en el Congreso.

El Gobierno cree que no debería tener problemas en esa votación. Ciudadanos ya le ha ofrecido sus votos; el PNV está de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma —con la autoridad delegada para el lehendakari, eso sí— y Cataluña también lo ha solicitado, aunque el Govern criticó ayer el decreto. Sin embargo, el Ejecutivo insiste mucho en lograr el respaldo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid, la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma. El PP asegura que Casado dará su opinión hoy mismo.

El presidente justificó una prórroga tan larga, que en marzo descartó por completo y, sin embargo, le habría evitado muchos problemas, en el objetivo es llegar a 25 contagiados por 100.000 habitantes. Ahora España está en 368, con varias comunidades marcando cifras mucho más altas. “Tenemos un largo recorrido por delante. Vamos a tener que desplegar un gran ejercicio de resistencia”, sentenció Sánchez en su comparecencia tras el Consejo después de precisar que el plazo de seis meses no es inamovible si los datos mejoran. Siete meses después del 14 de marzo, cuando se aprobó el primero, España vuelve al estado de alarma que tantos quebraderos de cabeza políticos ha supuesto. El virus, de nuevo, va muy por delante.

El presidente además ha garantizado que habrá una rendición de cuentas cada dos semanas aunque no se votará la prórroga cada 15 días como en abril y mayo.

Similitudes y diferencias

España vuelve así al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de mayo.

Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de la primavera, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.

El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas.

Un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más difícil, así que la fórmula de controlar el movimiento en las calles está asumida como más eficaz. El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.

Resistencias del PP

Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han resistido hasta ahora a dar un apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito entre el viernes y este sábado. Las hay con Gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y de Ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente esta norma constitucional para limitar derechos y contener el virus.

El Gobierno tenía pensado aprobar este estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes, después de madurarlo políticamente con las autonomías, que el jueves discutieron ampliamente sobre este asunto en la reunión de la interterritorial de sanidad, con todos los consejeros presentes. Pero la decisión se ha precipitado a este domingo, antes incluso de la conferencia de presidentes de mañana, por la petición en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.

La primera fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara restricciones a reuniones sociales que quería imponer en la comunidad. Detrás de Euskadi fueron todas las demás. El único problema político real es Madrid, porque según varios consejeros las demás autonomías, incluso las del PP, se mostraron en el interterritorial favorables al confinamiento nocturno y tampoco rechazaron abiertamente el estado de alarma. Si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete comunidades habrían superado ya el umbral de alerta máxima: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.