La historia del PP quedó manchada para siempre el 15 de julio de 2013. Ese día, Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación conservadora durante casi 20 años, entregó algunos trapos sucios de su partido a Pablo Ruz, responsable del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Bárcenas llevaba un mes en la cárcel por sus tratos con la trama Gürtel, la red corrupta que dirigía Francisco Correa, y decidió contar al juez algunas cosas que sabía de primera mano. Sentía que el partido al que había servido tanto tiempo le había abandonado.

Llegó con una carpeta donde guardaba la documentación para probar los delitos que iba a confesar y, durante casi cinco horas, Bárcenas detalló el sistema de financiación ilegal que usó la formación conservadora entre 1990 y 2009. Locuaz y colaborador, el extesorero identificó a quienes donaron grandes cantidades al partido —ocho millones de euros en casi 20 años— y a los que se beneficiaron de aquel botín. Citó de memoria fechas y dio cifras de aquel sistema oculto e ilegal en el que participaron decenas de empresarios, la mayoría contratistas de la Administración, y del que se beneficiaron, supuestamente, los principales dirigentes del PP.

Su relato de una corrupción generalizada en el partido que entonces gobernaba España terminó con una confidencia amarga. A preguntas de su abogado, Bárcenas relató que el PP le había ofrecido 500.000 euros por su silencio… y por la libertad de su mujer, Rosalía Iglesias.

Dos días antes de que el extesorero del PP acudiera a la Audiencia para aquella confesión histórica, en el Ministerio del Interior ya estaba en marcha una operación pagada con fondos reservados para buscar los secretos de Bárcenas y a la que puso nombre el comisario José Manuel Villarejo: Operación Kitchen.

La trama policial permaneció oculta durante un lustro. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos enviado a Manuel García-Castellón, el juez del caso Villarejo, destapó aquel tinglado irregular. Dos años después, las pesquisas continúan mientras los policías que las ejecutaron y los políticos que supuestamente las ordenaron se enfrentan en el juzgado con versiones contradictorias.

Las miles de páginas del sumario recogen numerosas pruebas que avalan la existencia del dispositivo sin control judicial. Los comisarios que participaron lo admiten y señalan a la cúpula política de Interior. Pero el exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa, sostuvo ante el juez que solo supo de Kitchen por la prensa. Francisco Martínez, exsecretario de Estado y antigua mano derecha del ministro, le había acusado antes de estar informado de todo. Después de ir a un notario a registrar unos mensajes que le había enviado Fernández Díaz contándole detalles de la operación secreta, declaró ante el juez que todo lo que se hizo creyó que era legal.

Capítulo 1 El origen

Mariano Rajoy baja la vista y fija la mirada en los siete folios que se apilan sobre un atril blanco encabezado por las siglas del PP. Es 2 de febrero de 2013, la primera vez que el presidente del Gobierno se atreve a ofrecer en público, con gesto serio, traje oscuro y corbata de rayas, una especie de explicación sobre los papeles de Luis Bárcenas, publicados por EL PAÍS dos días antes. Lo hace escudado tras un plasma y sin posibilidad de que los periodistas pregunten. “Queridos amigos y amigas del comité ejecutivo nacional del Partido Popular...”, se arranca. Niega la existencia de una caja b y defiende la “honradez” e “integridad” de su partido durante 15 minutos y 8 segundos. Sin mencionar en ningún momento el nombre de su extesorero. “Todo es falso”, repiten en la formación mientras restan veracidad al escándalo que cerca al Ejecutivo. Pero a cinco kilómetros de La Moncloa, en el Ministerio del Interior, se toman muy en serio la amenaza que supone Bárcenas y sus manuscritos.

Cinco meses después, el sábado 13 de julio de 2013, el Gobierno todavía resiste a duras penas la presión política por los hechos, supuestamente delictivos, que apuntan los papeles de Bárcenas. Pero en La Moncloa la inquietud crece ante una declaración judicial inminente que puede arruinar el futuro de un Ejecutivo que goza de una mayoría absoluta capaz de resistir cualquier crisis. El extesorero, que cumple más de un mes preso en Soto del Real, ha prometido tirar de la manta y el lunes 15 tiene una cita con el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.

Una manera de neutralizarlo es conocer qué documentos esconde y hacerse con ellos para que no lleguen a manos del juez. Según el instructor y los fiscales Anticorrupción del caso Kitchen, a esa tarea se dedicaría precisamente Francisco Martínez, letrado en Cortes y experto en leyes, al que han nombrado secretario de Estado de Seguridad. Su jefe es el ministro Jorge Fernández Díaz. Ambos hablan el sábado 13 de julio, en vísperas de la declaración de Bárcenas ante el juez.

“Lo supe por el ministro”, explicó Martínez a EL PAÍS. Una versión que de forma similar repitió el pasado jueves al juez. “Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban El Gordo [el comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”. El SMS llega a las 20.29 de ese día. “Chófer B: Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. A las 22.20, recibe otro: “Es importante”.

“Chófer B: Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”

Mensaje de Fernández Díaz a Francisco Martínez (13-7-2013. 20.29)

El Ministerio del Interior, según la investigación, moviliza a varios comisarios veteranos y con mucho poder para una operación secreta hecha a espaldas del juez. Eugenio Pino, máximo jefe policial, encarga el trabajo a Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), un policía que durante 20 años se ha dedicado a pinchar teléfonos, poner micrófonos en sitios inverosímiles o hacer seguimientos a sospechosos y delincuentes. “A mí se me transmite desde el Ministerio del Interior que era en realidad para descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP en los que aparecía la financiación que había recibido el PP de donaciones, pagos...”, reconoció García Castaño ante el juez casi seis años después de los hechos, después de que la investigación judicial ya destapase el operativo parapolicial para espiar al extesorero y su familia con el supuesto objetivo de arrebatarles papeles comprometedores para altos cargos del partido antes de que cayera en manos de la justicia. Temían que aquel que había manejado las cuentas durante años, encarcelado ya de forma preventiva, guardara más balas en la recámara.

García Castaño se lo cuenta así al juez Manuel García-Castellón. “Él [el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez] me dijo en su despacho que la preocupación que hay es que Bárcenas se ha llevado, no sé como lo ha hecho, unos discos duros. Y que en esos discos duros está toda la contabilidad. Las donaciones que se daban, no se sabe cuántas recibía y cuantas se quedaba...”.

El número dos del Ministerio del Interior coordina todo el operativo y recibe información en tiempo real de los resultados, prosigue El Gordo cuando ya es imposible ocultar la operación. Asuntos Internos ha encontrado las actas de seguimiento a la familia de Bárcenas. Son cientos de páginas con los movimientos de la mujer y el hijo del extesorero entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013. Esa documentación nunca llegó al juez Ruz, que instruía el caso en la Audiencia Nacional y que había mandado a la cárcel a Bárcenas, ni tampoco a los policías de la UDEF que investigaban los hechos.

El comisario José Manuel Villarejo, que también participó en la trama, apuntó en la misma dirección: él tenía que “averiguar si existía un lugar” donde el extesorero escondía la documentación y “si era o no era de interés policial o judicial”. De hecho, él se encargó de convencer al chófer de Bárcenas para que colabore, le promete un sueldo mensual con cargo a los fondos reservados y le saca información de los pasos que está dando la familia del extesorero.

El jefe de todo el supuesto tinglado ilegal es Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía. Cuando acude ante el juez para dar explicaciones, asevera que la operación secreta tenía por objetivo buscar dinero en Suiza de tres dirigentes populares: Bárcenas, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Los investigadores no le creen e insisten en sus pesquisas en que se buscaba material comprometedor de altos cargos del PP para quitárselo al extesorero antes de que se hiciera con ellos el instructor Pablo Ruz.

Capítulo 2 La captación del confidente

Sergio Ríos ficha como chófer de Bárcenas en febrero de 2013. El extesorero atraviesa su peor momento en el partido: la investigación del caso Gürtel ha destapado sus cuentas ocultas en Suiza, donde ha llegado a acumular casi 50 millones de euros; EL PAÍS ha publicado la contabilidad secreta que durante años llevó de su puño y letra y el PP lo ha despedido “en diferido”. Cuatro meses después de aquello, con Bárcenas en prisión, Ríos permanece al servicio de la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias. Y la cúpula policial del Ministerio del Interior, según los investigadores, le busca como colaborador de una misión especial y secreta: salvar al Gobierno del PP de los secretos que oculta Bárcenas.

El encuentro se celebra un día no determinado de 2013. Ríos, un exmilitar ansioso por entrar en la policía y que se gana la vida como escolta privado, se cita con Villarejo.

— A ti te llamaré chef —le dice el comisario.

— ¿Y ese nombre?

— Coño, como te llamas Sergio, pues por [el cocinero] Sergi Arola. Te vamos a poner chef.

La Operación Kitchen acaba de ser bautizada, aunque ese nombre nunca aparecerá en los registros oficiales de la policía.

Tras un intento fallido de García Castaño de captar al chófer, el máximo jefe policial, Eugenio Pino, recurre a Villarejo para que convenza al conductor. Según dijo Pino al juez, la iniciativa de seguir al extesorero a través del chófer fue de Andrés Gómez Gordo, un inspector de policía contratado entonces por María Dolores de Cospedal como director general en Castilla-La Mancha. “Él dijo que se reunían en Baqueira Beret, que había allí una serie de personas susceptibles de coger el dinero e irse a Suiza”, aseguró Pino. “El señor Gómez Gordo dijo que el chófer era el encargado de ir a Suiza fundamentalmente a por dinero. Y Gómez Gordo dijo que el chófer era el que traía y llevaba el dinero de los testaferros”.

Ríos había sido un tiempo conductor de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. En las esperas de los actos institucionales conoció a Gómez Gordo, según cuenta este.

Esta relación facilitó que el chófer se convirtiera en el confidente de la policía a través del comisario Villarejo, que le pedía información sobre los movimientos de Rosalía Iglesias y datos sobre los lugares donde el extesorero del PP podría haber escondido los documentos que preocupaban al Gobierno de Mariano Rajoy. “A mí me utilizan porque dicen que tengo cierta habilidad para convencer a las personas”, cuenta Villarejo al juez.

Capítulo 3 La policía roba los secretos de Bárcenas

El 18 de octubre de 2013, el teléfono móvil de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, registra un mensaje del ministro Jorge Fernández Díaz: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 Ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así) ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para preparar su defensa jurídica... Es decir, que no sería información para el J. a efecto de su publicación (...) Otra cosa que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información. Te informo”.

Este mensaje, cuya autoría Fernández Díaz niega pero al que los investigadores otorgan toda credibilidad, se encuentra incorporado a la causa después de que Martínez diera fe de su existencia en un acta notarial al sentirse abandonado por el PP tras estallar el escándalo. Además, se esgrime como prueba de la existencia de una de las tres actuaciones realizadas por la trama policial sin autorización judicial para hacerse con documentación de Bárcenas.

El comisario García Castaño fue el ejecutor de la extracción irregular del contenido de aquellos tres dispositivos, así como de la entrada en dos locales donde se sospechaba que el extesorero podía ocultar documentación, según admitió ante el juez.

Todo ocurre tres meses después de la confesión de Bárcenas ante el juez, cuando el chófer de la familia consigue el teléfono móvil que el extesorero, preso desde junio, dejó en su casa y otros dos aparatos. Entonces se lo entrega a El Gordo y juntos van a una cafetería VIPS de Madrid, donde descargan el contenido a un ordenador gracias a dos policías de la unidad de García Castaño, como ellos mismos confirmaron a los investigadores. “Le digo [a Ríos], ‘mañana me traes los tres teléfonos’. Quedo con él en la calle Velázquez y me los trae. No tienen tarjeta... y yo me traigo a un técnico y extraemos de los teléfonos lo que había”.

Capítulo 4 El asalto del falso cura

Un discreto dispositivo policial vigila día y noche la vivienda de Bárcenas cuando, el 23 de octubre de 2013, un nuevo personaje entra en escena. Solo cinco días después de que la Operación Kitchen hubiera conseguido su primer botín —los datos almacenados en los dispositivos móviles de Luis Bárcenas—, un hombre de 64 años con pequeños delitos a sus espaldas entra disfrazado de cura en la casa del extesorero. Dice que viene a resolver unos asuntos penitenciarios de Luis Bárcenas. Rosalía Iglesias le cree y charlan durante 20 minutos. El falso sacerdote la convence para que reúna en una habitación a su hijo y a la empleada de hogar, momento en el que saca un viejo revólver de un portafolios, maniata a los tres con unas bridas y exige que le entreguen los pendrives que contienen la información que hará caer al Gobierno de Mariano Rajoy, según les inquiere.

El juez García-Castellón sospecha que ese episodio tiene relación con la trama, aunque todavía no ha podido probar la conexión. El falso cura padece actualmente problemas mentales y un deterioro cognitivo que le impide declarar. Se encuentra en prisión tras ser condenado a 22 años por aquel secuestro que acabó cuando el hijo de Bárcenas logró desatarse y reducirlo. Los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo marcaron distancias y contaron al juez que el asalto a la vivienda de Bárcenas es la obra de un “chalado” propia de una “película de Alfredo Landa”.

Capítulo 5 El fin del espionaje

El juez Pablo Ruz recibió los ordenadores de Bárcenas en agosto de 2013 de manos del PP. En ellos ya no había ni rastro de lo que el extesorero había almacenado. La operación policial Kitchen comenzó en junio de 2013 para buscar los secretos de Bárcenas, pero apenas dio resultados. Si el extesorero guardaba más pruebas definitivas de prácticas ilegales en el PP, los policías no las encontraron. Casi todo lo que descubrieron, en los teléfonos móviles o en los papeles robados a la familia, estaba ya en poder del juez que investigaba el caso o había sido publicado en los medios de comunicación. “Se puso fin a la investigación”, contó el comisario Pino al juez, “porque fundamentalmente no se encontró nada. Porque no se había obtenido un resultado positivo”.

El magistrado Pablo Ruz, primer instructor del caso sobre los papeles de Bárcenas, no conoció la operación policial ni pudo acceder al material robado al extesorero por los agentes encargados de la Operación Kitchen. Solo cuatro años después, cuando los policías de Asuntos Internos entraron en la vivienda del comisario José Manuel Villarejo se encontraron las primeras pruebas de un despliegue sin control judicial —audios y recibís de pagos de fondos reservados— llevada a cabo desde el Ministerio del Interior. Aunque ya se habían publicado dos años antes algunas informaciones sobre el espionaje a Bárcenas, ninguna investigación judicial había señalado hasta entonces a la cúpula de Interior y de la policía.