Golpistas, un candidato de Vox y un nieto de Franco firman el manifiesto militar contra el Gobierno

El comandante Pardo Zancada, condenado por el 23-F, y el general Mena, arrestado por un discurso contra el Estatut, ven en peligro la democracia

Madrid -
El teniente general Mena, durante su discurso de la Pascua Militar de 2006, cuando sugirió una intervención militar en Cataluña.JAVIER CUESTA / EL CORREO DE ANDALUCÍA

La conmemoración del 42º aniversario del referéndum constitucional ha venido acompañada este año por la difusión de un manifiesto firmado por militares retirados que acusan al Gobierno de poner “en grave riesgo la unidad de España y el orden constitucional”.

Inicialmente fueron 271 los firmantes del manifiesto –que sigue la estela marcada por ...

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La conmemoración del 42º aniversario del referéndum constitucional ha venido acompañada este año por la difusión de un manifiesto firmado por militares retirados que acusan al Gobierno de poner “en grave riesgo la unidad de España y el orden constitucional”.

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Inicialmente fueron 271 los firmantes del manifiesto –que sigue la estela marcada por las cartas al Rey de 39 miembros de la XIX promoción de la Fuerza Aérea y 73 de la XXIII del Ejército de Tierra–, pero este domingo se ha hecho pública la adhesión de otros 200, de todos los cuerpos y empleos. Y probablemente se sumen más, ya que las Fuerzas Armadas españolas tienen unos 20.000 militares retirados.

Antiguos mandos del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea denuncian la “imposición de un pensamiento único” y se muestran preocupados por el “grave riesgo para la democracia”, por lo que expresan su “más absoluta lealtad al Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

Aunque la mayoría supera los 70 años, su apego al orden constitucional y al sistema democrático es mucho más reciente en muchos de ellos. Estos son los más significativos:

Comandante Ricardo Pardo Zancada. Condenado a 12 años de cárcel por su participación el golpe de Estado del 23-F de 1981.

Teniente general José María Mena. Cesado como capitán general de Sevilla y arrestado por sugerir, en el discurso de la Pascua Militar de 2006, que el Ejército intervendría si el Estatuto de Cataluña sobrepasaba determinados ”límites infranqueables”.

General de división Juan Chicharro. Presidente de la Fundación Francisco Franco. El Gobierno del PP aceptó su cese como vocal de la Orden de San Hermenegildo tras un discurso en el que justificaba una intervención militar.

El teniente general Emilio Pérez Alamán, el almirante José María Treviño, el general de división Luis Gómez-Hortigüela Amillo y el general de brigada Carlos Blond Álvarez del Manzano firmaron el manifiesto de desagravio a Franco, que exaltaba la figura del dictador y justificaba el golpe de Estado de 1936, difundido en el verano de 2018, cuando empezaba a debatirse la exhumación de sus restos. También lo suscribieron el general Chicharro y el general Manuel Álvarez del Monzón, quien afirmó: “Si Cataluña se independiza, hay que volar el Parlament a cañonazos”.

En la lista figuran el teniente general César Muro Benaya, el general de división Luis Carvajal Raggio y el general de brigada Adolfo Coloma, redactor del manifiesto que, en octubre de 2019, enviaron una carta al Vaticano, promovida por la Fundación Francisco Franco, en la que subrayaban “el esfuerzo gigante de reconciliación y la labor enorme de generosidad y clemencia” del dictador.

De todos los firmantes del manifiesto el que tuvo una carrera militar más corta fue el teniente Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, único nieto del dictador que ingresó en el Ejército. Colgó el uniforme en 1982, cuando no llevaba ni dos años de servicio. Su presencia en una lista de retirados que aseguran hablar “como militares” solo se explica como un marchamo de legitimidad de la familia Franco.

El Foro Milicia y Democracia, heredero de la Unión Militar Democrática (UMD) que se opuso a la dictadura desde dentro de las Fuerzas Armadas, ha difundido un comunicado en el que critica la proliferación de cartas y manifiestos de militares retirados, “anunciándonos poco menos que un cataclismo nacional e intentando involucrar al jefe del Estado en sus elucubraciones”. Y subrayan, entre otras cosas, que “no está en riesgo el orden constitucional” y que “nadie tiene derecho a arrogarse el patrimonio del patriotismo y del amor a España ni el uso interesado de sus símbolos”.

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