El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito

El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí

Juan Carlos I, en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución en el Congreso, el 6 de diciembre de 2018.Europa Press

Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga la donación de 65 millones de Arabia Saudí a Juan Carlos I, ha dado un nuevo giro a sus pesquisas. El fiscal jefe de Ginebra ha ampliado la lista de investigados (prévenus en su denominación francesa) a Yves Mirabaud, presidente del banco Mirabaud & Cie, en el que el 8 de agosto de 2008 recalaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de la...

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Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga la donación de 65 millones de Arabia Saudí a Juan Carlos I, ha dado un nuevo giro a sus pesquisas. El fiscal jefe de Ginebra ha ampliado la lista de investigados (prévenus en su denominación francesa) a Yves Mirabaud, presidente del banco Mirabaud & Cie, en el que el 8 de agosto de 2008 recalaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de la época), según manifestaron a EL PAÍS fuentes del caso y confirmó la entidad.

Yves Mirabaud está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país. La banca privada Mirabaud & Cie fue fundada en 1819 y cuenta con oficinas y filiales en Suiza, Canadá, Francia y Reino Unido, además de sucursales en Madrid, Barcelona y Sevilla.

La oficina del MROS funciona como un punto de transmisión entre los intermediarios financieros y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sus funcionarios analizan las operaciones dudosas que les comunican los bancos, elaboran sus informes y los trasladan a la policía. El MROS pertenece al Egmont Group, una asociación internacional que agrupa a las principales unidades de inteligencia financiera que combaten el blanqueo y la financiación terrorista. En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) lleva a cabo tareas similares.

La decisión del fiscal Bertossa de investigar al banquero Yves Mirabaud se adoptó hace varias semanas, después de tomar una nueva declaración a los principales actores del caso y poner el foco en su presunta falta de diligencia en la recepción y el manejo de los 65 millones que transfirió el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a la sociedad panameña Lucum en esta banca privada en Ginebra, que administra patrimonios millonarios. Tras la pantalla de esta sociedad figuraba como primer beneficiario Juan Carlos I, y Felipe VI como segundo. La Casa Real señaló en su momento que el actual jefe del Estado desconocía su presencia en los estatutos de Lucum.

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Nada más iniciar el caso, el fiscal suizo comunicó a los responsables del Mirabaud & Cie que el banco como entidad jurídica comparecía en calidad de investigado por un presunto delito agravado de blanqueo. En igual situación se encuentran desde entonces Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta del rey emérito; Dante Canónica, el abogado y director de la fundación panameña Lucum; y Corinna Larsen, examiga del monarca a la que en 2012 Juan Carlos I transfirió 64,8 millones a una cuenta en el banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas). A la lista se suma el presidente del banco por una acusación diferente.

En una caja fuerte

Hasta ahora, Yves Mirabaud había prestado declaración ante Bertossa como testigo. También lo han hecho Antoine Boisser, directivo ya jubilado y amigo de Arturo Fasana, que llevó al banco la cuenta millonaria, y uno de los administradores de la entidad, Luc Thévenoz. De sus declaraciones, que adelantó este diario, se concluye que ni el departamento de cumplimiento (compliance, en inglés) de la entidad, que vela por la reputación de la institución y examina a los clientes PEP (siglas en inglés para “personas políticamente expuestas”), ni el departamento jurídico conocieron que Juan Carlos I era su cliente.

El formulario de la fundación Lucum asociado a la cuenta del entonces jefe del Estado se guardaba en una caja fuerte y solamente seis de los miembros del denominado Consejo de Asociados sabían que el beneficiario final de la fundación panameña era Juan Carlos I. En su declaración ante el fiscal suizo, Yves Mirabaud explicó así ese secretismo: “La única razón por la cual se decide mantener la confidencialidad en el seno del banco del nombre de ese beneficiario era la siguiente: se trataba de evitar una dispersión demasiado amplia entre los empleados con la intención de mantener la discreción”.

—¿El Consejo de Asociados puso en duda la posible legalidad de dicha donación a favor de un representante del Estado?, preguntó el fiscal Bertossa al banquero.

—No recuerdo que hayamos pedido información a los asesores jurídicos para saber si su condición de rey en España le permitía recibir esos fondos, respondió Mirabaud.

—¿Existían clientes que el departamento de compliance y el departamento jurídico no conocían?, inquirió el fiscal.

—Clientes no, sí un beneficiario, a saber: el antiguo rey de España. Se trata del único beneficiario al que solo conocían la totalidad de los miembros del Consejo de Asociados. Históricamente, quizás haya habido otro beneficiario al que solamente conocían los asociados. Se trata de una antigua relación. La persona falleció hace varias décadas.

Mirabaud reconoció que él, como miembro del comité ejecutivo del banco, presidió el antiguo comité antiblanqueo de la entidad desde 2003 a 2013. El presidente afirmó que sí informó “verbalmente” al responsable del departamento de cumplimiento sobre el beneficiario final de Lucum y añadió que en la medida en que Juan Carlos I era un PEP, “fue el Consejo de Asociados el que dio el visto bueno a esa apertura”. Pero precisó que no fue él quien se ocupó personalmente de abrir esa cuenta.

Nadie recomendó que se declarara el dinero a Hacienda

El fiscal Bertossa ha podido acreditar que nadie del banco exigió ni recomendó que se declararan a la Hacienda española los 65 millones. Tampoco lo hizo Nicolás Gonet, el dueño de Gonet & Cie, la entidad que recibió en su filial de Nassau (Bahamas) los 64,8 millones donados por el rey emérito a Corinna Larsen.

El presidente del Mirabaud & Cie relató al fiscal que participó en las discusiones que dieron lugar al cierre de la cuenta de Lucum en 2012. “Mirabaud había aumentado su presencia en España. En aquella época, las actuaciones del rey de España empezaron a aparecer en los titulares de numerosos periódicos. Me refiero sobre todo a un viaje a África, según la prensa, para cazar elefantes. Consideramos que no era oportuno mantener esa cuenta. Informamos al señor Fasana y al letrado Canónica. Tomaron nota, no fui yo quien informó de esa decisión a los susodichos. Fue el señor Boisser o Antonio Palma (exasociado del banco)”.

Mirabaud reconoció que vio a Arturo Fasana, el gestor de la cuenta de Juan Carlos I, “en tres o cinco ocasiones” y que cuando apareció su nombre en la prensa española vinculado al caso Gürtel decidieron no prescindir de sus servicios. Rhône Gestion, la gestora ginebrina de fondos de Fasana, tiene unos 400 clientes, mueve alrededor de 1.000 millones y trabaja especialmente con dos bancos suizos, Mirabaud & Cie y Pictet.

Sobre Dante Canónica, el director de la fundación panameña Lucum, el banquero suizo aseguró que se lo presentó el exdirectivo del Mirabaud Antoine Boissier y que lo ha visto “una decena de veces, quizás más, en reuniones sociales”.

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