PP y Vox se unen contra una leve reforma constitucional y la subida de las pensiones

La voluntad del PP de ejercer una oposición constante y frontal ha quedado más patente que nunca este jueves en el Congreso. Los populares y Vox se unieron en su rechazo a dos asuntos que en los últimos meses parecían suscitar un consenso del que solo la extrema derecha se descolgaba: un leve retoque de la Constitución, con el objetivo fundamental de sustituir ...

La voluntad del PP de ejercer una oposición constante y frontal ha quedado más patente que nunca este jueves en el Congreso. Los populares y Vox se unieron en su rechazo a dos asuntos que en los últimos meses parecían suscitar un consenso del que solo la extrema derecha se descolgaba: un leve retoque de la Constitución, con el objetivo fundamental de sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”, y la actualización de las pensiones según el IPC. Los populares, secundados por Vox, intentaron frenar ambos proyectos, pero se toparon con el resto de la Cámara, Ciudadanos incluido. La que sería la tercera reforma constitucional en 43 años seguirá su trámite adelante, aunque el PP tiene capacidad de vetarla cuando se vote el texto definitivo, para el que se requiere una mayoría reforzada.

Una comisión del Congreso planteó en 2018, con amplio consenso, la reforma constitucional que demandaban los colectivos de personas discapacitadas. El Gobierno se comprometió entonces a presentar un proyecto de ley, que fue aplazándose por las sucesivas convocatorias electorales hasta que llegó al Parlamento el pasado mayo. Se trataba de cambiar la redacción del artículo 49 de la Constitución para sustituir un término que hoy se considera ofensivo y comprometer más a los poderes públicos en la protección de ese grupo de personas, 3,8 millones de españoles, según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Sería una reforma de la Ley Fundamental más leve que las dos llevadas a cabo hasta ahora, en 1992 para otorgar a los ciudadanos de otros países de la UE residentes en España el derecho a presentarse a las elecciones municipales, y en 2011 para consagrar como gasto prioritario del Estado el pago de la deuda pública.

Los populares anunciaron ya el pasado lunes una enmienda para derribar el proyecto al considerar, según su portavoz, Cuca Gamarra, que “no es el momento político oportuno” para tocar nada de la Constitución. En el propio texto de la enmienda desarrollan ese argumento, al señalar que “las razones de oportunidad son absolutamente inexistentes” por la presencia en el Gobierno de “partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española y cuya voladura pretenden”. Lo remachó ante el Pleno la diputada Isabel Borrego: “¿Saben ustedes el melón que han abierto?”.

Vox, que también presentó una enmienda a la totalidad, reforzó esa argumentación de fondo del PP, aunque, como es habitual, en términos más ominosos. Según su portavoz, Macarena Olona, el Parlamento actual “no tiene legitimidad moral” para tocar la obra de los “padres constitucionalistas” ya que en él “se han protagonizado los ataques más obscenos a la Constitución española”, como la declaración del estado de alarma.

PP y Vox aludieron también a un informe del Consejo de Estado que, sin oponerse a la reforma, objetó algunos aspectos del texto. La popular Borrego agregó otra razón: aunque en la Constitución se mantenga un término que “no es el más correcto”, “eso no va a impedir” que las personas discapacitadas sigan disfrutando de sus derechos.

Varios grupos mostraron su perplejidad por la actitud del PP, incluso dentro del bloque que se autodenomina “constitucionalista”. “Están en la senda del retroceso en derechos y libertades”, reprochó a los populares Sara Giménez, de Ciudadanos. Antes, el ministro Bolaños había aludido a que el texto está acordado con los grupos que representan a esos colectivos y a que en el propio Congreso había consenso al respecto en 2018, para concluir: “No veo un solo motivo para estar en contra”. El proyecto seguirá su trámite, ya que las enmiendas fueron rechazadas con 205 votos negativos. Ni siquiera las apoyaron los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, coligada con el PP en esa comunidad, que se abstuvieron, al igual que en la actualización de las pensiones. Pero esa mayoría sería insuficiente para sacar adelante la reforma cuando el texto definitivo vuelva al Pleno, ya que la Constitución exige los votos favorables de tres quintos de la Cámara, al menos 210 de los 350 parlamentarios.

Actualización de las pensiones

Parecidas reacciones de los demás grupos cosechó el PP con la enmienda que pretendía derribar el proyecto de ley para garantizar la actualización automática de las pensiones. Fueron desde el regionalista cántabro José María Mazón (“no entiendo por qué rompen un consenso histórico”) hasta el nacionalista vasco Iñigo Barandiaran (”esto solo se puede calificar de rabieta”). Y de nuevo Ciudadanos, que se abstuvo porque cree que el texto “debe ser mejorado”, sin dejar de deplorar la “oposición destructiva” del PP. Hasta Vox, que apoyó la enmienda, no dejó de hacer notar que la posición de los populares rompe “el consenso bipartidista”.

También el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, argumentó que el contenido básico del proyecto responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo suscritas por el PP y fue pactado en junio con los agentes sociales. Los populares desdeñaron ese acuerdo con patronal y sindicatos como una “patada para delante” con el único objetivo de “hacerse una foto en La Moncloa”, en palabras del diputado Tomás Cabezón. La principal razón esgrimida por el PP para oponerse es que el proyecto no incluye un mecanismo para controlar el gasto total del sistema, cuestión que el Gobierno ha anunciado que legislará aparte. Sobre el asunto principal, la actualización de las pensiones, el diputado Cabezón pasó sin pronunciarse claramente.

Escrivá apeló en vano a los populares. Alegó que es “dañino” para el sistema poner en duda su sostenibilidad e incluso advirtió de que en Europa “no se vería bien” que uno de los principales partidos españoles suscite dudas sobre una reforma ya supervisada por Bruselas. “Este no es un proyecto de partido, ni siquiera de Gobierno, es un proyecto de país”, afirmó el ministro. Escrivá se fajó a fondo con el PP y esgrimió un informe del Banco de España que calcula que de mantenerse la ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, las pensiones perderían un 40% de poder adquisitivo en los próximos 20 años. “La suya es una política de tierra quemada”, concluyó. Varios portavoces recordaron las palabras del propio Rajoy, el pasado lunes en la convención del PP, en las que animó a Pablo Casado a recuperar el modelo de su Gobierno.