El Gobierno abre un resquicio para juzgar los crímenes de la dictadura

Por primera vez desde la aprobación de la Constitución, en 1978, el Gobierno de coalición ha planteado una fórmula para intentar sortear la Ley de Amnistía de 1977 y abrir un resquicio para que puedan investigarse y juzgarse los crímenes del franquismo. Es algo que en España, al contrario que en otros países que han sufrido dictaduras, siempre se ha e...

Por primera vez desde la aprobación de la Constitución, en 1978, el Gobierno de coalición ha planteado una fórmula para intentar sortear la Ley de Amnistía de 1977 y abrir un resquicio para que puedan investigarse y juzgarse los crímenes del franquismo. Es algo que en España, al contrario que en otros países que han sufrido dictaduras, siempre se ha encontrado con un muro en los tribunales. En especial, el Supremo, que apelaba entre otras cuestiones a la Ley de Amnistía: un elemento central de la Transición, promovida por los antifranquistas para liberar a los presos políticos, pero que también ha servido como freno para cualquier proceso contra los represores.

La fórmula que han encontrado el PSOE y Unidas Podemos no toca, ni anula, ni deroga esa ley, como exigía ERC, pero sí establece, a través de una enmienda a la ley de Memoria Democrática registrada este miércoles, un posible resquicio para sortearla y que los tribunales la interpreten de una manera diferente a la que han consolidado hasta ahora. En especial, el Constitucional, cuando en pocos meses cambie su composición hacia una mayoría progresista.

La enmienda pactada por los socios del Gobierno, que todavía tiene que negociarse con ERC y PNV, se centra en criterios que han prevalecido en procesos similares en otros países, como Argentina, donde la justicia apela a la doctrina internacional sobre que son imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad (concepto fijado en el derecho internacional que define un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razón de pertenencia a un grupo perseguido por motivos políticos, raciales, étnicos, religiosos u otros reconocidos como inaceptables). Y así su texto señala literalmente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

El Gobierno pretendía así hacer un guiño a ERC y otros grupos como el PNV para lograr una mayoría para una de sus leyes estrella de la legislatura, la de memoria democrática, que de momento no tiene los apoyos garantizados. La iniciativa llega a cuatro días del 20-N y 46 años después de la muerte del dictador Francisco Franco.

Los efectos prácticos de esta modificación, sin embargo, serán muy limitados, según reconocen sus promotores, porque la inmensa mayoría de los autores de los crímenes franquistas ya han muerto. Pero al menos se busca un resarcimiento moral y simbólico. Y otras enmiendas pactadas proponen facilitar compensaciones económicas a las víctimas.

Hasta ahora, todos los procesos iniciados en España para juzgar crímenes del franquismo —los más conocidos los llevó adelante el juez Baltasar Garzón— se toparon con la barrera infranqueable de la Ley de Amnistía y del Tribunal Supremo, que tiene una clara jurisprudencia en este asunto. El Tribunal Constitucional cerró también la puerta a la investigación penal de los crímenes del franquismo, a través de un auto de septiembre en el que inadmite a trámite un recurso de amparo presentado por el ex secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, por las detenciones y torturas que sufrió entre 1964 y 1974. Ese auto, que no sentencia, tuvo tres votos particulares que reclamaban estudiar a fondo el asunto y ver las implicaciones de la Ley de Amnistía. En su voto, la magistrada María Luisa Balaguer denunciaba que existen “zonas de impunidad en determinados períodos de la historia del país”.

Unidas Podemos cree que con la aprobación de la ley de memoria con esta enmienda, y un cambio hacia una mayoría progresista en el Constitucional, podría cambiar la interpretación. En cualquier caso todas las fuentes consultadas advierten de que será un proceso complicado que depende ahora de los tribunales.

Fuentes de Unidas Podemos señalan que no es sensato anular la Ley de Amnistía, como pide ERC, entre otras cosas porque fue en aquel contexto de la Transición una gran conquista de los demócratas. El momento ahora es otro. “Después de tantos años de la muerte del dictador estamos dando pasos muy sólidos para que sus crímenes salgan de la impunidad”, dijo Enrique Santiago. “Es sin duda la última oportunidad de nuestro país después de tantos años. Es el único país occidental donde la impunidad ha sido la tónica ante este tipo de crímenes. Es un día para estar satisfechos”. El secretario de Estado de Agenda 2030, secretario general del PCE y uno de los negociadores admitió así que el paso del tiempo hará que no tenga grandes efectos jurídicos concretos, pero sí morales y reparadores para las familias de las víctimas.

“La muerte extingue la responsabilidad penal y la mayoría de los responsables están muertos. Pero al menos se acaba con una anomalía en nuestro país. Cualquier ministro franquista o cualquier persona que haya cometido torturas podrán ser juzgados”, señaló Santiago.

Fuentes de la dirección de ERC en el Congreso, sin embargo, aún ven “insuficientes” los cambios promovidos por los dos socios del Ejecutivo, aunque están dispuestos a negociar ahora en el trámite parlamentario hasta la aprobación final en pleno de la norma, que tardará varios meses. Para ERC, la declaración de ilegalidad del régimen franquista es un punto innegociable. Su portavoz en la Cámara, Gabriel Rufián, echó varios jarros de agua fría sobre el acuerdo: “Venden humo y un triunfalismo absurdo”. El dirigente republicano negó “ninguna obertura a posibles reparaciones económicas o patrimoniales de las víctimas o sus familiares de la dictadura franquista porque en las enmiendas planteadas no figura ningún tipo de mecanismo para poder facilitarlas”.

ERC no respalda meros retoques de la norma, pide su cambio total y emplaza a PSOE y Unidas Podemos si de verdad quieren negociar con ellos a declarar el régimen franquista como “ilegal porque surgió de un golpe de Estado”. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, enfatizó “el avance en derechos, protección y libertades” del cambio legislativo y apuntó que su grupo quiere que “se apruebe lo antes posible”. Para ello no descartó el diálogo con ninguna otra fuerza en la Cámara en alusión a los contactos que han tenido ya con Ciudadanos.