Un año de asignaturas pendientes

El Gobierno deberá culminar a comienzos de 2022 algunas de las principales leyes de esta legislatura, como la convalidación en el Congreso de la reforma laboral o la modificación de la ley mordaza aprobada por el PP en 2015, pero también afrontar nuevos retos. Cuestiones como la financiación autonómica o la mesa del diálogo con Cataluña ocuparán parte de la agenda del nuevo año.

Reforma laboral. El Gobierno tiene hasta el 31 de enero para convalidar en el Congreso el decreto-ley aprobado el martes. El acuerdo histórico de una de las normas clave de la coalición en esta legislatura, que logró el aval de patronal y sindicatos, deberá ahora ser ratificado por sus socios parlamentarios. Los nacionalistas de ERC, PNV y EH Bildu ya han anunciado su negativa a apoyar el texto tal y como está, con lo que el Gobierno se arriesga a perder una votación que devolvería a España a la legislación del PP. El Ejecutivo, además, quiere evitar que la reforma se tramite como proyecto de ley, lo que abriría el texto a enmiendas de los grupos políticos que, de ser incorporadas, podrían sacar del acuerdo a la patronal.

Leyes de la coalición. A comienzos de noviembre, y tras meses paralizada la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos pactaron una serie de enmiendas para proteger los derechos de los manifestantes y eliminar los aspectos más extremos de ella. Aunque la mayoría de la Cámara apoya la reforma de la conocida como ley mordaza, el Gobierno suma al no de los partidos de la derecha, la oposición de los sindicatos policiales, movilizados en la calle contra la reforma de la norma. La Cámara también tramita la ley de protección de la libertad de expresión, una propuesta de Unidas Podemos que plantea derogar, entre otros, los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y el de enaltecimiento del terrorismo. El plazo de enmiendas está prorrogado hasta febrero.

Aunque la ley de Vivienda compete al Ministerio de Transportes, que gestiona el PSOE, la norma para regular el precio de los alquileres ha sido uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos desde el arranque de la legislatura. Rebajada respecto a las pretensiones iniciales de UP, la ley se pactó a la vez que el borrador de Presupuestos, pero el texto está aún pendiente de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que no llegará hasta enero.

Pendiente también del segundo paso por el Consejo de Ministros se encuentra la conocida como ley trans, que fue aprobada en primera vuelta a finales de junio. El ministerio que encabeza Irene Montero tiene previsto avanzar en el primer trimestre con otras tres leyes: la de garantía de la libertad sexual (que acaba de terminar el período de enmiendas en el Congreso), y otras dos, sobre las que aún no hay texto. Una avanzará en la regulación del derecho al aborto y otra prevé medidas para combatir la trata con fines de explotación sexual. Otra de las prioridades de Podemos para 2022 pasa por la ley de diversidad familiar, que negocia el Ministerio de Derechos Sociales. El borrador incluye una prestación universal por crianza para familias con hijos de 0 a 3 años, aunque por ahora cuenta con la oposición de Hacienda.

Este departamento tiene previsto abordar este año otra de las grandes reformas del ciclo, la fiscal. La ministra María Jesús Montero quiere comenzar su discusión una vez se pronuncie la comisión de expertos, cuyos trabajos terminan a finales de febrero. Tras haber fijado un mínimo del 15% para sociedades, la reforma busca modificar también los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y abordar la fiscalidad medioambiental.

Financiación autonómica. La reforma de la financiación autonómica está pendiente desde 2014 y será uno de los debates centrales de 2022. Hacienda, que envió a principios de mes una propuesta a las comunidades, aboga por abordar primero la discusión sobre el sistema de reparto.

Medidas emblemáticas a la espera de los tribunales. La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene sobre la mesa los siete recursos presentados contra los indultos concedidos a los líderes del procés condenados por sedición. Los magistrados prevén abordar en la próxima semana una cuestión preliminar, pero esencial: si PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos que recurrieron, están legitimados para impugnar las medidas de gracia. Por su parte, el Constitucional tiene previsto pronunciarse en los próximos meses sobre la nueva ley de Educación, conocida como ley Celaá, y la ley de eutanasia, ambas recurridas por el PP y Vox. En la primera, los partidos de derecha intentan que se declare inconstitucional, entre otros aspectos, la posibilidad de negar subvenciones a los centros que segreguen por sexos. En la ley que regula el derecho a morir, las dos formaciones reclaman la nulidad de la norma por considerar que vulnera el derecho a la vida.

Relación con la Generalitat. El presidente del Gobierno garantizó este miércoles durante su intervención que habrá una nueva reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat, pero abogó por esperar “unas semanas” para seguir combatiendo la sexta ola de la pandemia y consolidar la recuperación económica. El president Pere Aragonès advirtió el domingo en su mensaje de Fin de Año de que buscará “alternativas” si el diálogo con el Estado encalla y no empieza a dar “resultados tangibles” en 2022. La sentencia confirmada recientemente por el Supremo que insta a la Generalitat a impartir en castellano un mínimo del 25% de las clases amenaza con complicar la relación entre ambos gobiernos. El Ministerio de Educación tiene que decidir si pide que se ejecute el fallo, a lo que se opone el Govern, que alega que la sentencia se basaba en parte en una disposición de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que establecía que el castellano es “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, y que esa referencia fue derogada en la nueva ley.

Regreso del rey emérito. La Fiscalía tiene previsto archivar pronto las causas abiertas a Juan Carlos I y entonces se planteará la posibilidad de su regreso a España, sin que se haya avanzado apenas en una reforma de las normas que regulan la transparencia y el control de la Casa del Rey.

Con información de Pilar Álvarez.