El PP insiste en la ofensiva contra el reparto de los fondos europeos a pesar de que Bruselas desoye sus quejas
Los populares relacionan las ayudas con el caso de los ERE y mantienen que el reparto es desigual
El PP insiste en sembrar sospechas sobre el reparto de los fondos europeos y en relacionarlos con la corrupción a pesar de que, hasta el momento, Bruselas ha desoído sus quejas. Los populares mantienen que la distribución de las ayudas es desigual en función del color político ―aunque cuatro de las seis comunidades más beneficiadas están gobernadas por el PP― y aseguran que van a seguir intentando que las instituciones comunitarias tomen...
El PP insiste en sembrar sospechas sobre el reparto de los fondos europeos y en relacionarlos con la corrupción a pesar de que, hasta el momento, Bruselas ha desoído sus quejas. Los populares mantienen que la distribución de las ayudas es desigual en función del color político ―aunque cuatro de las seis comunidades más beneficiadas están gobernadas por el PP― y aseguran que van a seguir intentando que las instituciones comunitarias tomen cartas en el asunto. En paralelo, el principal partido de la oposición lanza una ofensiva parlamentaria y ha registrado la petición de comparecencia de los 22 ministros del Gobierno para que expliquen “bajo qué criterios han hecho el reparto”, según ha anunciado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado este miércoles en TVE que el reparto de las ayudas europeas es discrecional y perjudica a las autonomías gobernadas por el PP. “Es evidente que el PSOE ha establecido un criterio: aquellos territorios donde gobierna el PSOE, adjudicamos, y aquellos criterios donde no gobierna el PSOE, castigamos. Ese es el criterio objetivo que en estos momentos opera con los fondos europeos”, ha defendido el número dos de los populares. “Lo que no puede ser es que esto se convierta en unos fondos del PSOE y no en unos fondos de España”.
El PP se ha lanzado a la batalla de los fondos contra el Gobierno sobre la base de que estos van a ser gestionados en gran medida por las comunidades autónomas. Hasta ahora, el Ejecutivo ha repartido 11.246 millones de euros del ejercicio presupuestario 2021 a las autonomías a través de acuerdos del Consejo de Ministros y conferencias sectoriales, subvenciones y convenios. Es decir, las comunidades van a gestionar un 46% de los 24.198 millones presupuestados en 2021 en el Plan de recuperación y el 59% de los 19.036 millones recibidos de la Comisión Europea en 2021. El Ejecutivo explica que el reparto de los fondos se ha realizado a partir de “un diálogo permanente con las comunidades”, para lo cual se han celebrado 59 conferencias sectoriales en las que se han abordado las iniciativas del plan.
Cuatro de las seis comunidades más beneficiadas por los fondos hasta la fecha están gobernadas por el PP: Andalucía, la primera; Madrid, la tercera [después de Cataluña]; Castilla y León [quinta después de la Comunidad Valenciana] y Galicia. El Gobierno ha asignado a Madrid, que ha sido la primera en llevar el reparto de los fondos a los tribunales, 1.213 millones de euros, lo que supone el 12% de todos los fondos del plan asignados a las comunidades.
A pesar de ello, el PP insiste en su ofensiva y en relacionar el reparto con la posibilidad de que haya corrupción. La dirección nacional va a poner en conocimiento de la UE cualquier anomalía que detecte ―con quejas a la Comisión, que dirige la popular Ursula Von der Leyen― aunque de momento Bruselas hace oídos sordos a esas quejas, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haya movilizado para neutralizar las críticas en la capital europea. España es el único país de la UE en el que se ha desatado una disputa entre las autoridades regionales y el Gobierno central por los fondos europeos.
El PP insinúa el riesgo de corruptelas en la gestión de estas ayudas, sometidas a un exhaustivo control por parte de las autoridades europeas. “Esto ya lo hemos vivido”, ha apuntado el secretario general de los populares en referencia al caso de los ERE, en el que se investigó al Gobierno andaluz, en manos entonces de los socialistas, por un mecanismo de pago a empresas en crisis y que los tribunales han considerado fraudulento. “La semana pasada entró en prisión un consejero de la Junta de Andalucía por robar dinero de los parados, de los ERE [expedientes de regulación de empleo], y utilizarlo discrecionalmente. Por tanto, lo mismo que ocurrió con los ERE, que también eran ayudas europeas a regiones en desarrollo y acabaron en el bolsillo de unos pocos, es lo que no puede pasar con los fondos europeos”. El partido de Pablo Casado reclama una agencia independiente que evalúe los criterios del reparto.
El Gobierno acusa al principal partido de la oposición de deslealtad porque siembra dudas en Europa sobre la gestión de las ayudas, lo que podría entorpecer la llegada a España de los fondos, y el PP se defiende criticando al ministro de Consumo. “El que ha vendido una mala imagen de España es [Alberto] Garzón hablando mal de la carne española. Ese es el único asunto grave que yo he visto, inaceptable. Cada vez que acusen a un miembro del PP de hablar mal de España, que se pongan las declaraciones de Alberto Garzón”, ha defendido García Egea. “A hablar mal de la imagen de España, a este Gobierno no le gana nadie”.
Trabajo defiende el reparto en el ejercicio de sus competencias
El real decreto por el cual se aprobó la concesión directa de subvenciones para proyectos piloto de empleo juvenil se publicó el 19 de octubre en el BOE. Las autonomías beneficiarias fueron Navarra, con tres millones, y País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura, cada una de ellas con dos. Ninguna gobernada por el PP. Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) distribuyó esos fondos “en el ejercicio de sus competencias”. “La financiación de estos planes piloto es un mecanismo que está contemplado en las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones”, así como por el real decreto que regula la gestión de los fondos del plan de recuperación, argumenta.
La ayuda se desarrolla en cuatro comunidades debido a sus “diferentes estructuras socioeconómicas, dado que el proyecto piloto requería diversidad sectorial: industrial, servicios y agraria”, justifica Trabajo, que añade que el SEPE tiene presupuestados 20 millones para estos proyectos, por lo que más comunidades pueden optar aún a los 11 restantes. Madrid, que ha denunciado el reparto, no solicitó esas subvenciones, indican las mismas fuentes.
La Comunidad recurrió el real decreto el 17 de diciembre, pero se confundió de tribunal: en vez de presentarlo en el Supremo lo hizo en la Audiencia Nacional. El letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia se percató del error y pidió a los implicados que se pronunciaran sobre qué órgano debía estudiar el caso. La Abogacía del Estado contestó que el Supremo, lo mismo que Madrid, que admitió su confusión en un informe. Falta la respuesta de la Fiscalía. Lo previsible es que la Audiencia remita el recurso al Tribunal Supremo.