El Gobierno tramitará como ley el decreto anticrisis para intentar que no decaiga

El Gobierno ha accedido a tramitar como ley el decreto anticrisis a menos de 12 horas de una votación que se prevé de infarto porque a esta hora no la tiene asegurada. La tramitación como proyecto de ley era una de las peticiones que había formulado el PP para considerar su voto afirmativo, pero por sí sola no basta, afirman fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo ya había dicho varias veces que estaba dispuesto a abrir la norma a enmiendas, aunque no cree que sea muy operativo porque solo tiene una vigencia de tres meses, de los que ya casi ha transcurrido uno, pero lo hace como...

El Gobierno ha accedido a tramitar como ley el decreto anticrisis a menos de 12 horas de una votación que se prevé de infarto porque a esta hora no la tiene asegurada. La tramitación como proyecto de ley era una de las peticiones que había formulado el PP para considerar su voto afirmativo, pero por sí sola no basta, afirman fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo ya había dicho varias veces que estaba dispuesto a abrir la norma a enmiendas, aunque no cree que sea muy operativo porque solo tiene una vigencia de tres meses, de los que ya casi ha transcurrido uno, pero lo hace como gesto político para poner más difícil al PP votar en contra. Este gesto de última hora muestra que el Gobierno no confía en la mayoría habitual por las dudas de ERC tras el escándalo del espionaje, y quiere forzar al PP al menos a abstenerse, lo que garantizaría que el texto se aprobara con comodidad.

El Ejecutivo insiste en que si los populares o cualquier otro tumban el decreto, el problema no es tanto para el Gobierno, sino para los ciudadanos que se ven beneficiados por esta norma con 6.000 millones de euros en ayudas. La gasolina pasaría automáticamente a costar 20 céntimos más si cayera el decreto, la luz sería más cara porque decaería el 60% de bajada de impuestos y los transportistas se quedarían sin 1.200 millones de euros en ayudas, por ejemplo.

El PP había encarecido esta tarde el precio de su respaldo al texto, visto que al Gobierno se le ha complicado mucho su aprobación. Los populares habían ofrecido al Ejecutivo salvar la votación si aceptaba esa forma de trámite, como ya había planteado Pedro Sánchez el martes, y si, además, el Gobierno asumía cuatro propuestas del plan económico de los populares: bajar los impuestos a las rentas medias y bajas con una rebaja del IRPF, una reducción del IVA del gas y la electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%), medidas “para agilizar la ejecución de los fondos europeos” y otras “para racionalizar el gasto burocrático y el tamaño del Gobierno”.

Los populares habían enviado esas exigencias a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una carta en la que planteaban sus condiciones después de la conversación que Montero mantuvo el martes con el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, para pedirle al PP su apoyo.

Montero, muy molesta por la decisión del PP de publicar la carta que le había enviado de forma en teoría discreta, ha respondido este miércoles por la tarde a la misiva del PP y a sus peticiones, y ha señalado que las propuestas de los populares requieren “de un análisis profundo”. “Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier Gobierno responsable debe tener en cuenta”, precisaba la ministra, que criticaba que ese impacto “no viene reflejado” en la carta de los populares. La respuesta del Gobierno muestra su convicción de que “un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política”, y concluye que el Ejecutivo mantiene “la mano tendida al Partido Popular (...) para llegar acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país”. Esta última frase abre la puerta a acuerdos de fondo, pero las posiciones en política económica siguen muy alejadas.

En su carta, el PP considera que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania que se vota el jueves tiene “algunas cuestiones aprovechables, pero otras inasumibles, otras insuficientes y muchas notablemente mejorables”, dice el texto que el partido ha enviado al Gobierno, y que firma Bravo como responsable económico. Por tanto, para que los populares “faciliten la convalidación” con un voto afirmativo, la dirección pide que se asuman sus propuestas tramitando la norma como proyecto de ley antes de que finalice este periodo de sesiones.

De lo contrario, el PP no descarta votar en contra del decreto, según fuentes de la dirección popular, a pesar de que contiene más de 6.000 millones de euros en ayudas a varios sectores y bajadas de impuestos para reducir el impacto de la inflación, entre ellas la rebaja de la gasolina de 20 céntimos por litro, que decaería si la norma no sale adelante. Los populares se quejan de que el Gobierno ha pretendido un “cheque en blanco” del PP, una vez ha visto que se le tambaleaba la mayoría de la investidura. En la conversación que la ministra de Hacienda y el vicesecretario de Economía popular mantuvieron el martes, Montero, según fuentes del PP, aseguró que no había analizado todavía la propuesta económica que el PP había remitido a La Moncloa el viernes. En el documento de 42 páginas, el partido conservador explica que apuesta por una bajada de impuestos con carácter temporal por valor de entre 7.500 y 10.000 millones.

No obstante, la carta del PP solo dice que votarían a favor si se aceptan sus propuestas, pero no dice qué harían en caso de que el Gobierno no las asuma. Hay dos posibilidades encima de la mesa, un voto en contra o una abstención. La votación es complicada para el PP, porque es la primera que Alberto Núñez Feijóo afronta como presidente popular ante un paquete de medidas sociales del Gobierno, destinadas a paliar las consecuencias económicas de la elevada inflación y de la subida de los precios de la energía.

Ventajas de la abstención

Numerosos dirigentes populares, también del núcleo del barón gallego, creen que una abstención tiene ventajas estratégicas para el PP, incluso aunque así salven la votación del decreto. Para empezar, porque es muy difícil explicar que se oponen a la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasolina, que los ciudadanos ya están notando y que desaparecería si la norma no sale adelante. Después, porque con una abstención, Feijóo se distanciaría de la etapa anterior del PP del no a todo y se diferenciaría de Vox. Al mismo tiempo, estos dirigentes opinan que el Gobierno se debilitaría más cuanto más se acerque al PP, porque profundizaría en la ruptura con sus socios de investidura.

Ahora bien, para que el PP pudiera abstenerse, consideran estas fuentes, el Gobierno tendría que concederles alguna contrapartida. “No puede ser que hayan metido a Bildu en la comisión de secretos oficiales a cambio de su apoyo, y a nosotros nos pida que apoyemos a cambio de nada”, se quejan dirigentes populares. La votación ha provocado un fuerte debate interno en el PP, pero todas las fuentes consultadas tienen claro que la decisión se tomará al más alto nivel y que Feijóo no la desvelará hasta el último momento.