Las defensas de los condenados en los ERE se plantean recurrir al Constitucional

Decepción es el sentir generalizado que transmiten los letrados que han dirigido las defensas de los 19 condenados por la Audiencia de Sevilla en la pieza política del caso de los ERE, y que han visto confirmadas sus penas por el Tribunal Supremo. Tanto el abogado del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán ―sobre quien pesa una condena a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y malversación― como el de...

Decepción es el sentir generalizado que transmiten los letrados que han dirigido las defensas de los 19 condenados por la Audiencia de Sevilla en la pieza política del caso de los ERE, y que han visto confirmadas sus penas por el Tribunal Supremo. Tanto el abogado del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán ―sobre quien pesa una condena a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y malversación― como el del que fuera vicepresidente del Gobierno regional, Gaspar Zarrías ―condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación― han confirmado que su intención es recurrir al Tribunal Constitucional, una vez que conozcan el contenido de la sentencia del alto tribunal.

“Solo sabemos que los dos votos particulares pedían la anulación de las condenas por malversación y eso nos abre un rayo de esperanza”, ha señalado José María Calero, abogado de Griñán, esta mañana en la Cadena SER. El letrado tampoco descarta solicitar el indulto en última instancia “para evitar que se consolide” lo que le parece “una resolución manifiestamente injusta”.

Gonzalo Martínez, el abogado de Zarrías, también ha manifestado su contrariedad por el fallo del Supremo. “Pensaba que iba a anular la sentencia de la Audiencia de Sevilla”, ha señalado en conversación telefónica con este diario. Como también ha comentado Calero, Martínez considera que la resolución de la Audiencia, ratificada por tres de los cinco magistrados del Supremo, “entra en el terreno de las decisiones políticas” y recuerda que el mecanismo de transferencia de las ayudas a las empresas en crisis ―objeto principal de la trama fraudulenta― estaba incluido en la ley de presupuestos de la comunidad que aprobaba todo el Parlamento. “Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, aunque tenemos que esperar a ver el contenido de la sentencia”, ha afirmado Martínez. Cuando se le ha preguntado por el estado de ánimo de los condenados, el abogado asegura que “están todos muy decepcionados”.

Por su parte, Rafael Alcácer, abogado de Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y condenada también a nueve meses de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, es más cauteloso y demanda conocer el contenido de la sentencia para ofrecer una opinión fundada. Con todo, en declaraciones a este diario, ha calificado el fallo del Supremo como “decepcionante”. “Esperaba que hubiera sido más selectivo y absuelto a un mayor número de condenados”. Alcácer entiende que dado que “son muchos los condenados y por diferentes delitos, los fundamentos de cada condena deberían ser distintos”, pero vuelve a remarcar que al no conocer el contenido de la resolución no puede entrar a valorar. Tampoco se aventura a confirmar si recurrirán la sentencia al Constitucional, en tanto no conozca los fundamentos jurídicos del fallo. “Para eso es necesario que se vulneren derechos fundamentales y habrá que ver cómo está argumentada la resolución”.

La sentencia de los ERE se ha conocido poco antes de la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz. Tras recibir sus carteras, el presidente, Juan Manuel Moreno, se ha referido al fallo para señalar que la condena confirma que “durante mucho tiempo hubo corrupción institucionalizada” en la comunidad. “Es uno de los hechos más graves en la historia de Andalucía. No es ni para alegrarse ni para sonreír”, ha sostenido.

Moreno ha aprovechado para desmarcarse de esos años asegurando que “afortunadamente, Andalucía ha abierto una etapa donde ya no es noticia la corrupción ni las irregularidades” y ha cuestionado la lentitud de la justicia. “Empatizo con esas personas, independientemente de que quién la hace la paga”, ha señalado, en referencia a los más de 10 años que los condenados han tenido que esperar para conocer la sentencia definitiva.