Las trabas de los vocales conservadores del Poder Judicial retrasan el inicio de la negociación para renovar el Constitucional

Este martes vence el plazo que marca la ley para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero el órgano de gobierno de los jueces va a incumplir el calendario legal. Los vocales del sector conservador del Consejo dieron este lunes el primer paso para negociar con el sector progresista, pero pusieron trabas para dar el segundo. Tras varios días de espera por parte del bloqu...

Este martes vence el plazo que marca la ley para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero el órgano de gobierno de los jueces va a incumplir el calendario legal. Los vocales del sector conservador del Consejo dieron este lunes el primer paso para negociar con el sector progresista, pero pusieron trabas para dar el segundo. Tras varios días de espera por parte del bloque progresista, los consejeros propuestos por el PP comunicaron a primera hora los nombres de sus dos negociadores, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, y fuentes de este grupo aseguraron que sus interlocutores llamarían a los progresistas por la mañana “para verse con el objetivo de establecer las bases sobre cómo tiene que desarrollarse el diálogo”. La llamada se produjo, pero Llombart y Ballestero alegaron problemas de agenda y plantearon reticencias a que la primera reunión se produjera esta semana. Ya por la noche, los conservadores ofrecieron mantener una reunión el viernes por videoconferencia y los progresistas aceptaron.

Los vocales del sector conservador, que amagaron durante unos días con bloquear la designación de los dos magistrados del Constitucional, han acabado accediendo a negociar los nombramientos, pero ya advirtieron durante el pleno celebrado el pasado jueves que no se sentían vinculados por la fecha límite de este martes, 13 de septiembre, que fijó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ), aprobada por el Congreso antes del verano y que devuelve al actual órgano de gobierno de los jueces —cuyo mandato expiró en diciembre de 2018— las competencias para elegir magistrados del Constitucional, pero mantiene el veto sobre el resto de nombramientos discrecionales. Los progresistas salieron de aquel pleno con la sensación de que una mayoría de consejeros conservadores pretenden dilatar todo lo posible la designación y las primeras conversaciones entre los dos bloques han confirmado esa impresión. De momento, la primera semana transcurrirá sin avances hasta, como mínimo, el viernes.

Los dos negociadores conservadores, Llombart y Ballestero, forman parte del sector más crítico con el Gobierno y que amenazó con hacer fracasar la designación de los magistrados del Constitucional. Este núcleo lo conforman, además, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y José María Macías. Este último, quien coordina a este grupo, comunicó a primera hora del lunes a Álvaro Cuesta —principal mediador de los progresistas— que Ballestero y Llombart se pondrían en contacto con él durante la mañana para verse. Según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por este periódico, llamó Llombart, pero para advertir que estaba muy ocupada y no podría hablar del asunto hasta la tarde. La vocal, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, volvió a telefonear después de comer, pero cuando Cuesta le pidió concretar un día para quedar, a ser posible este martes o miércoles, Llombart alegó que tanto ella como Ballestero (magistrado del tribunal superior de Galicia, pero con dedicación exclusiva ahora para el Consejo) tenían problemas de agenda para verse esta semana. Ante la insistencia de Cuesta, la consejera quedó en hablar con su compañero para intentar buscar una fecha y, al borde de las 22.00, los conservadores ofrecieron mantener una reunión el viernes a las 9.00 por videoconferencia.

Sin candidato firme

Más allá de la fecha, el mensaje transmitido por los conservadores a sus compañeros de pleno es que en la primera reunión solo se debatirían “las bases para el diálogo”. Fuentes del bloque conservador confirman esta intención y aseguran que no tienen todavía un candidato en firme que proponer a los progresistas, por lo que, por ahora, no están preparados para debatir nombres. ¿Y a qué se refieren con fijar las bases del diálogo? Aunque la ley solo establece que el CGPJ debe designar a dos magistrados del Constitucional, la tradición a lo largo de la democracia es que el Consejo proponga para el tribunal de garantías a jueces del Supremo, los de más alta categoría de la carrera. Así lo habían acordado con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, los vocales de ambas corrientes. Pero los conservadores aseguran que no hay ningún magistrado del alto tribunal afín a sus preferencias y con el que hayan podido consensuar ya su candidatura. Por eso, según las fuentes consultadas, quieren tantear la posibilidad de, en vez de magistrados del alto tribunal, proponer a jueces de otros tribunales o a juristas.

El bloque progresista tiene desde hace días preparada una lista con al menos cinco magistrados del Supremo (Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Jacobo Barja de Quiroga y Eduardo Espín) que han dado su visto bueno a ser candidatos de este sector para uno de los dos puestos en liza. Fuentes de este grupo señalan que ellos seguirán proponiendo a jueces del Supremo, pero, aunque no sea lo pactado, en principio no se opondrían a votar a un candidato del bloque conservador ajeno a este tribunal. No obstante, estas fuentes temen que las supuestas trabas para proponer aspirantes sea otra de las fórmulas empleadas para alargar el proceso. “Sabemos que nos tenemos que armar de paciencia”, señalan estas fuentes.

La intención de Lesmes era convocar esta semana, o como muy tarde la que viene, un pleno extraordinario en el que se pudieran ya votar dos candidatos de consenso (uno propuesto por cada sector). Pero los obstáculos que están poniendo los conservadores alejan cada día más esa posibilidad. Los consejeros progresistas temen que las conversaciones se dilaten, al menos, hasta el próximo 29 de septiembre, cuando el Consejo tiene fijada la fecha para su próximo pleno ordinario.