Sánchez y Feijóo ultiman su único gran pacto antes de una durísima carrera electoral

Han hecho falta casi cuatro años, un cambio de liderazgo hace ya seis meses en la cúpula del PP y, sobre todo, la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con una crisis institucional sin precedentes, para que por primera vez tanto en el Gobierno como en el principal partido de la oposición insistan en que esta vez es la buena y que...

Han hecho falta casi cuatro años, un cambio de liderazgo hace ya seis meses en la cúpula del PP y, sobre todo, la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con una crisis institucional sin precedentes, para que por primera vez tanto en el Gobierno como en el principal partido de la oposición insistan en que esta vez es la buena y que el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial es inminente. No parece que se pueda cerrar este mismo fin de semana, y ni siquiera la fecha del martes, con un debate decisivo en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, es asumida como un límite temporal inexcusable, pero de los dos lados admiten que las cosas van bien, las negociaciones avanzan y, sobre todo, asumen que cualquier otra opción sería un gran escándalo. Puestos frente al precipicio, las dos partes parecen haber cedido en algo. Será el primer gran pacto entre Sánchez y Feijóo en vísperas de la larga, incierta y compleja campaña electoral que se avecina durante todo 2023 y en la que ambos se juegan el futuro de su carrera.

Con un Poder Judicial descabezado y desprestigiado como órgano de gobierno de los jueces, ya sin presidente, con su consejo irremediablemente roto, que discute incluso sobre la fórmula para buscar un sucesor interino y no logra ponerse de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional desde hace más de un mes, la imagen de una nueva ruptura entre los dos grandes partidos sería insostenible. Y la presión es fuerte sobre todo para el PP, que ha logrado bloquear la renovación durante casi cuatro años pero ahora empieza a sufrir un desgaste con la dimisión de Lesmes, un hombre muy cercano a este partido, que lo eligió como presidente del CGPJ y ahora ve cómo dimite harto de ese larguísimo conflicto. Feijóo, además, se había labrado con sus cuatro mayorías absolutas como presidente de la Xunta de Galicia un prestigio de político institucional, solvente, de gestión y de Estado que quiere exportar a nivel nacional para contraponer al de Sánchez y para lo que no ayuda nada el incumplimiento de sus deberes constitucionales sobre el poder judicial. Este deterioro también perjudica al Gobierno por la mala imagen de España ante Bruselas.

Sánchez y Feijóo, después de una reunión en La Moncloa el lunes pasado que fue mucho mejor de lo esperado, ultiman ahora los detalles de este acuerdo con sus negociadores principales, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Será su primer pacto de Estado y probablemente el último importante antes de una larguísima campaña a cara de perro en la que se jugarán a todo o nada durante 2023 buena parte del poder político español, ya que entre las municipales y autonómicas de junio y las generales previstas para diciembre se decidirá la estructura de poder real para los próximos años en España. Las urnas solventarán así el futuro de los dos grandes partidos e incluso de la estructura multipartidista surgida en 2015 y que podría cambiar mucho su configuración en estas elecciones, donde el bipartidismo se está recuperando de su debacle de 2019 aunque aún seguirá muy lejos de los años en los que ocupaba el 80% de los escaños.

Bolaños y Pons llevan toda la semana en contacto permanente, intercambiando perfiles, nombres, compromisos para redactar un documento por escrito que sancione el acuerdo, y también las posibles “pistas de aterrizaje” para proporcionar al sector más conservador del PP y de su entorno, que lleva años presionando a Pablo Casado antes y a Feijóo ahora, para que no pacten nada con Sánchez, y que ahora tendrán que digerir este giro que supondrá acordar un CGPJ con una ligera mayoría progresista frente al actual, prorrogado desde 2018, de dominio conservador. El inminente pacto se resolverá finalmente sobre el reparto ya fijado hace más de un año con la ley vigente entre los mismos representantes del Gobierno de Sánchez con el PP entonces de Casado, con 10 vocales de tendencia progresista, otros diez conservadores, un nuevo presidente a nominar entre esos 20 vocales del sector progresista y con el compromiso explícito ahora de proponer perfiles limpios -sin ex políticos- pero también sin vetos explícitos.

De hecho, Unidas Podemos, que espera poder incluir a dos personas propuestas por ellos en ese consejo, insiste en que no aceptará ningún veto y el PP de Feijóo ya no hace batalla de esa exigencia, lo que levanta no pocas suspicacias en la anterior y defestrada dirección del partido. La última negociación, en 2021, se rompió por el veto del PP a la propuesta de Unidas Podemos de incluir entre los vocales al juez José Ricardo De Prada, uno de los tres que firmaron la sentencia del caso Gürtel que precipitó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del poder y llevó a Sánchez a La Moncloa por primera vez. Ni el PP ni el PSOE mencionan ahora nada sobre De Prada.

El escenario es diferente y todos los partidos parecen más flexibles, y sobre todo, esta vez, al menos a esa conclusión llegaron las fuentes gubernamentales consultadas, Feijóo mostró en La Moncloa ante Sánchez una decidida voluntad de renovar. En el PP no desmienten esa disposición. En el Gobierno piensan que el PP ya no aguanta más la presión de su propio mundo judicial, que la dimisión de Lesmes ha evidenciado. En el PP de Feijóo defienden que “la presión la tiene el Gobierno”, argumentan que nadie en la calle les pasará factura por esta crisis institucional y son conscientes de que tras la renovación perderán su actual influencia en ese órgano judicial, en una época en la que se avecinan varios juicios relevantes que afectan a la corrupción de su partido. Aguardan corregir esa desproporción si ganan y llegan a La Moncloa.

El relato sobre esa “pista de aterrizaje” de por qué se alcanza el acuerdo ahora que buscan Bolaños y Pons puede incluir algún tipo de compromiso para “estudiar” un cambio en la fórmula de elección del CGPJ para que los jueces tengan “más peso” que ahora en la designación de 12 de los 20 vocales, como reclama el PP y aconseja la Comisión Europea. Ahora tienen una influencia indirecta, porque el Congreso solo puede elegir esos 12 de una lista de 51 candidatos confeccionada entre jueces. Pero el Gobierno insiste, y Sánchez lo dejó muy claro el miércoles ante los periodistas, en que no habrá un compromiso de cambio radical en el sistema. Las fuentes del Gobierno consultadas creen que el PP esta vez sí aceptara renovar y dejar la reforma del modelo para más adelante, si vuelven a tener la mayoría absoluta para hacerlo solo o con Vox, como ha prometido Feijóo al introducir esa demanda en su próximo programa electoral. El PP tuvo esa oportunidad en solitario dos veces -en las legislaturas de 2000 a 2004 y de 2011 a 2015- y no modificó ese método que ahora rechaza. Sánchez defiende que esa ley ha funcionado desde 1985 y se opone a que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales, lo que daría de manera casi automática la mayoría a los conservadores para siempre, pase lo que pase en las urnas, porque dominan la carrera judicial. Una posible solución pasaría por conceder al Consejo algún papel mayor en el diseño del nuevo órgano o incluso en su confección.

Para el Gobierno de Sánchez es decisivo este acuerdo. Tanto que ha optado por mantener un estricto pacto de silencio para que salga. Con esta renovación, aunque sea cuatro años tarde, el Ejecutivo se garantiza una mayoría progresista tanto en el Consejo -aunque las decisiones se tendrán que tomar por consenso de 3/5, algo que ya venía sucediendo hasta ahora con los principales nombramientos y no ha evitado que los conservadores lograran la primacía en ellos- como en el Tribunal Constitucional, de 7-5. Los conservadores han dominado este órgano clave, que decidirá sobre los recursos a la ley del aborto o de eutanasia, durante los últimos nueve años, desde la anterior renovación de los dos miembros que corresponden al Gobierno, en 2013, y que es la que suele alterar la mayoría hacia quien está en el Ejecutivo, como espera La Moncloa ahora a su favor para un largo periodo.