El PSOE rechaza las enmiendas sobre alquileres de Podemos, ERC y Bildu

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, cuyos votos son clave para aprobar los Presupuestos, presionan al PSOE mediante un conjunto de enmiendas con la intención de conseguir modificaciones sustanciales en la normativa sobre alquileres al margen de la tramitación que se sigue en el Congreso desde marzo de la Ley de Vivienda. Ese proyecto de ley, que pretende poner un tope al precio de los alquileres para que no suban más del 2% en zonas tensionadas...

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, cuyos votos son clave para aprobar los Presupuestos, presionan al PSOE mediante un conjunto de enmiendas con la intención de conseguir modificaciones sustanciales en la normativa sobre alquileres al margen de la tramitación que se sigue en el Congreso desde marzo de la Ley de Vivienda. Ese proyecto de ley, que pretende poner un tope al precio de los alquileres para que no suban más del 2% en zonas tensionadas siempre y cuando se trate de grandes propietarios (más de 10 inmuebles), lleva atascado desde hace siete meses en el Congreso por la tramitación de las 866 enmiendas parciales que presentaron los distintos grupos.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han presentado ahora enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para lograr cuatro grandes objetivos con relación a los alquileres y a las hipotecas. La primera pretende regular de manera integral los precios de los alquileres de todas las viviendas en zonas tensionadas mediante la intervención en el mercado y evitar así subidas abusivas.

Congelar las hipotecas

Otra de las enmiendas propone congelar las hipotecas de tipo variable menores de 360.000 euros para que estén sujetas a los tipos vigentes el 1 de septiembre de este año y no suban durante 2023. Además, presentan otra propuesta para prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La última consiste en imponer una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda, ofreciendo alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.

El PSOE y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana entienden que esas enmiendas que presentan los grupos parlamentarios se tienen que negociar fuera del debate presupuestario, puesto que afectan a la futura Ley de Vivienda, según fuentes del partido y del ministerio. Además, esta cartera rechaza una parte de las peticiones por supuestos problemas de constitucionalidad.

“El proyecto de ley plantea poner topes a los precios de los alquileres en zonas tensionadas solo para aquellos grandes propietarios con más de 10 inmuebles. Antes, estos grupos nos pedían que fuera para todos los propietarios, grandes y pequeños. Nosotros entendemos que solo hay que aplicarlo a los grandes tenedores, que son el 15% del total. El resto son pequeños propietarios que en muchos casos viven de ese alquiler o a los que esta renta les completa el sueldo”, explica una fuente ministerial.

Las enmiendas a los Presupuestos que se han presentado parecen admitir este planteamiento, al diferenciar a los grandes tenedores de los pequeños a la hora de imponer determinadas obligaciones respecto a los precios de los alquileres. “En ese terreno puede haber un acercamiento”, señalan las mismas fuentes ministeriales. Las enmiendas presupuestarias de los grupos que apoyan al Gobierno ya diferencian entre grandes tenedores y pequeños propietarios en relación con la obligatoriedad del tope a las subidas de precios: “En los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley en los que el arrendador sea una persona jurídica gran tenedor, y en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia”. Aunque siguen manteniendo la posibilidad de imponer obligaciones sobre precios a los pequeños propietarios: “Las comunidades autónomas podrán ampliar por ley lo establecido en el apartado anterior, justificadamente, de manera que el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia no sea aplicable solo a los arrendadores que sean persona jurídica y considerados como grandes tenedores”.

Riesgo de exclusión

Las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu plantean que los grandes tenedores de viviendas, no los pequeños propietarios, estén obligados por ley a ofrecer un alquiler social obligatorio a familias que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social antes de plantear una demanda por impago del alquiler.

Fuentes del ministerio cuestionan la constitucionalidad de una medida de este tipo y a cambio señalan que han buscado fórmulas para conseguir el mismo objetivo. “Se trataría de reforzar la mediación y arbitraje en los desalojos de familias vulnerables previo a la denuncia. Y en caso de no prosperar, permitiría iniciar la vía judicial con un segundo arbitraje, con lo que la Administración sería consciente del problema”. Además, en el Plan de Vivienda vigente hay presupuesto para que las comunidades puedan atender este tipo de situaciones.

El ministerio recuerda además que por decreto ley se amplió hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. El Gobierno también aprobó por decreto ley prohibir subidas superiores al 2% en los alquileres en los contratos que se actualizasen entre marzo y junio de este año, cuando no haya acuerdo entre las partes y, en cualquier caso, de aplicación obligatoria para los grandes propietarios de viviendas en alquiler.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Vivienda en febrero y lo envió al Congreso para una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. El texto lleva estancado en la Comisión de Transportes desde entonces, pendiente del informe de la ponencia. El Ejecutivo confía en poderlo aprobar definitivamente, tras los últimos acuerdos con sus socios y aliados parlamentarios, antes de que finalice este año.