Unidas Podemos y otros socios del Gobierno reconocen dificultades para modificar el delito de malversación

La posibilidad de rebajar las penas por los delitos de malversación, a la vez que se cambia el de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, se presenta problemática entre los propios aliados del Gobierno. Los más decididos partidarios de la medida —que supondría otro alivio para...

La posibilidad de rebajar las penas por los delitos de malversación, a la vez que se cambia el de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, se presenta problemática entre los propios aliados del Gobierno. Los más decididos partidarios de la medida —que supondría otro alivio para la situación penal de los dirigentes independentistas condenados por el procés y los que aún están pendientes de juicio— son ERC y una parte de Unidas Podemos. Pero el mismo grupo republicano admite dificultades para hacer esa reforma sin abrir la puerta a que queden indemnes otras prácticas corruptas; y, dentro del Gobierno, un sector de Podemos también se muestra reacio. Otros aliados habituales, como Compromís, han pedido “cautela y precaución”. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha sugerido este martes que habría que buscar una solución “quirúrgica” y que solo afectase a la malversación cuando este delito esté “vinculado a la sedición”, lo que acotaría el alcance de la reforma exclusivamente a los dirigentes independentistas del procés catalán.

El planteamiento general, expuesto incluso por miembros socialistas del Ejecutivo como la ministra de Defensa, Margarita Robles, era que debía distinguirse a la hora de establecer las penas por malversación entre los casos en los que hay lucro o enriquecimiento personal y aquellos en los que el desvío de dinero público se dedica a otros fines. En esta última situación estarían tanto los dirigentes del procés como los condenados por el caso ERE, que afecta a exdirigentes del PSOE andaluz, o por la operación parapolicial Kitchen bajo el Gobierno del PP (aunque en estos dos casos no está claro hasta qué punto afectaría el cambio legal). Los grupos políticos admiten que no es tan sencillo diferenciar entre ambos supuestos (malversación con enriquecimiento o sin él). Y entre los promotores de la iniciativa se reconoce que la reforma podría dejar también sin castigo penal conductas como las de los cargos del Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy que usaron fondos públicos con la trama Kitchen para destruir las pruebas que guardaba el extesorero Luis Bárcenas contra el PP.

Evitar “un castigo ideológico”

El propio Rufián ha admitido este martes esas dificultades y ha señalado que su grupo está estudiando con cuidado la enmienda que presentará a la reforma del Código Penal para revisar también la malversación. “Lo que queremos es que no se pueda utilizar el Código Penal como un castigo ideológico. Estamos hablando de acotar bien, de definir el Código Penal para que no se interprete de forma capciosa o ideológica por parte de los jueces”, ha señalado en una conferencia de prensa en el Congreso.

“Nosotros no podemos cambiar a los jueces españoles, [pero] podemos cambiar las leyes españolas. No tiene ningún sentido que, sin que haya ningún enriquecimiento ni una estructura de corrupción, se condene, por ejemplo, a Oriol Junqueras”, ha apostillado el portavoz de ERC. Cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que ese cambio beneficiara a otros cientos de condenados por corrupción, ha contestado que el cambio legal, para evitar eso, tiene que ser “quirúrgico”. “Tiene que ir ligado a lo que significa la sedición”, ha dicho.

En Unidas Podemos, el grupo de En Comú Podem ha sido uno de los más insistentes en pedir que se aborde también el delito del desvío de fondos públicos en la proposición de ley de reforma del Código Penal, pero el portavoz oficial del grupo, Pablo Echenique, ha mostrado este martes mucho menos entusiasmo. Echenique ha dicho que el asunto tiene “aristas” y que le preocupa que se pueda abrir la puerta a la impunidad de conductas corruptas. Fuentes de UP insisten en que, pese la posición defendida públicamente el lunes por Jaume Asens, miembro de los comunes y presidente del grupo parlamentario de UP, todavía no se ha producido un debate interno sobre la cuestión. Eso sí, Echenique confirmó que Asens, que ha llevado la negociación con el Gobierno y ERC, sí le informó de algunos aspectos de esas conversaciones.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha concedido que no tiene “tan claro” que se pueda diferenciar fácilmente “cuándo uno se lleva dinero público y lo mete en paraísos fiscales o cuándo afecta a los caudales públicos”, y ha añadido que mirarán las enmiendas con “cautela y precaución” porque esos cambios en la malversación podrían provocar “muchos problemas”.

PSOE, Unidas Podemos y ERC llevan semanas negociando con mucha discreción sobre la homologación de las penas de sedición con otros países europeos y de manera más urgente tras fracasar los intentos de pacto de Estado sobre la justicia que habían retomado los socialistas con el PP. El Gobierno, que matiza que no se ha negociado aún nada con ERC sobre la malversación, insiste en que la corrupción es una “línea roja”, pero no especifica qué entiende por corrupción ni cuáles serían los límites concretos de una potencial revisión de la malversación. “La modificación que el Gobierno ha amparado del Código Penal tiene que ver con la proposición de ley que fue registrada la semana pasada [por PSOE y Unidas Podemos] y tiene que ver con la armonización de las penas del delito de sedición. A eso se circunscribe la posición del Gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso desde el inicio de la legislatura. No estamos valorando ninguna otra iniciativa”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. A las preguntas de si la falta de enriquecimiento personal sería un atenuante y si se está pensando en una modificación legal a la carta para los independentistas encausados o condenados en el procés por malversación, Rodríguez reiteró que la lucha contra la corrupción es “una seña de identidad” del Ejecutivo, al igual que “la ejemplaridad en la vida pública, el ejercicio de transparencia permanente y el avance en la calidad democrática de nuestro país”. Pero no aclaró cuáles serían los límites de esa hipotética revisión del delito de malversación.