La fiscalía pide cárcel por sedición para los 22 migrantes huidos de un avión que aterrizó de emergencia en Palma

La Fiscalía reclama cinco años de cárcel por un delito de sedición para cada uno de los 22 pasajeros que huyeron a la carrera de un avión que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Palma en la tarde del 5 de noviembre de 2021. El ministerio público considera que los acusados “iniciaron un motín” dentro del avión tras lograr que tomara tierra fingiendo uno de ellos una enfermedad grave, y forzaron su salida de la aeronave mediante “empujones y zarandeos” a la tripulación, lo que creó “una situación de peligro” en el aeropuerto. La Fiscalía cree que estos hechos pueden enmarcarse en un delito de sedición “en concurso de normas” con el delito de sedición aérea contemplado por la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 1964.

Según la normativa penal, cuando existe “concurso de normas” —situación que se da cuando una misma conducta está tipificada en dos códigos— se opta por el que ofrece la pena más dura, en este caso la sedición clásica, cuya desaparición tiene previsto aprobar este jueves el Congreso. La acusación pública plantea una petición alternativa de tres años de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de coacciones en concurso con el delito de sedición previsto en la ley penal aérea del franquismo y todavía vigente.

El escrito, presentado la semana pasada ante la Audiencia Provincial, acusa a 22 hombres, en unión con otros tres que permanecen en paradero desconocido, de seguir las directrices publicadas en redes sociales por el grupo denominado Brooklyn para idear un plan para adentrarse en territorio español partiendo de un engaño encaminado a forzar un aterrizaje de emergencia. Según el relato planteado por la acusación, los 22 hombres embarcaron el 5 de noviembre de 2021 en Casablanca en el vuelo MAC-437 de la compañía Air Arabia con destino a Turquía, “provistos exclusivamente de mochilas de mano”.

Aproximadamente a las 17.18, cuando sobrevolaban Alicante, uno de los pasajeros “simuló estar sufriendo una enfermedad diabética” que obligó al avión a aterrizar finalmente en el aeropuerto de Palma, después de que una persona que iba a bordo “sin acreditación profesional” manifestara que el pasajero estaba “en coma y en una condición mortal inminente”.

Tras el aterrizaje, una ambulancia del servicio de urgencias del aeropuerto evacuó al pasajero al hospital de Son Llàtzer acompañado por otro de los viajeros “que se ofreció a hacer labores de traducción”. Una vez en el centro sanitario, dice la Fiscalía, fue atendido por el personal médico que diagnosticó que no había ninguna “patología objetivable” mientras el acompañante se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido.

La Fiscalía subraya que el enfermo insistió en que fue diagnosticado de diabetes en 2018, fecha desde la cual se trataba con insulina y pastillas. Sin embargo, tras el análisis de su perfil bioquímico y de hemoglobina, el pasado 2 de diciembre se emitió un informe médico que concluyó que los resultados “son incompatibles” con un diagnóstico de diabetes.

El relato de la acusación señala que una vez los procesados consiguieron el aterrizaje, al ver que no había presencia policial cerca del avión, uno de ellos quitó la cobertura de seguridad de una de las puertas de emergencia para retrasar la reanudación del vuelo. “Fingiendo nerviosismo y alegando querer salir al exterior para fumar, iniciaron los procesados grupal alboroto en el reducido espacio disponible propio de la aeronave en el que se pusieron a gritar y a empujar hacia la puerta que se encontraba abierta, no obstante, su obligación de permanecer sentados en el interior del avión”.

“Situación de caos”

El escrito habla de una “situación de caos” en la que los procesados empezaron a asestar “empujones y zarandeos” a la tripulación, que no cerró la puerta ante el “miedo” que sintieron por su integridad física. La Fiscalía relata que empujaron al supervisor de cabina por las escaleras, zarandearon a dos miembros del personal de tierra y que otro miembro de la tripulación se dislocó un hombro en su intento de evitar la huida. La acusación califica los hechos ocurridos en el interior del avión de “motín”.

En el momento de la huida de los investigados por las pistas, un avión de la compañía Eurowings con pasaje y tripulación a bordo estaba realizando la maniobra de aproximación, por lo que acusa a los viajeros de generar “una situación de peligro”. Ese día, un total de 81 vuelos se vieron afectados y el espacio aéreo permaneció totalmente cerrado desde las 19.40 hasta las 22.35, mientras que la compañía Air Arabia emitió un informe de seguridad para el cambio de sus protocolos de actuación con el objetivo de reforzar la seguridad y adoptar medidas para mitigar los riesgos. Doce hombres fueron detenidos horas después en las inmediaciones del aeropuerto; cuatro fueron arrestados diez días después al norte de la isla; otros cinco entre finales de noviembre y diciembre de 2021 en distintas localidades de Mallorca, mientras que el último de ellos fue detenido el pasado julio en Barcelona. Tres permanecen todavía en paradero desconocido.

La Fiscalía acusa a cada uno de ellos de un delito de sedición y reclama cinco años de cárcel. También considera a los 22 hombres autores de un delito de maltrato leve por el que reclama una multa de 360 euros para cada uno. Además, procesa a otros dos individuos, que no viajaban en el avión y que son residentes en la isla, por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al haberles ayudado a escapar y reclama ocho meses de cárcel.

El 7 de diciembre se dio un caso similar en el aeropuerto de Barcelona cuando 28 pasajeros aprovecharon un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona, llevado a cabo después de que una mujer fingiera que estaba de parto, para escapar del avión que cubría un trayecto entre Casablanca (Marruecos) y Estambul (Turquía) y salir corriendo por las instalaciones. Los agentes aún buscan a 12 personas de entre los huidos. Tanto Aena como el Ministerio del Interior están analizando los posibles fallos que permitieron por segunda vez desde noviembre del año pasado que decenas de inmigrantes utilizasen una infraestructura crítica como es un aeropuerto para acceder ilegalmente a España.