El PP recusa a los magistrados del Constitucional Campo y Díez en otras siete causas

El PP ha recusado a los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombrados por el Gobierno el pasado diciembre, en siete causas en las que el partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo ha presentado recursos de inconstitucionalidad. El Grupo Parlamentario Popular, autor de las recusaciones, quiere que ninguno de los dos participen en la resolución de los recursos del PP contra la ley de Eutanasia, la ley Celáa, la del Poder Judicial, la ley ryder y la que regula el uso de las lenguas oficiales en Cataluña. Campo, además, es recusado en el recurso...

El PP ha recusado a los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombrados por el Gobierno el pasado diciembre, en siete causas en las que el partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo ha presentado recursos de inconstitucionalidad. El Grupo Parlamentario Popular, autor de las recusaciones, quiere que ninguno de los dos participen en la resolución de los recursos del PP contra la ley de Eutanasia, la ley Celáa, la del Poder Judicial, la ley ryder y la que regula el uso de las lenguas oficiales en Cataluña. Campo, además, es recusado en el recurso de amparo por las enmiendas a la reforma del delito de malversación y sedición, que incluían un cambio en el sistema de elección de magistrados del Constitucional. Este tribunal, en un hecho sin precedentes en democracia, paralizó una votación en el Senado sobre este asunto, a petición del PP. Los dos magistrados se han tenido que abstener ya en seis causas.

La recusación del PP se extiende a los recursos de inconstitucionalidad contra el real decreto de protección de los consumidores, en el que los populares creen que “el Gobierno no respeta la propiedad privada y favorece la okupación”; contra varias disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2021, “que restableció el Impuesto de Patrimonio”; contra la ley de educación (ley Celaá); y contra la Ley del Poder Judicial de 1 de julio de 2021, que limitó las competencias del Consejo General del Poder Judicial estando en funciones. Los dos son recusados por la ley de eutanasia, la de reparto en plataformas digitales, varios puntos sobre el estado de alarma (el decreto de mayo de 2021), así como “contra varios artículos de un decreto ley y una ley de Cataluña de 2022 sobre proyectos lingüísticos y uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria”. Campo, además, suma una recusación específica en el caso del intento de cambiar las reglas de elección del Constitucional.

Los populares alegan que, en cada uno de esos casos, los dos magistrados nombrados por el Gobierno “incurren en alguna de las causas de recusación previstas en la ley”. En el caso de Díez, el PP recuerda en una nota que “participó en la elaboración de dictámenes sobre la enseñanza de lenguas cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias”. Para Campo se especifica que se le recusa específicamente por los acuerdos de diciembre de la Comisión de Justicia del Congreso que dio vía libre a la tramitación de la citada reforma del sistema de elección de magistrados del Constitucional.

Ambos ya se han tenido que abstener en deliberaciones que afectan a causas en las que han tenido interés, como en el caso del voto equivocado del diputado del PP Alberto Casero, que permitió que se aprobase por la mínima la reforma laboral; en la referida a la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez; en la de los indultos de los líderes del procés; en la referida a las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de los parlamentarios y en el de la llamada ley del solo sí es sí. Díez, por su parte, lo ha hecho en las causas relacionadas con el uso de las lenguas en Cataluña.

El líder del PP ha manifestado este miércoles que el Tribunal Constitucional “empieza mal” en la nueva etapa de mayoría progresista por la incorporación de los dos magistrados exmiembros del Gobierno a propuesta del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha confiado en Onda Cero en que ambos “se abstengan” en los asuntos que les afectan y que el Constitucional actúe con “seriedad”, pero ha insistido en que “peor no se puede empezar”.