Bruselas insiste en la advertencia de sanciones si no se frena la ley de regadíos en Doñana
La propuesta del Gobierno andaluz “no va en la dirección correcta”, afirman fuentes comunitarias
Bruselas no baja su nivel de vigilancia. Un día después de que el Parlamento andaluz siguiera adelante con la tramitación exprés de la proposición de ley para regularizar alrededor de mil hectáreas ilegales de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana, la Comisión Europea ha recordado que se reserva la posibilidad de solicitar sanciones económicas ante el Tribunal de Justicia de la UE (...
Bruselas no baja su nivel de vigilancia. Un día después de que el Parlamento andaluz siguiera adelante con la tramitación exprés de la proposición de ley para regularizar alrededor de mil hectáreas ilegales de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana, la Comisión Europea ha recordado que se reserva la posibilidad de solicitar sanciones económicas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si España sigue incumpliendo la sentencia de 2021 de la corte de Luxemburgo que determinó que el Gobierno español no estaba protegiendo como debía esta zona natural especialmente sensible.
La iniciativa andaluza “no va en la dirección correcta”, admiten fuentes comunitarias lejos de los micrófonos. Ante estos, se muestran más circunspectas y se limitan a indicar que el Ejecutivo europeo sigue “dialogando” con España por Doñana, como ha dicho este jueves en rueda de prensa un portavoz de la Comisión, Tim McPhie, que ha recordado que los expertos de Bruselas aún están “analizando” las respuestas recibidas por España. En este sentido, y en vista de que la ley andaluza todavía no está implementada, la Comisión es reticente a fijar una fecha para hacer realidad su advertencia de sanciones, aunque esta sigue bien presente, ha asegurado McPhie.
“La Comisión no dudará en tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que España cumple con la sentencia del TJUE”, ha afirmado el portavoz, reiterando la advertencia que la Comisión había trasmitido la víspera a este diario.
Las advertencias le han llegado a España tanto de forma verbal como escrita. Hace menos de un mes, la directora general comunitaria de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, advertía por carta al Gobierno de que no dudaría en reclamar “sanciones pecuniarias” contra España si esta seguía incumpliendo sentencias previas del TJUE y seguía adelante la proposición de ley ahora debatida.
En 2019, tres años después de sus primeros apercibimientos, la Comisión llevó a España ante el TJUE “por la desprotección del humedal de Doñana”, preocupada “ante la probabilidad de que el estado del humedal se siga degradando”, dado que “España no cumple en la medida suficiente las obligaciones que le imponen” las directivas europeas de protección del agua y de los hábitats. En una sentencia del 24 de junio de 2021, el tribunal de Luxemburgo dio la razón a Bruselas y sentenció que España “incumple las obligaciones que le incumben” en materia de protección del espacio natural de Doñana.
Según el procedimiento de infracción previsto en los Tratados de la UE, cuando un país no cumple una sentencia del TJUE y “sigue sin corregir la situación” por la que fue demandado, como Bruselas teme esté sucediendo en este caso, la Comisión puede devolver el asunto al tribunal de Luxemburgo y proponer sanciones económicas hasta que el país demandado cumpla. Ese sería el próximo paso que podría dar el Ejecutivo europeo, aunque según el portavoz, por el momento se siguen “evaluando las observaciones enviadas por España respecto al cumplimiento de la sentencia”, después de que Fink-Hooijer le diera a Madrid un mes de plazo para recibir “cuantas explicaciones y aclaraciones estime pertinentes” sobre el caso, explicaciones que ya han ido recibiendo estas últimas semanas.
La continuación del proceso legislativo, pese a las protestas y advertencias tanto desde Madrid como Bruselas, ha llevado al PSOE a prometer que actuará también directamente en Europa. La eurodiputada socialista y presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) de la Eurocámara, Iratxe García, ha aseverado este jueves que la familia progresista europea “actuará con contundencia” en diversas líneas.
Por un lado, ha anunciado la organización —en una fecha aún por concretar, pero “lo antes posible”, según los socialistas— de una visita de eurodiputados de diversos grupos y nacionalidades a Doñana, “para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo” y conseguir “frenar el plan de Moreno Bonilla de indultar los regadíos ilegales”. Además, García ha solicitado de forma “inmediata y urgente” sendas reuniones con el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, y el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.
“El PP y Vox van en contra de los expertos, en contra de la ciencia, en contra de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando aquí en el Parlamento Europeo en materia de biodiversidad (…) y han decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana. Nuestro objetivo es detenerlo. Hay que usar todos los medios posibles”, ha explicado García en las redes sociales.
También IU ha movido ya ficha. La eurodiputada Sira Rego presentó esta semana una denuncia ante la Comisión Europea pidiendo a Bruselas que “intervenga para evitar el perjuicio drástico e irreversible” que sufrirá Doñana si se aprueba la legalización de los regadíos ilegales.
“Las evidencias científicas, la sequía y las amenazas de sanción por parte de Bruselas no parecen bastar para que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla paralice una proposición de ley que pretende regularizar los pozos de regadío ilegales en el entorno de Doñana. Por eso hemos recurrido a este mecanismo, esperando que el Ejecutivo comunitario intervenga de inmediato”, dijo Rego en un comunicado. Concretamente, IU pide a Bruselas “medidas cautelares para que, en caso de que la tramitación fuese aprobada, no pueda ser desarrollada”. También reclama una “investigación sobre las consecuencias directas del Plan de Regadíos en las zonas de protección europea de Doñana” y que la Comisión despliegue “todos los medios a su disposición” para garantizar la ejecución de la sentencia del TJUE, tal como ya ha adelantado la propia Comisión.