El Gobierno ofrece una subida salarial de casi 500 euros al mes a jueces y fiscales
La mesa de retribuciones volverá a reunirse el miércoles para intentar cerrar un acuerdo, pero las asociaciones mantienen por ahora la convocatoria de huelga
El Gobierno ha puesto este lunes sobre la mesa una nueva oferta de subida salarial para jueces y fiscales y, según fuentes de la negociación, será la última que haga para intentar evitar la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones que representan a ambas carreras han convocado a partir del próximo 16 de mayo. La propuesta del Ejecutivo llega después de que jueces y fiscales rechazaran la primera oferta, planteada el pasado miércoles y que implicaría destinar 44,5 millones de euros más al año a los salarios de ambos cuerpos. Aunque fuentes de los jueces calificaron en un primer momento la propuesta de “buena”, las asociaciones la consideran insuficiente y en la reunión de este lunes de la mesa de retribuciones han reclamado nuevas mejoras. El Gobierno ha ofrecido un incremento cercano a 500 euros al mes, según fuentes de la negociación, y las asociaciones han quedado en contestar el miércoles. De momento, la convocatoria de huelga se mantiene a la espera de lo que decidan el próximo miércoles.
La mesa de retribuciones volverá a reunirse dentro de dos días y fuentes presentes en la reunión de este lunes dan por hecho que en esa sesión el acuerdo tiene que cerrarse. Lo que no está claro es si el Gobierno aceptará conceder la subida sin que se adhieran todas las asociaciones, ya que mientras las dos que reúnen al ala progresista del sector (Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) se han mostrado más receptivos a aceptar el acuerdo, las de tendencia conservadora (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales) han mostrado más dudas y van a consultar entre sus asociados. Según fuentes de la negociación, la Asociación profesional de la Magistratura (la APM), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora, ha sido la que ha mostrado una postura más intransigente exigiendo subidas muy superiores a la propuesta del Gobierno y desmarcándose de propuestas de consenso que llevaban todas las asociaciones.
Para que el acuerdo sea efectivo no hace falta que lo firmen todas las asociaciones, incluso el Gobierno podría hacer efectivo el incremento salarial sin que ninguna asociación firmara el pacto, aunque las fuentes descartan esta opción. La opción que algunas fuentes consultadas ven más probable es que el acuerdo se cierre con la firma de algunas asociaciones. Las que no lo hagan tendrán que decidir entonces si van a la huelga después de que el Gobierno les haya incrementado el sueldo. Otras fuentes dudan de que el Gobierno vaya a cerrar el acuerdo si las asociaciones conservadoras no retiran la convocatoria de huelga y, al menos la APM, no parece, de momento, dispuesta a retirarla.
Ambas partes se han comprometido a no difundir, por ahora, los términos de la última oferta, pero fuentes de la negociación señalan que es superior a la cerrada con los letrados de la Administración de Justicia, con aumentos de entre 430 y 450 euros y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Según estas fuentes, la subida salarial propuesta por el Gobierno a jueces y fiscales está cercana, en algunos casos, a 500 euros al mes, la cifra que han pedido en la reunión de este miércoles la mayoría de las asociaciones. Justicia y Hacienda la han presentado como una adecuación salarial ante las nuevas exigencias que presenta para ambas carreras las leyes de eficiencia que impulsa el Gobierno.
El incremento se aplicaría en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos 46,7 millones de euros más que ahora (la oferta del pasado miércoles era de 44,5 millones). El Ejecutivo ha ofrecido que esta cuantía se reparta en una subida similar para todos los jueces y fiscales o bien que se distribuya de manera que o bien se incremente más el sueldo a los jueces que ahora cobran menos y se suma en menor medida a los que cobran más; o bien se haga al revés y se mejore más el salario a los jueces y fiscales de tribunales superiores y menos a los de la base.
Adecuación de salarios
En el encuentro de este martes han vuelto a sentarse los ministerios de Justicia y Hacienda, las asociaciones de jueces y de fiscales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo es estudiar una adecuación de los salarios de jueces y fiscales en cumplimiento de la ley de retribuciones de ambas carreras, que establece que la mesa de retribuciones se reunirá cada cinco años para estudiar esta adecuación, algo que no ha ocurrido. El salario de jueces y fiscales es una suma de un sueldo base y varios complementos, que dependen del puesto, la antigüedad, el destino, los objetivos alcanzados y otras retribuciones especiales. Según datos del CGPJ, los jueces españoles cobran entre 52.534,52 (los jueces con menos antigüedad y destinados en municipios más pequeños) y 137.935,07 (el presidente de la Audiencia Nacional). En el Tribunal Supremo, los sueldos oscilan entre los 109.072,40 euros que cobra un magistrado y los 132.769,12 que percibe el presidente (el actual, al estar en funciones, no percibe esta cuantía, sino la correspondiente a presidente de sala, 111.986,44 euros).
Las asociaciones no han llevado una propuesta común, aunque todas coinciden en que hay aspectos como las guardias y el complemento por grupo de población (que varía en función del lugar de destino del juez o fiscal y es mayor en los municipios más agrandes) que deben cambiar. El CGPJ y la Fiscalía apoyan la reivindicación de las asociaciones. También los jueces decanos de los juzgados de toda España, que, reunidos en Las Palmas de Gran Canaria en unas jornadas nacionales, han mostrado su “apoyo decidido y firme” a las reivindicaciones de las asociaciones. “Se hace imprescindible la adecuación de las retribuciones de la carrera judicial de acuerdo a la responsabilidad de nuestra función y la sobrecarga de trabajo que durante años llevamos soportando”, han señalado en un comunicado difundido este lunes, en el que añaden: “Esperamos, en beneficio de la Administración de Justicia, y para evitar que los jueces nos veamos abocados a ejercer nuestro derecho de huelga, que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones que se vienen reivindicando de forma histórica por la carrera judicial”.
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