El 60% de la deuda autonómica está en manos del Estado

La deuda de las comunidades autónomas se ha multiplicado por cinco desde que estalló la crisis financiera. Ya supera los 322.000 millones de euros, según los datos del primer trimestre de este año. El grueso de este pasivo no está en manos de bancos e instituciones financieras: es el Estado el principal acreedor de los gobiernos regionales en su conjunto. Tiene en su poder el 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 18...

La deuda de las comunidades autónomas se ha multiplicado por cinco desde que estalló la crisis financiera. Ya supera los 322.000 millones de euros, según los datos del primer trimestre de este año. El grueso de este pasivo no está en manos de bancos e instituciones financieras: es el Estado el principal acreedor de los gobiernos regionales en su conjunto. Tiene en su poder el 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 187.000 millones. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de este importe, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías durante la Gran Recesión. Ahora, en el medio de las negociaciones para conseguir el apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura, el Gobierno en funciones ha abierto la puerta a buscar una solución a ese lastre en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómico, causando recelos en los Ejecutivos regionales tanto del PP como del PSOE.

Los debates sobre las finanzas autonómicas no se guían por el color político, sino por las exigencias de cada territorio. Y hay comunidades que tienen una deuda muy abultada y otras que no. Madrid (PP), por ejemplo, que no debe ni un euro al Estado, salió a criticar una hipotética condonación de la deuda regional. La Comunidad Valenciana, también gobernada por el PP y Vox tras el 28-M, ha exigido al contrario una “compensación” para su situación de “excepcionalidad”. Es la más endeudada en ratio sobre PIB y el 83% de su pasivo es con el Estado. De momento, solo ha habido consenso en exigir que las negociaciones sobre la financiación incluyan a todos los territorios y no solo a Cataluña, que por su parte ha reclamado un trato individual.

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado se concretó en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatible con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron 417.240 millones a las arcas regionales. Cataluña es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

Este último territorio siempre ha reclamado una solución a su deuda histórica —al menos hasta la llegada de este Ejecutivo regional—, alegando que una parte importante de ella es fruto de la infrafinanciación que sufre. Junto a Murcia, es la autonomía peor financiada del país: el sistema le asigna menos recursos de los que necesita para cubrir sus necesidades. “Aunque gaste igual o por debajo de la media, tiene que endeudarse más para prestar los mismos servicios que los demás territorios”, explica Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Lo mismo ocurre, aunque de forma menos sangrante, en Andalucía y Castilla-La Mancha. Estos territorios, junto a Cataluña —cuya financiación está, sin embargo, en la media—, tienen los pasivos más grandes en manos del Estado.

Infrafinanciación

“Proponemos una quita de la deuda a las comunidades peor financiadas, y que sea la Airef [Autoridad Fiscal] quien calcule qué parte de ella se debe a la infrafinanciación”, afirma Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, una de las comunidades peor financiadas y con el 70% de su deuda en manos del Estado. Recuerda que ya se había expresado en este sentido el año pasado, en respuesta a la propuesta del ministerio para modificar la población ajustada —una de las variables del sistema de financiación que se emplea para determinar las necesidades de gasto de cada territorio—.

De cara a la reforma del modelo, defiende que se eleve el total de recursos y una nivelación de los servicios del 100%, que se tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios y se debata la armonización para evitar la competencia desleal entre territorios. Cualquier decisión que se adopte sobre la financiación y la deuda autonómica, añade, ha de tomarse “en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, el órgano oficial que reúne a la ministra de Hacienda y los consejeros de la rama, como han defendido otros Gobiernos regionales. “El Gobierno de Cataluña [su pretensión de negociar con el Ejecutivo central de forma bilateral] es la insolidaridad llevada al mayor extremo”.

Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, alerta de que una condonación “sin más” tiene un peligro: “Que las comunidades autónomas no hagan suyo el marco de estabilidad presupuestaria”.

Pérez explica que hay varias maneras para solucionar el problema de la deuda. “Lo más importante es hacerlo al mismo tiempo que se reforma el sistema de financiación. De otra forma, no tendría sentido”, defiende. Explica que también las comunidades que no tienen deuda con el Estado ni están infrafinanciadas deberían ser compensadas por las subidas que aprobó el Ejecutivo durante la Gran Recesión de los impuestos indirectos —de gestión estatal, pero compartidos con las autonomías—. “Neutralizó el efecto de la subida fiscal para las comunidades”. La factura, calcula, ascendería a unos 113.000 millones. Otro defecto del modelo, considera, es que no recoge la evolución de la población ajustada, la variable con la que se calculan las necesidades de gasto de los territorios. Entre 2009 y 2021, estima que se han repartido 67.000 millones menos por esta distorsión entre las comunidades de régimen común [que no incluye a las haciendas forales de País Vasco y Navarra]. “Todas se han visto perjudicadas por estas deficiencias. Buscar una solución sería la forma de que todas sean tratadas por igual”.