El Gobierno acusa a Aznar de actitudes “golpistas” por pedir una movilización contra la amnistía similar a la que hubo contra ETA

El debate sobre la posible amnistía a los encausados del procés independentista catalán sube de nivel cuando aún quedan semanas para que la negociación cuaje y el texto, si prospera, sea una realidad. El PP ya diseña su ofensiva contra la norma, basada...

El debate sobre la posible amnistía a los encausados del procés independentista catalán sube de nivel cuando aún quedan semanas para que la negociación cuaje y el texto, si prospera, sea una realidad. El PP ya diseña su ofensiva contra la norma, basada por el momento en mociones en todos los ayuntamientos y una cita en el Senado para que todos los presidentes autonómicos tengan que expresar su opinión. Pero el expresidente José María Aznar ha ido más lejos este martes y ha animado a una movilización social contra la amnistía similar al ¡Basta Ya!, el movimiento cívico contra ETA que surgió a finales del siglo XX. Aznar ha dicho que el PSOE “se ha convertido en el desencadenante de un síndrome en el que los que tienen que defender la Constitución desde el Gobierno se convierten en sus principales atacantes”. Además, ha apuntado a un proceso de “autodestrucción constitucional” y ha pedido una respuesta social para evitarlo, aunque aclarando que esta debe ser “en el marco de una contienda democrática”. El Gobierno, indignado, ha salido en tromba de una manera inusualmente dura, acusando a Aznar de tener un “comportamiento antidemocrático y golpista”. “¿Qué sería lo siguiente, la llamada a un alzamiento?”, ha preguntado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Rodríguez ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Aznar y le pida una rectificación. “Es de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones, que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Son incompatibles con valores democráticos y constitucionales de nuestro país”, ha arrancado la portavoz, en tono grave.

El Ejecutivo ha recuperado el 11-M para desautorizar al exlíder del PP. “Fue Aznar quien mintió a todos los españoles, fue él quien utilizó el mayor atentado de nuestra historia. Quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen valor político ni tan siquiera moral. Pero, por lo que representa su figura [de expresidente] y el papel que aún tiene el PP, requeriría que Alberto Núñez Feijóo las rectificara, porque no son propias de valores democráticos, sino más bien de llamamientos golpistas. ¿Qué sería lo siguiente, la llamada a un alzamiento? Esperamos una corrección de Feijóo a Aznar”, ha rematado Rodríguez, portavoz y ministra de Política Territorial.

Tras las palabras de la ministra portavoz, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en X (antes Twitter) que “el mismo Gobierno que antes de perder las elecciones tachaba la amnistía de inadmisible, ahora la negocia con independentistas mientras insulta a los expresidentes que se rebelan por esto”. Y ha puesto como ejemplo a Felipe González, que hace una semana aseguró que la Constitución no admite una amnistía ni la autodeterminación, y a Aznar. “España no callará ante su inmoralidad”, ha zanjado Feijóo. Ya antes, la secretaria general de su partido, Cuca Gamarra, había replicado a Rodríguez también en un tuit, dejando claro que la dirección del partido no piensa desautorizar a Aznar: “Un Gobierno que llama golpista a un demócrata víctima del terrorismo [Aznar sufrió un atentado en 1995 con un coche bomba] y agasaja a prófugos como Puigdemont demuestra la perversión moral de Sánchez y su Gobierno”. “No nos callaréis”, ha concluido Gamarra, en parecidos términos a los que ha empleado después Feijóo.

Esta tensión entre los dos grandes partidos no es más que un avance de lo que viene, y que el Gobierno y el PSOE dan por descontado: una gran movilización de la derecha contra la posible ley de amnistía, similar a la que ya hizo el PP en 2006 contra la reforma del Estatut que pactó José Luis Rodríguez Zapatero con los nacionalistas catalanes. En el Ejecutivo asumen que octubre, cuando llegue el momento cumbre de la negociación con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, será durísimo. Junts y ERC exigen como condición primera de su apoyo a esa investidura la aprobación de una ley de amnistía.

Ya ha habido críticas fuertes a la posible amnistía no solo desde la oposición, sino también de dirigentes históricos del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Almunia, y de barones territoriales como Emiliano García-Page o Javier Lambán. Sin embargo, en la cúpula socialista insisten en que, más allá de esos nombres, todo el PSOE está detrás de Sánchez para evitar una repetición electoral que ven como la peor opción posible.

Ganar tiempo

El Gobierno está tratando de ganar tiempo sin decir nada claro sobre la amnistía, aunque el hecho de que ahora no la rechace, cuando antes sí lo hacía de plano, es una prueba clara de que se está negociando. La Moncloa insiste en que ahora le toca a Feijóo intentar su investidura —que salvo sorpresa mayúscula fracasará, pues no tiene los votos suficientes—, y que solo después Sánchez empezará a buscar votos oficialmente. Será entonces cuando hable claro sobre la amnistía. Es una forma de intentar que la polémica no sea eterna. Pero esa estrategia está dejando un gran espacio a la oposición, que ha recrudecido su crítica. Por eso, La Moncloa trata de aprovechar lo que ven como un exceso absoluto de un político —Aznar— que genera mucho rechazo en la izquierda, para buscar el contraataque.

Las recientes declaraciones del Ejecutivo y del propio Pedro Sánchez, aunque no avanzan en qué términos se presentará la propuesta, abren paso con claridad a una amnistía a los implicados en el procés. De hecho, así terminó la rueda de prensa de Rodríguez este martes: cuando un periodista le preguntó si el Gobierno mantenía el deseo, expresado antes de las elecciones, de que Carles Puigdemont vuelva cuanto antes a España para asumir sus responsabilidades ante la justicia, la portavoz respondió: “El Gobierno mantiene el máximo respeto a la justicia, como saben, pero al Gobierno le corresponde hacer política. Sobre eso hemos basado nuestra línea. Desde la política, buscamos resolver conflictos políticos. Y esta respuesta ha sido positiva para la convivencia en Cataluña y ha sido avalada por los catalanes en las urnas. La semana pasada lo trasladó claramente el presidente: es el momento de la política, de continuar esta línea desde el diálogo, pero siempre dentro de la Constitución”.

El mensaje no puede ser más claro, y la negociación gira claramente alrededor de la amnistía. Ahora hay que ver con qué resultado. Pero lo que es también seguro es que enfrente tendrá una oposición durísima. “Ya lo sabíamos, y ya lo hemos vivido otras veces. Y al final, por mucho que digan, no solo no se rompe España, sino que se une más”, resume un ministro. El Ejecutivo insiste en que, frente a lo que dice la derecha, el independentismo está cada vez más débil, como prueba la propia Diada, la menos concurrida de los últimos años. Sin embargo, la oposición insiste en lo contrario, en que Sánchez está haciendo fuertes a los independentistas.