Sánchez, ante su mayor reto: amnistía, sí; referéndum, no

Pedro Sánchez ha logrado tantas cosas aparentemente imposibles en la política española que casi nadie se atreve ya a apostar a su fracaso. La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha dejado algo muy claro: el líder del PP pone todas sus cartas en una posible repetición electoral, una segunda oportunidad para lograr la mayoría con Vox que no obtuvo por cuatro escaños el 23-J. Sánchez, por el contrario, jugará muy fuerte las pr...

Pedro Sánchez ha logrado tantas cosas aparentemente imposibles en la política española que casi nadie se atreve ya a apostar a su fracaso. La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha dejado algo muy claro: el líder del PP pone todas sus cartas en una posible repetición electoral, una segunda oportunidad para lograr la mayoría con Vox que no obtuvo por cuatro escaños el 23-J. Sánchez, por el contrario, jugará muy fuerte las próximas semanas para conformar una mayoría y evitar esas elecciones.

El presidente se enfrenta a una negociación complejísima, al reto definitivo de un político que ya logró hacerse con la secretaría general cuando era un completo desconocido, en 2014; que volvió en 2017 cuando lo habían echado, algo inédito en la política europea; que logró ganar una improbable moción de censura en 2018, la primera exitosa en la historia de España; que ganó unas elecciones en 2019, se arriesgó a repetirlas y mantuvo el poder, aunque debilitado; que superó una pandemia sin perder el puesto, al contrario que la mayoría de sus colegas europeos y americanos, y que acaba de lograr algo que en primavera parecía impensable: recuperarse y ganar un millón de votos en las elecciones generales, evitando así que sumara la derecha, dos meses después de una catastrófica derrota en las autonómicas y municipales.

Todos estos antecedentes llevan a su entorno, y al propio líder, a tener una fe inquebrantable en sus posibilidades de éxito. Sobre el papel, las dificultades son enormes, y más después de que los independentistas aprobaran en el Parlament que no habrá investidura si el Gobierno no garantiza las “condiciones objetivas para la celebración de un referéndum”. Sánchez, que había ordenado silencio total a los suyos, habló con Salvador Illa, líder del PSC, y tomó una decisión arriesgada: lanzar un comunicado rotundo que contenía, aunque sin citar ninguna de las dos palabras clave, un mensaje claro que todos los actores de esta compleja partida de ajedrez han entendido de forma nítida: amnistía, sí; referéndum, no.

Sánchez, Illa y la propia Yolanda Díaz, en clara sintonía con el presidente en esta cuestión, han marcado en público un terreno de negociación que ya estaba muy claro en privado: el PSOE y Sumar están dispuestos a ser muy generosos con una amnistía completa que cierre el capítulo judicial del procés, y asumir el coste político que eso supone, con manifestaciones de la derecha y críticas incluso en referentes del PSOE histórico como Felipe González. Pero no tienen ningún margen para explorar ninguna fórmula de referéndum. Por ahí no hay agua, ese camino solo conduce a elecciones, señalan en el Gobierno.

La historia política de España depende de que se encuentre un espacio de negociación dentro de esos límites. Todo se juega ahí. Si lo encuentran, habrá mayoría. Si no, se abrirá paso a una repetición electoral en enero, que podría cambiar todo y permitir un Gobierno del PP con la ultraderecha, precisamente lo que más ha movilizado a los votantes progresistas para evitarlo, según el análisis más extendido entre los encuestadores.

Los socialistas saben que los independentistas nunca renunciarán a la autodeterminación, nadie les va a pedir eso. Pero sí que la saquen de la negociación, como hizo ERC en 2020. De hecho, lo más sorprendente de estos días es que ha sido precisamente ERC ―que en la legislatura pasada tenía más voluntad negociadora frente al no a todo de Junts― quien ha apretado más para poner la autodeterminación sobre la mesa, al menos como posición pública, mientras el grupo de Carles Puigdemont parecía más dispuesto a seguir en la senda de la amnistía, que es lo que de verdad se está hablando, y con bastante detalle, según coinciden fuentes de los dos sectores.

El equilibrio es muy delicado. Puigdemont y Oriol Junqueras —líder de ERC—, dos rivales aparentemente irreconciliables, que optaron por vías completamente diferentes en el momento crítico del procés —el expresidente huyó de España y evitó la cárcel, el jefe de los republicanos pasó cuatro años en prisión hasta que llegó el indulto de Sánchez— compiten por el liderazgo del independentismo y siempre se miran de reojo. Nadie puede aceptar algo por debajo del otro. Los dos llevan negociaciones paralelas con el Gobierno y quieren exhibir ante sus votantes los logros conseguidos.

Ambos hablaron el sábado para reivindicar el referéndum de autodeterminación. Llega el 1 de octubre, el sexto aniversario de esa consulta ilegal, y nadie quiere bajarse de ahí. “Ni queremos ni podemos renunciar a la autodeterminación. La amnistía no es un punto final, sino un paso más hacia la independencia”, dijo Junqueras. “Nunca renunciaremos a defender el 1 de octubre, es nuestro destino. Todo lo que hagamos debe servir a ese propósito”, dijo Puigdemont.

Pero lo importante para el Ejecutivo no es que lo reivindiquen como su gran proyecto político, sino que no lo incluyan como condición para la investidura. Y ninguno de los dos líderes independentistas lo planteó como tal en sus discursos de este sábado. Por tanto, aún no se rompe nada, aunque esta semana ha crujido todo y la repetición electoral ha vuelto a pasearse como un fantasma por el Congreso.

Según la interpretación más extendida entre los socialistas y Sumar, es precisamente esta competición eterna entre los independentistas la que ha llevado al “incidente” de esta semana, como califican en el Ejecutivo a la moción aprobada en el Parlament.

Eso, la guerra interna en el independentismo, es lo único que hace temer realmente entre los socialistas y Sumar que pueda haber una repetición electoral, algo que en cualquier caso todos los dirigentes consultados, también entre los independentistas, siguen viendo como la opción menos probable.

Los primeros sorprendidos por las dimensiones que alcanzó la polémica por la resolución del Parlament fueron los propios independentistas. “Viven en su mundo y no son conscientes de la repercusión que tiene fuera lo que hacen, y más en plena negociación de una investidura. La competición entre ellos los bloquea”, resume un dirigente socialista. “Pero, ¿cómo se va a romper una negociación por una resolución del Parlament que solo habla de trabajar en las condiciones objetivas de un referéndum? El PSOE se ha pasado de frenada. No tiene ningún efecto práctico”, resumen desde el lado independentista.

Nadie ha roto nada; la negociación sigue, los contactos están abiertos a todos los niveles y el campo de juego fundamental sigue siendo la amnistía, según fuentes de los dos lados.

Hay algo muy llamativo en el análisis que comparten no solo dirigentes del PSOE y Sumar, sino también de los demás aliados necesarios para la investidura: PNV, Bildu y BNG. Sánchez aspira además a incorporar a Coalición Canaria para llegar a 179 síes, mayoría absoluta cómoda, 12 más de los 167 con los que logró llegar al Gobierno en 2020, en segunda votación. Todos ellos creen que si se aplica la lógica política y se buscan los incentivos, la forma habitual de analizar las decisiones de los partidos, no hay discusión: habrá Gobierno y no repetición electoral.

El resultado ha sido tan endiablado, que Junts no puede tener una posición mejor: es imprescindible para todo. Pero también lo es ERC. Incluso Bildu y el PNV, aunque algo menos porque tienen seis y cinco escaños, y no siete como los independentistas. Pero con 171 noes garantizados a casi todo —con la duda del 172 que es Coalición Canaria— Junts y ERC tienen una situación ideal. Es casi imposible mejorarla en unas nuevas elecciones, y muy fácil empeorarla: porque haya suma de la derecha, lo que los volvería irrelevantes, o porque mejore algo el bloque progresista, lo que los haría menos imprescindibles. No solo perderían la posibilidad de una amnistía, también su situación de eje de la balanza nacional.

Y, sin embargo, muchos dirigentes añaden una cautela: no sería la primera vez que Junts y ERC, enfrascados en su batalla, no toman decisiones basadas solo en el cálculo racional, sino en impulsos pasionales de los que luego es difícil volver atrás.

Los independentistas, por el contrario, creen que es el PSOE el que está obligado a buscar fórmulas para satisfacer sus demandas y dar un horizonte de salida al conflicto político que, ahora sí, los socialistas reconocen como tal. Algunos independentistas recuerdan que en 2020, para lograr la investidura, los socialistas ya aceptaron en el texto suscrito que los acuerdos de la mesa de diálogo se someterían a “validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.

Los dirigentes independentistas hablan también en privado en términos épicos, señalando que si han pasado por cárcel, por salidas del país, por inhabilitaciones muy largas que les impiden presentarse a cargos políticos, ahora no se van a asustar por una repetición electoral o unos escaños de más o de menos.

Pero todas estas posiciones ―tanto las del PSOE que dice que si hay que ir a repetición electoral, irán, porque ERC y Junts tienen más que perder, como la de los independentistas que aseguran que no les temen a las urnas― parecen más un farol para evitar mostrarse débiles ante la negociación. En el fondo, todos tienen muy claro que una repetición electoral es la peor de las salidas por el enorme riesgo que implica, y por eso insisten en responsabilizar en cualquier caso al otro.

El martes, Sánchez recibirá con toda probabilidad el encargo del Rey para intentar su investidura. El presidente comparecerá poco después ante la prensa y ahí empezará el juego de verdad. Durante las últimas semanas, ha habido mucha negociación discreta para tener el trabajo avanzado, sobre todo el de la amnistía, el más complejo técnica y políticamente también. Pero será Sánchez quien arranque la partida final.

El PSOE y Sumar saben que se enfrentarán a una ofensiva muy fuerte de la derecha, en la política, en los medios y en las calles. Santiago Abascal ya avisó en el Congreso: “La amnistía es una agresión de la que el pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse. Y lo hará. Después, no vengan ustedes lloriqueando”.

Pero cuentan con algunas ventajas: primero, precisamente el rechazo a la ultraderecha, especialmente en Cataluña, que empuja hacia el acuerdo. Segundo, la cuestión interna ni en el PSOE ni en Sumar parece un problema importante. Tercero, argumentarán que la amnistía, como antes los indultos, lejos de reforzar a los independentistas, les quitará un argumento fundamental y los debilitará. Cuarto, el respaldo europeo. Sánchez insiste en que hay mucha “envidia” en Europa porque España ha frenado a la ultraderecha.

Hay muchas fuerzas empujando para que haya Gobierno. Y otras muchas en sentido contrario. Todo se puede torcer en cualquier momento. La Moncloa no quiere ponerse fechas, aunque tiene una insalvable: el 27 de noviembre. De las próximas semanas depende cómo se escriben las próximas páginas de la convulsa historia política española.