García-Castellón pide a Suiza que localice a Marta Rovira para reclamar su detención y entrega por el ‘caso Tsunami’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha remitido a las autoridades de Suiza una comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre Estados— pidiendo que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. El magistrado, que sustenta su petición ...

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha remitido a las autoridades de Suiza una comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre Estados— pidiendo que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. El magistrado, que sustenta su petición en la acusación de terrorismo hecha recientemente contra la dirigente republicana, recalca que “es notoria y pública su residencia en el territorio de la Confederación Helvética”.

En el mismo auto, el magistrado solicita información sobre los titulares y movimientos de una cuenta abierta en el CIM Banque Privée ante la sospecha de que la misma fue utilizada para financiar Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó las protestas, algunas de ellas violentas, que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varios líderes del procés independentista en octubre de 2019. García-Castellón recuerda en su resolución que ya solicitó esta información bancaria en diciembre de 2019, pero que Suiza se la denegó entonces.

El auto del juez está fechado el martes de esta semana, el mismo día en que el magistrado envió al Tribunal Supremo una exposición razonada para que sea este órgano quien decida si investiga por terrorismo al expresidente de la Generalitat y actualmente eurodiputado, Carles Puigdemont (huido en Bélgica), a Rovira y a otras 10 personas por su supuesto papel en Tsunami Democràtic. El magistrado exponía en su escrito a la Sala Penal del Supremo que la investigación de los hechos requiere “la práctica de diligencias de investigación” que no pueden realizarse desde la Audiencia Nacional, puesto que tanto Puigdemont —a quien sitúa “en el vértice más alto de la organización”— como otro de los investigados, el diputado del Parlamento catalán Ruben Wagensberg, están aforados en razón de sus respectivos cargos parlamentarios.

En el auto para emitir la comisión rogatoria, conocido este miércoles, el juez insiste en los mismos argumentos que esgrimió tanto en esta exposición razonada como en la resolución judicial dictada 15 días antes por la que citaba como imputados a todos ellos. El juez detalla a las autoridades helvéticas que, según las investigaciones, existen indicios de que Tsunami Democràtic “fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, integrada por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. García-Castellón sitúa en ese grupo directivo a Rovira.

El magistrado también recalca que el nacimiento de Tsunami Democràtic se fraguó supuestamente en una reunión celebrada en Suiza y, en concreto, en Ginebra a finales de agosto de 2019 y en la que, además de la dirigente de ERC, participaron Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra y miembros de la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El juez recalca que en este encuentro “se pudo planificar las acciones más relevantes de TD [Tsunami Democràtic], y en concreto la acción que se desarrolló el 14 de octubre de 2019, consistente en el asalto al aeropuerto de Barcelona”.

El magistrado esgrime en el auto un relato detallado de este suceso como ejemplo del supuesto carácter terrorista de la organización y, para ello, recuerda que durante el mismo se utilizaron “artefactos, sustancias y armas” y que en el marco de esos distubios falleció una persona (un ciudadano francés que murió de un infarto). García-Castellón alude a las conclusiones de la autopsia —que señalaban como elementos a tener en cuenta tanto el historial médico del fallecido como “las circunstancias de la muerte”— para acabar vinculando ese deceso a la acción de Tsunami: “Las circunstancias en que se produjo la muerte, precisamente, eran los actos que se estaban ejecutando en el Aeropuerto de Barcelona el 14/10/2019″, subraya el juez. Un reciente informe de los Mossos d’Esquadra, sin embargo, desvinculó ese fallecimiento de los incidentes de aquel día.

García-Castellón recalca que aquella protesta fue una acción “ilícita”, que causó “graves daños en las instalaciones del aeropuerto” y que “puso en peligro la seguridad del aeropuerto”, para terminar calificando todo ello de “actos de terrorismo”. En este sentido, el juez recuerda a las autoridades helvéticas que son firmantes del Convenio del Consejo para la prevención del terrorismo, que entró en vigor en julio de 2021 tras ratificarlo Berna cinco meses antes y que le obliga a colaborar en investigaciones por este delito.

Sobre la cuenta bancaria de la que pide información a Suiza, el magistrado detalla el contenido de los mensajes que uno de los imputados en la causa, Josep Lluís Alay, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica), intercambió con otro de los investigados, el empresario suizo Nicola Flavio Giulio Foglia, el 14 de octubre de 2019, el mismo día del bloqueo del aeropuerto barcelonés. En aquellos mensajes —intervenidos en el teléfono del amigo de Puigdemont en el transcurso de otra investigación, el caso Voloh— Alay facilita a su interlocutor el número de una cuenta en Suiza abierta a nombre de Jaume Cabani Massip ―considerado por los investigadores el cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero― para que supuestamente envíe allí un donativo de 6.000 francos suizos (6.226 euros) para “financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes”.

El juez quiere conocer quiénes son los titulares del depósito, así como las personas autorizadas para operar con él; qué movimientos tuvo la cuenta desde su creación hasta junio de 2020; las tarjetas de crédito y productos financieros asociados; las transferencias recibidas; los préstamos suscritos, y los destinatarios de los cheques que se hubiera emitido contra su cargo, así como de los recibidos. García-Castellón añade que todo ello “es útil y necesario para la investigación eficaz” de la causa.